EL DERECHO PENITENCIARIO
10 AGOSTO 2026

El Tribunal de Cuentas ha detectado deficiencias en la contratación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y cuestiona especialmente el uso reiterado de contratos menores para cubrir necesidades que considera recurrentes.

El organismo fiscalizador concluye que, de los 95 expedientes de contratos menores analizados, al menos un 30% fueron tramitados de forma “inadecuada”, según recoge un informe sobre la contratación correspondiente al programa 133A de Centros e Instituciones Penitenciarias durante los ejercicios 2023 y 2024.

El Tribunal advierte de que recurrir a esta modalidad cuando deberían emplearse procedimientos ordinarios puede afectar a los principios de publicidad, concurrencia y eficiencia que deben regir la contratación pública.

Un 30% de los contratos menores analizados presentan problemas

El contrato menor es una figura prevista legalmente para determinadas adquisiciones y servicios de cuantía limitada, pero el Tribunal cuestiona cómo fue utilizada en varios de los expedientes examinados.

Según el informe, en ninguno de los contratos menores de suministros y servicios analizados constaba en la memoria justificativa cómo se había calculado el presupuesto.

Para los fiscalizadores, esta ausencia impide comprobar adecuadamente que no se haya modificado o dividido el objeto contractual con el propósito de mantenerse por debajo de los límites económicos que obligarían a utilizar otros procedimientos.

El organismo detectó además expedientes en los que las invitaciones a las empresas para presentar ofertas se realizaron después del informe en el que el órgano de contratación ya había justificado la necesidad del contrato.

El Tribunal señala que determinadas prácticas pueden terminar utilizándose para “soslayar” los procedimientos ordinarios y algunas de las exigencias establecidas por la legislación de contratación pública.

Contratos que no reunían todos los requisitos

La fiscalización concluye igualmente que hubo contratos tramitados como menores que no cumplían todos los requisitos exigibles para utilizar esta modalidad.

En algunos casos, según el informe, la elección se justificaba fundamentalmente por la cuantía económica, pero no quedaban acreditadas otras circunstancias necesarias.

Ante estas deficiencias, el Tribunal de Cuentas recomienda adoptar medidas para mejorar los controles y señala expresamente la importancia de hacerlo dentro de las actuaciones antifraude y de prevención de la corrupción.

Estas observaciones señalan fallos y riesgos en los procedimientos administrativos, pero por sí mismas no equivalen a acreditar la existencia de delitos o prácticas corruptas concretas.

El Tribunal analizó 168 expedientes por 123,8 millones

La fiscalización alcanzó un total de 168 expedientes de contratación, con un valor conjunto de 123,8 millones de euros.

Esa cantidad representa aproximadamente el 45% del volumen económico incluido en el ámbito examinado por el Tribunal.

El análisis no se limita a los contratos menores. El organismo también señala otras deficiencias relacionadas con la documentación, planificación, valoración de ofertas y seguimiento posterior de los contratos.

Faltaba documentación en casi la mitad de los expedientes

Otro de los reproches afecta a la información remitida por Instituciones Penitenciarias al propio Tribunal de Cuentas.

Según el informe, en casi la mitad de los expedientes no se enviaron de oficio todos los documentos que debían formar parte del extracto correspondiente.

El organismo considera necesario mejorar este procedimiento para garantizar que la fiscalización pueda realizarse con toda la documentación exigida.

El Tribunal cuestiona la falta de planificación anual

Uno de los problemas estructurales detectados es la ausencia de una planificación efectiva de la contratación.

Instituciones Penitenciarias no habría publicado el anuncio previo correspondiente a la programación de determinados contratos sujetos a regulación armonizada ni acreditado una planificación anual suficiente, pese a las previsiones contenidas en la Ley de Contratos del Sector Público.

El Tribunal considera que esta falta de previsión puede tener consecuencias sobre la concurrencia empresarial y favorecer un uso excesivo de procedimientos excepcionales vinculados a situaciones de urgencia.

También advierte de que una mala planificación incrementa el riesgo de fraccionamiento contractual, además de poder generar duplicidades, retrasos y mayores costes.

Por ello, pide a los órganos responsables que desarrollen con mayor rigor las actuaciones necesarias para programar anticipadamente sus necesidades de contratación.

También cuestiona cómo se valoraron algunas ofertas

El informe llama igualmente la atención sobre determinados procedimientos en los que los criterios sometidos a juicios de valor tuvieron un peso superior al de la propia oferta económica.

En esas circunstancias, el Tribunal considera que la valoración debería encomendarse a un comité de expertos o a un organismo técnico especializado y ajeno a la entidad contratante, con el objetivo de reforzar la objetividad del proceso.

Problemas en el control de la ejecución de los contratos

Las deficiencias no terminan con la adjudicación.

Según el Tribunal de Cuentas, en al menos un 20% de los contratos examinados, el control de la ejecución fue inexistente o se limitó básicamente a verificar la conformidad de las facturas.

El organismo considera que ese procedimiento resulta insuficiente cuando los pliegos técnicos establecen mecanismos específicos para supervisar si los servicios, suministros u obras contratados se están ejecutando correctamente.

La legislación obliga a realizar ese seguimiento, por lo que el Tribunal reclama reforzar también esta fase.

Interior, ante las recomendaciones del organismo fiscalizador

El informe dibuja así un escenario con deficiencias en diferentes etapas de la contratación gestionada por Instituciones Penitenciarias durante 2023 y 2024: desde la planificación y utilización de contratos menores hasta la documentación y el control de su ejecución.

El principal reproche se centra en que determinadas necesidades recurrentes se tramitaran mediante contratos menores cuando, a juicio de los fiscalizadores, deberían haberse utilizado procedimientos ordinarios con mayores garantías de publicidad y concurrencia.

El Tribunal de Cuentas reclama ahora reforzar la planificación, justificar mejor los presupuestos, mejorar los controles y reducir el riesgo de prácticas que permitan esquivar las exigencias establecidas en la contratación pública.