La ex directora de la prisión de Martutene Marian Moreno.

El Gobierno Vasco estudia “cómo y cuándo” hacer llegar a las víctimas del terrorismo información sobre las peticiones de perdón de los presos de ETA. El objetivo es que tengan una comunicación “clara” sobre las concesiones de tercer grado, según ha dicho Inés Soria, asesora del Ejecutivo en Política Penitenciaria.

Soria ha participado este jueves en una mesa redonda que ha compartido con el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos García Berro. El marco ha sido la X Jornada que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha celebrado en San Sebastián. “Retos actuales de las víctimas del terrorismo: cómo construir un futuro aprendiendo del pasado” ha sido el título de esta edición.

Mejorar la comunicación a las víctimas

La moderadora de la mesa, Leire Jara, de la AVT, ha asegurado que ninguno de los asociados ha visto esas misivas. Soria ha respondido que el departamento vasco de Justicia intenta “mejorar la comunicación” sobre las decisiones de los reclusos de ETA porque comparte que “esa información tiene que llegar” a las víctimas y espera que sea “en un plazo cercano”.

Ha precisado que ahora ya no se solicita con una carta “tipo” sino “de puño y letra”. Pero ha remarcado que la carta “no basta”.

“No hay que hacer actos de fe”, ha indicado Soria. Ha subrayado que los expedientes no se deben limitar a decir que ha habido un arrepentimiento, “sino que es necesario que la resolución extraiga los informes técnicos y los elementos que se valoran para acordar la concesión”.

“Ahora el Gobierno Vasco trata de determinar qué se comunica a las víctimas, cómo y cuándo”, sobre las concesiones de tercer grado. Para ello, Soria ha requerido la ayuda de las víctimas.

“La AVT nos traslada que sí puede ser positivo, pero necesitamos de vuestra colaboración para saber cómo hacerlo mejor y no caer en una victimización secundaria”, ha agregado.

La petición de perdón no llega a las víctimas

El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos García Berro ha considerado que “hay un problema que hay que solucionar porque una petición de perdón que no llega a la víctima es una petición que queda a medias”.

Ha defendido la necesidad de “encontrar la manera para que esa petición llegue a quien tiene la facultad de conceder ese perdón”. Ha apuntado que seguramente se podría llevar a cabo “por propia petición del preso” que dice que quiere que la carta llegue a los familiares. “Luego estos son libres de hacer con ella lo que quieran”, ha apostillado.

En los terceros grados no se puede publicar todo el expediente penitenciario, ha señalado. La víctima recibe el historial delictivo del etarra y “acto seguido y sin solución de continuidad” la concesión del tercer grado.

“Todo lo que ha ocurrido en el ínterin, que son las cosas en las que el fiscal se fija y analiza para decidir si recurre o no, nunca llega a la víctima ni a la asociación ni a la sociedad”, ha indicado.

“La carta de petición de perdón sí tendría que llegar a las víctimas”, ha concluido.

García Berro ha señalado que no ha recurrido las cinco progresiones de grado solicitadas por la actual Consejería vasca de Justicia, en manos del PSE, porque “cumplen los requisitos”.

Críticas al Gobierno de Pedro Sánchez

La presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha señalado en el discurso inaugural de la jornada que el fin de la ley de antecedentes penales que permitirá la salida anticipada de presos de ETA es “únicamente político”. En su opinión, se encarna en la persona del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “cede a las reivindicaciones históricas” de la banda terrorista “por su permanencia en el poder”.

“Vivimos tiempos en los que parece que es el mundo al revés. El entorno de ETA dirige España en el Congreso de los Diputados y consigue que etarras salgan a las calle, que luego son homenajeados como héroes mientras a las víctimas se las convierte de nuevo en víctimas”, ha señalado.

Araluce ha aludido al fin de la dispersión “sin exigir arrepentimiento”, al traspaso de las competencias penitenciarias hacia un sistema “más beneficioso para los presos” y ahora “a la derogación de las leyes que existen para acortar la estancia en prisión”. Ha considerado que “todo esto puede ser legal pero es absolutamente inmoral”.

Ha afirmado que este es su “peor momento” como presidenta de la AVT. También ha dicho que, a este cambio legal, se suma la “reducción de las subvenciones” a la asociación que preside por parte del Gobierno. Y ha advertido de que como se sigan reduciendo las ayudas tendrán que cerrar la sede.

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