EL DERECHO PENITENCIARIO - Enric Bonet (Correo Vasco)
23 AGOSTO 2026

La idea de crear cárceles para narcotraficantes, el proyecto estrella del ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, para combatir la lacra del tráfico de droga, se materializó el pasado verano. La primera prisión de alta seguridad para este perfil de delincuentes abrió a finales de julio de 2025 en Vendin-le-Veil, en el norte del país. Tiene como finalidad encerrar en un mismo centro, bajo estrictas condiciones de vigilancia, a una parte de los criminales más peligrosos. Su objetivo principal consiste en evitar que esos presos continúen con su actividad delictiva entre rejas, donde consiguen droga o teléfonos móviles a través de drones.

Un año después de la apertura de la prisión especial en Vendin-le-Veil, Francia cuenta con tres prisiones de este tipo. La más reciente acogió a sus primeros detenidos este mes en el sur de la región parisina. El Ministerio de Justicia ha previsto la creación en los próximos meses de tres centros similares más, dos de ellos en el sureste del territorio galo y otro en Guyana, en América Latina. Espera que a finales de este año haya en total 200 presidiarios en los centros penitenciarios de alta seguridad.

«Este sistema de detención ha demostrado su eficacia», aseguró Vanessa Perrée, la fiscal nacional contra el crimen organizado, cuyo cargo fue creado gracias a una ambiciosa ley para combatir el narcotráfico, aprobada a principios de 2025. «Ha servido para impedir el uso de teléfonos móviles, cualquier comunicación con el exterior y, por lo tanto, la continuidad de sus actividades delictivas. Ya no pueden continuar con el tráfico de estupefacientes desde sus celdas. Un año después de haberlo impulsado, solo vemos ventajas en este modelo», añadió en declaraciones al diario 'Le Figaro'.

Pese a este balance tan positivo por parte del Gobierno, estas prisiones especiales, inspiradas en las cárceles de alta seguridad en Italia, sufrieron un revés judicial a finales de julio. El Tribunal Administrativo de Caen exigió al Ministerio de Justicia que acabara con «los comportamientos contrarios a la deontología» de los agentes penitenciarios de uno de estos centros. Según los magistrados, en la cárcel antinarcos de Condé-sur-Sarthe «hubo vulneraciones especialmente graves de los derechos y la integridad de los detenidos».

Esa decisión judicial no solo salpicó la reputación del proyecto emblemático de Darmanin, sino que también reflejó la delicada frontera entre medidas estrictas para delincuentes peligrosos y la vulneración del respeto de la dignidad humana. Estas unidades especiales fueron concebidas como prisiones con regímenes parecidos al aislamiento, celdas individuales, salidas muy restringidas fuera de la celda y, sobre todo, un control mucho más minucioso –con puertas de rayos X para controlar a quienes que los visitan de manera puntual– por parte de los funcionarios que en la mayoría de los centros penitenciarios franceses. El país sufre un grave problema de hacinamiento carcelario, con tasas de ocupación superiores al 170%, lo que dificulta la vigilancia de los reclusos.

«La situación entre Vendin-le-Veil y Condé-sur-Sarthe es el día y la noche», sostiene Dominique Simonnot, controladora general de los lugares de privación de libertad, un cargo estatal independiente y que supervisa las condiciones de los presos. En una entrevista para este medio, subraya que mientras la primera de estas prisiones para narcos funciona correctamente, en la segunda «hay actitudes perversas». «Cuando visité Condé-sur-Sarthe, quedé muy impactada al haber visto allí cosas preocupantes», añade.

«Varios detenidos me dijeron haber sido víctimas de golpes y otro tipo de agresiones físicas. (…) Algunos de ellos aseguran haber sufrido malos tratos durante los cacheos integrales –los registran completamente desnudos y varias veces cada semana–», comenta el abogado Vincent Brengarth, que, junto con otros letrados, impulsó el recurso judicial que ha puesto en aprietos al Ministerio de Justicia. En un extenso informe, elaborado con testimonios de los reos, pero también de funcionarios del polémico centro, la controladora general denunció que los vigilantes «gritan a primera hora de la mañana, dan golpes en las puertas de los detenidos y los insultan constantemente».

«Me explicaron que hubo vigilantes que gritaron: 'Estamos en el Tercer Reich' y 'Aquí mandan los nazis'», detalla Simmonot sobre unas bromas de mal gusto por parte de los agentes, que en esa prisión siempre van encapuchados. Según la controladora general, algo que también le llamó la atención fue el uso de «una técnica de aplacamiento muy agresiva». «Cuando visité ese centro por primera vez, me impactó la falta de comunicación humana. Algunos vigilantes solo se comunican con los detenidos dándoles órdenes y con frases muy breves, lo que favorece su deshumanización», critica Brengarth.

El Tribunal de Caen validó estas críticas con su sentencia a finales del mes pasado. Tras esa decisión, el Ministerio de Justicia la recurrió y espera que otro tribunal se pronuncie en segunda instancia. Otro veredicto en el mismo sentido pondría en aprietos a Darmanin y su medida estrella para combatir el narcotráfico.