El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene en una sesión de control en el Congreso de los Diputados. (Eduardo Parra / EP)

PSOE y Unidas Podemos (UP) han presentado una enmienda en el marco de la propuesta de derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Se trata de una vieja reclamación, por lo que los sindicatos de prisiones lo han acogido positivamente, aunque recordando que siguen a la espera de la prometida ley de cuerpos.

Con la enmienda de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez se pretende modificar vía disposición final el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para, además de introducir el reconocimiento de agentes de la autoridad, establecer el principio de veracidad en el ámbito disciplinario de los partes e informes elevados por los funcionarios penitenciarios.

También se recoge el principio de indemnidad para que la Administración compense económicamente a los trabajadores que sufran daños personales, entre otras medidas dirigidas a facilitar la personación en los procedimientos administrativos y judiciales en protección de los funcionarios.

ACAIP-UGT y CSIF han relacionado esta enmienda a la Ley Mordaza con la declaración del conflicto colectivo y las peticiones de dimisión del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, al que cuestionan tras las últimas agresiones a trabajadores penitenciarios y por la política relativa a la progresión de terceros grado, como ocurrió con el detenido por el crimen de niño de nueve años en Lardero (La Rioja).

"Valoramos positivamente el paso dado, pero resulta insuficiente dentro del conflicto colectivo", han apuntado ambos sindicatos en un comunicado, que insisten en la necesidad de aprobar cuanto antes la Ley de la Función Pública con la adscripción del Cuerpo de Ayudantes al Grupo B del EBEP, incluyendo "una justa retribución de todos los trabajadores de la institución".