EL DERECHO PENITENCIARIO
18 JUNIO 2025

Función Pública y las organizaciones sindicales, integrantes de la Mesa General de la Administración General del Estado, han negociado las líneas generales para el desarrollo del permiso retribuido para cuidado de hijo menor, afectado por cáncer u otra enfermedad grave, que requieran la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. Este acuerdo ha sido rubricado hoy en el transcurso de la reunión de la Mesa General de la AGE donde se han alcanzado otros tres acuerdos.

Esta autorización es la prevista en el artículo 49.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Su desarrollo, según el acuerdo con las organizaciones sindicales, se traducirá en un próximo Real Decreto.

El permiso se concederá por un periodo inicial de tres meses, prorrogable por periodos de dos meses y su ámbito de aplicación es el personal funcionario de la Administración del Estado. La titularidad corresponde al funcionario que ostente la condición de progenitor, guardador con fines de adopción o acogedor de carácter permanente.

La reducción de jornada para el cuidador consistirá, en principio, en la minoración del 50% de la jornada de trabajo. La reducción podrá ser superior, atendiendo a las necesidades de cuidados que sean precisas. Cuando la reducción no alcance a dar respuesta a las necesidades de cuidado, se podrá acumular en jornadas completas.

En la Mesa General se ha llegado a otros tres acuerdos, como el de la orden ministerial por la que se establecen criterios generales para la adaptación de medios y tiempos y la realización de otros ajustes razonables en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.

Los otros dos pactos son el del IV Plan de Igualdad de Género en la Administración General del Estado y el de ordenación de la negociación colectiva y asignación de recursos sindicales para la negociación en la Administración General del Estado.

Finalmente, Función Pública ha informado a los miembros de la Mesa del acuerdo alcanzado a nivel europeo en el Comité Intersectorial de Diálogo Social del pasado 6 de mayo, relativo a las directrices multisectoriales para solucionar la violencia y el acoso de terceros relacionados con el trabajo.