Real Decreto 625/2023, de 11 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2023
EL DERECHO PENITENCIARIO
12 JULIO 2023
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes en La Moncloa.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto 625/2023, de 11 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2023. "La oferta de empleo público para 2023 recoge el testigo de la oferta del año anterior, en relación con las previsiones para avanzar en la profesionalización de los órganos de selección, para favorecer una mayor agilidad y celeridad en las convocatorias y ejecución de los procesos selectivos, y para promover la igualdad en el acceso al empleo público", según recoge el real decreto.
Esta oferta prevé, en los términos establecidos por la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado de 2023, plazas que derivan de la determinación de nuevos servicios que servirán para impulsar y fortalecer el sector público. Cabe destacar en este sentido los siguientes ámbitos cuyas plazas tienen reflejo en la disposición adicional cuarta de este real decreto: Para el ámbito de los sistemas y tecnologías de la información se requiere dotar de recursos humanos para el cumplimiento e implementación de los objetivos estratégicos «digitalización de la Administración y procesos», «modernización de las Administraciones Públicas» y «refuerzo de las capacidades administrativas», del Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En el caso de las entidades gestoras de la Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social) el proyecto iniciado el año anterior continúa en su proyección plurianual, con el fin de garantizar la implementación de las modificaciones normativas operadas y facilitar la atención y asistencia a la ciudadanía, en materias propias de la Seguridad Social, tal y como la prestación del Ingreso Mínimo Vital, previsto en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, así como la potenciación del control del fraude en materia de cotizaciones, empresas ficticias y prestaciones.
En el caso de los organismos reguladores: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Museo Nacional del Prado y el Sistema Portuario estatal las nuevas competencias o funciones exigen dotar de un refuerzo orientado a afrontar los nuevos servicios encomendados.
Adicionalmente, en la elaboración de esta oferta de empleo público se ha tenido en cuenta en relación con la cuantificación de plazas, la previsión contenida en el artículo 20.Dos.4 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que permite a cada Administración autorizar una tasa específica para dar cumplimiento al objetivo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de temporalidad en el empleo público para que la temporalidad no supere el 8 %.
En este marco, se incluyen entre otras las plazas correspondientes al programa de gestión del Ingreso Mínimo Vital, que ha devenido estructural con el trascurso del tiempo desde su implementación, o las correspondientes a la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional como refuerzo y reducción de temporalidad en el ejercicio de esa actividad. Otra de las novedades de la oferta de empleo público 2023 lo constituye la apuesta de forma decidida por la promoción interna, siguiendo el espíritu del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado de 3 de noviembre de 2022, sobre los criterios generales que deben regir la selección de personal a través de los procesos de promoción interna.
Esta modalidad de acceso se concibe como un derecho individual del empleado o empleada pública que redunda en beneficio de la propia organización y, por tanto, en una prestación más eficiente de los servicios públicos. Además, la ofertmeses que quedan todos y cada uno de los órganos directivos deben tener convocadas sus ofertas de empleo”, ha asegurado la ministra, tras señalar que los procesos deben estar culminados antes de que transcurran dos años.
