EL DERECHO PENITENCIARIO - EUROPA PRESS
3 SEPTIEMBRE 2025

Un funcionario del centro penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera, ha sido agredido el pasado sábado 30 de agosto por un interno, que le propinó mordidas y golpes que culminaron con la fractura de dos costillas y diversas lesiones.

El incidente tuvo lugar en torno a las 17,00 horas en el módulo 4 del centro, cuando el recluso, tras un episodio de alteración, atacó al trabajador penitenciario, al que golpeó en el costado y mordió en un brazo, según ha denunciado la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).

Tras el episodio, el funcionario recibió asistencia inicial de los servicios médicos del centro. Posteriormente, acudió a los Servicios de Urgencias, que confirmaron la rotura de las costillas.

La AFP ha advertido de que estas son “las consecuencias” del “buenismo” de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al tiempo que ha apostillado que “se necesita un protocolo de prevención” que no contabilice “solo las agresiones que producen lesiones”, como hace el actual, según ha asegurado.

Además, ha reclamado al Ministerio del Interior un Estatuto Propio para los funcionarios de prisiones como marco normativo para la Institución, el reconocimiento de profesión de riesgo, la condición de agente de autoridad, la adecuación de los medios coercitivos “al siglo XXI” con la aprobación de pistolas taser y un incremento de las plantillas para ajustarlas a las necesidades reales de los centros penitenciarios, entre otros asuntos como la actualización retributiva con la equiparación salarial con los profesionales del mismo ámbito de Cataluña.

VOX SEÑALA QUE “NO SON CASOS AISLADOS”

Por su parte, la diputada de VOX en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, se ha hecho eco de la situación en una nota emitida por el partido y ha asegurado que casos como el mencionado “no son aislados” y que “están a la orden del día”

Romero ha enmarcado que el Ministerio del Interior “lejos de aportar soluciones, no hace más que agravar los problemas” y le ha acusado de provocar “un hartazgo más que lógico entre estos servidores públicos que cada día se enfrentan a más peligros”.

La diputada se ha preguntado por las medidas preventivas que el gobierno, desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pudiera “tener en mente” para “abordar la desprotección que sufren los funcionarios de prisiones”.

Además, ha advertido de la “carencia de información sobre los permisos de tercer grado concedidos este año en comparación con años anteriores y sobre la actualización de planes para los reglamentos disciplinarios de los centros penitenciarios”.