CSIF promueve un acuerdo con PSOE y PP para mejorar la seguridad en las cárceles


EL DERECHO PENITENCIARIO - EFE
4 ABRIL 2024

El sindicato CSIF ha iniciado una ronda de contactos con PP y PSOE para promover una mejora de la seguridad en las cárceles ante el aumento de las agresiones a funcionarios de prisiones y el reciente asesinato de una cocinera a manos de un preso en el centro penitenciario de Mas d'Enric (Tarragona).

El responsable nacional de CSIF Prisiones, Jorge Vilas, y el miembro de su ejecutiva en Cataluña, Juan Manuel Baltasar, se han reunido este jueves con la secretaria nacional de Interior del Partido Popular, Ana Vázquez, para trasladarle sus iniciativas para la administración penitenciaria y la necesidad de que los empleados de prisiones sean reconocidos con inmediatez como agentes de la autoridad.

Del mismo modo en los próximos días CSIF espera cerrar un encuentro con el PSOE para transmitirle sus propuestas, informa el sindicato.

CSIF considera que la proposición para modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria registrada por el PP debe ser consensuada con el PSOE "para que pueda ser avalada de manera mayoritaria por el Congreso e incorporar las reivindicaciones del colectivo de trabajadores penitenciarios".

De manera paralela CSIF ha iniciado una negociación con Instituciones Penitenciarias para establecer un nuevo protocolo contra agresiones en las cárceles que sustituya al actual Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social (PEAFA).

CSIF recuerda que retiró su firma del mismo "por los constantes incumplimientos de la administración y la ausencia de avances en la consecución de los objetivos que se planteaban".

El sindicato reivindica que se adopten medidas urgentes en las cárceles y más recursos humanos y materiales para reducir el número de agresiones a funcionarios de prisiones, "que en 2023 alcanzó un récord con 508 ataques físicos, o lo que es lo mismo, uno cada 17 horas, que supone un incremento del 12 por ciento respecto al año anterior".

Y denuncia que "la masificación obliga a mezclar perfiles de presos de convivencia muy complicada en un mismo módulo y no hay trabajadores suficientes".

También reclama una correcta clasificación de los internos, el ajuste de las remuneraciones a las funciones realizadas, que se refuerce la participación de los delegados de prevención en el conocimiento y análisis de las agresiones y que se facilite a todos los trabajadores penitenciarios el plan de formación de prevención y respuesta ante conductas agresivas.

Además, solicita una nueva catalogación de las infracciones disciplinarias, la modernización de los medios coercitivos como la posible implementación de pistolas eléctricas tipo TASER, apoyo psicológico al trabajador agredido y una guía de asesoramiento jurídico al personal afectado.





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