EL DERECHO PENITENCIARIO
2 FEBRERO 2025

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el envío de funcionarios en prácticas al Centro Penitenciario de Ceuta para hacer frente a la situación de déficit estructural de personal que, según denuncia el sindicato, se arrastra desde la apertura de la prisión. CSIF advierte de que la actual relación de puestos de trabajo nació “defectuosa” y sin la dotación suficiente para atender las necesidades reales de un centro de estas características.

El sindicato, mayoritario en las mesas de negociación de Instituciones Penitenciarias y de Función Pública, sostiene que esta falta de efectivos impide una correcta administración de los recursos humanos y dificulta el cumplimiento de la instrucción 7/2019 sobre jornadas y horarios, en un contexto en el que las necesidades del servicio son estructurales y no coyunturales.

Según CSIF, la situación se ha agravado en los últimos años por diversos factores, entre ellos el envejecimiento de la plantilla, el elevado número de jubilaciones, el personal en segunda actividad y la insuficiente asignación de funcionarios en prácticas. Todo ello ha provocado un aumento sostenido de la carga laboral, que dificulta la conciliación y el descanso del personal, y que puede derivar en un incremento de la inseguridad al no poder garantizarse los niveles mínimos de vigilancia exigidos.

El sindicato alerta también de las dificultades extremas para cubrir servicios mínimos ante cualquier incidencia o baja laboral, así como del impacto que esta situación tiene en el clima laboral. “La sobrecarga mantenida en el tiempo genera estrés, agotamiento y desmotivación, provocando un aumento del absentismo”, señala CSIF, que describe un “círculo vicioso” en el que las ausencias sobrecargan aún más a la plantilla restante y favorecen nuevas bajas por motivos de salud física o mental.

Desde CSIF subrayan que la falta de personal afecta igualmente al cumplimiento del mandato constitucional recogido en el artículo 25.2 de la Constitución Española, al dificultar la garantía de un tratamiento penitenciario orientado a la reeducación y reinserción social de los internos, sin menoscabo de la custodia y la vigilancia durante su internamiento.

El sindicato insiste en que Ceuta no puede ser considerada un centro de baja prioridad. La presión asistencial y la tipología de la población reclusa en este centro fronterizo, explican, exigen reforzar la actual RPT con una dotación suficiente de funcionarios en prácticas que permita afrontar las necesidades reales del establecimiento y evitar el colapso del servicio interior.

A ello se suma, según CSIF, la dificultad añadida que supone la ubicación geográfica de Ceuta para el arraigo de las plantillas. En este sentido, consideran “vital” el paso de funcionarios en prácticas de las nuevas promociones, no solo para aliviar la carga de trabajo inmediata, sino también para garantizar la viabilidad futura del centro.

En la actualidad, el Centro Penitenciario de Ceuta cuenta con diez funcionarios en prácticas, dos de la promoción de 2023 y ocho de la de 2024, una cifra que el sindicato califica de “claramente insuficiente”. CSIF considera además “incomprensible” que en los últimos años el centro haya sido infrautilizado o ignorado en el reparto proporcional de efectivos por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, especialmente después de haber sido designado en 2023 como centro de cabecera para la formación de funcionarios en prácticas, con una asignación inicial de 25 efectivos.

El sindicato critica los cambios de planificación y la reducción de plazas asignadas en las dos últimas promociones, al entender que han contribuido directamente al aumento de la carga laboral y al deterioro de las condiciones de trabajo del personal.

Por todo ello, CSIF exige que, de cara a la próxima asignación de destinos para los funcionarios en prácticas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, se incluya al Centro Penitenciario de Ceuta con un número de plazas suficiente para paliar el déficit actual de personal, garantizar la seguridad del centro y la integridad física de los trabajadores, y asegurar el cumplimiento de la Ley Orgánica Penitenciaria en materia de tratamiento y custodia.