EL DERECHO PENITENCIARIO - Irene Mederos (Diario La Pronvincia)
4 FEBRERO 2026

“Trabajamos en una ratonera”. Así compara Nacho Fernández, delegado de Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm) en la provincia de Tenerife, las infraestructuras en las que tienen que trabajar los funcionarios de las cárceles de Canarias. Para describir los centros penitenciarios de las Islas comienza por destacar las humedades, el frío, los calefactores que se retiran y situaciones que no permiten la salubridad ni de los internos ni de los trabajadores. Al respecto, Cristina Valido, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, y Vidina Espino, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario en el Parlamento de Canarias, han registrado una proposición no de ley para su debate y tramitación en ambas cámaras, con el objetivo de que el Gobierno de España realice una serie de mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones y en las instalaciones de los centros del Archipiélago.

En primera instancia, la iniciativa de Coalición Canaria insta a que se reconozca a las funcionarias y funcionarios de instituciones penitenciarias como agentes de la autoridad “mediante las modificaciones legislativas pertinentes”. El grupo critica que no se considere su oficio como profesión de riesgo cuando el número de ataques que sufren sus profesionales les convierte en “el colectivo a nivel nacional de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con más agresiones anuales”, detalla Fernández, que contabiliza un total de 515 el pasado año.

De este modo, la formación nacionalista traslada al Estado una reclamación largamente reivindicada por los trabajadores –con hasta 41 proposiciones de ley sin éxito en el Congreso de los Diputados –, cuya falta de reconocimiento merma su protección jurídica y dificulta su defensa y la de otros reclusos frente a agresiones o actos de desobediencia. Este reconocimiento, por lo tanto, reforzaría su desempeño profesional, la autoridad legítima del personal penitenciario y la seguridad del conjunto del sistema.

Plantilla insuficiente

Otro de los puntos clave es la insuficiencia de las plantillas debido a una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que catalogan de "desfasada". Para poner el foco en esta problemática, Vidina Espino puso el ejemplo de la prisión de Juan Gran en Gran Canaria. El centro se abrió con 612 reclusos y 334 funcionarios y, en la actualidad, ha visto un incremento del 150%, hasta los 904, mientras que el número de efectivos fijos se ha mantenido en 334. Una situación que implica una "severa sobrecarga laboral" y dificultades para "garantizar la seguridad, no solo de los trabajadores, sino también de las personas que cumplen condena", anotó Valido al expresar que esta situación limita el refuerzo de la presencia de agentes en los módulos y la atención individualizada.

La asociación también reclama un incremento del complemento de indemnización por residencia que perciben en su nómina, conocido popularmente como 'complemento de insularidad'. Una compensación que lleva sin ser actualizada desde hace 18 años, cuando aumentó un 5%. “Muchos funcionarios que llegan a las Islas enseguida piden el traslado”, denunció Vidina Espino, quien destacó el encarecimiento de la vida en las Islas como un punto decisivo de los funcionarios de optar por el traslado a otra Comunidad.

En la iniciativa parlamentaria de Coalición Canaria se reflejan también los persistentes problemas de especial gravedad en el Centro Penitenciario Tenerife II por la que insisten en una reforma integral dada la situación "insalubre" del edificio.

A través de esta iniciativa parlamentaria, el partido reconoce el papel esencial de la Administración Penitenciaria en la sociedad y, especialmente, la labor de sus funcionarias y funcionarios en un entorno especialmente complejo y exigente, donde son sometidos a tensiones permanentes, riesgos físicos y psicológicos, además de una responsabilidad directa en el mantenimiento de la seguridad y la convivencia en los centros. Es por ello por lo que, a través de una proposición no de ley, se exige al Gobierno de España medidas que mejoren la situación de este colectivo.