1.- Según dispone el artículo 59 de la Constitución Española si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de:
a- Una, tres o cuatro personas.
b- Una, tres o cinco personas.
c- Cinco personas.
d- Dos o cuatro personas.
2.- Según el artículo 29 de la Ley Orgánica General Penitenciaria están exceptuados de la obligación de trabajar:
a- Los perceptores de prestaciones por jubilación.
b- Los mayores de 60 años.
c- Los sometidos a tratamiento médico por causas de accidente o enfermedad hasta que transcurran dos semanas desde que sean dados de alta.
d- Los que disfruten de permisos ordinarios de salida.
3.- De acuerdo con el artículo 158 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando el único criterio para seleccionar el adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo:
a- Máximo de 10 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
b- Máximo de 15 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
c- Mínimo de 20 días y máximo de 30 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
d- Mínimo de 10 días y máximo de 20 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
4.- Según dispone la Constitución Española en su Título III "De las Cortes Generales", Capítulo Primero "De las Cámaras", las elecciones tendrán lugar:
a- Entre los treinta días y noventa días desde la terminación del mandato.
b- Sesenta días desde la terminación del mandato.
c- Treinta días desde la terminación del mandato.
d- Entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato.
5.- Los órganos administrativos pueden dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. En este sentido, el incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio:
a- Afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos y conlleva responsabilidad disciplinaria.
b- No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos ni determina responsabilidad disciplinaria.
c- Implicará la nulidad del acto dictado y la consecuente responsabilidad disciplinaria del infractor.
d- No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
6.- La gestión de la acción social a internos y liberados condicionales, en el Real Decreto 734/2020 de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, es una competencia de:
a- La Subdirección General de Coordinación Territorial y Medio Abierto.
b- La Subdirección General de Planificación y Gestión Económica.
c- La Entidad de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
d- La Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social.
7.- De acuerdo con el artículo 156 de la Constitución Española, las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de:
a- Coordinación con las Haciendas Locales y de solidaridad entre todas ellas.
b- Coordinación con las Haciendas Locales y de solidaridad entre todos los españoles.
c- Coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.
d- Coordinación con la Hacienda estatal y el principio de progresividad.
8.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 788 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, excepcionalmente, el Juez o Tribunal podrá acordar la suspensión o aplazamiento de práctica de prueba hasta el límite máximo de:
a- 30 días.
b- 20 días.
c- 10 días.
d- 60 días.
9.- De las siguientes funciones y servicios en materia penitenciaria, la comunidad autónoma del País Vasco no ha asummido en el ámbito de sus competencias:
a- La determinación de los criterios de normalización de los datos de carácter penitenciario para homogeneizar la documentación básica penitenciaria en el tratamiento de internos.
b- El seguimiento, análisis e inspección de los servicios, organismos y centros de la Administración Penitenciaria.
c- La administración y gestión patrimonial de los inmuebles, infraestructuras y equipamientos penitenciarios, incluidas tanto la promoción de nuevos centros como la ampliación, reforma y rehabilitación de los existentes.
d- La organización y gestión de los centros penitenciarios y del resto de servicios de ejecución penal radicados en la comunidad autónoma, incluyendo el establecimiento de su estructura orgánica y funcional, su organización y funcionamiento, la colaboración institucional y el fomento de la participación social.
10.- El artículo 118 de la Constitución Española, enmarcado en el Título VI "Del Poder Judicial" recoge:
a- El principio de gratuidad de la justicia.
b- El principio de publicidad de las actuaciones judiciales.
c- El principio de colaboración con la justicia.
d- El principio de unidad jurisdiccional.
11.- Las sentencias dictadas por el Tribunal Consitucional, según el artículo 164 de la Constitución Española, tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente:
a- De su dictado y tienen plenos efectos frente a todos.
b- De su publicación y tienen plenos efectos frente a todos salvo las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho.
c- De su publicación y tienen plenos efectos frente a todos las que declaren la incostitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho.
d- De su publicación y tienen plenos efectos frente a todos las que declaren la inconstitucionalidad de una norma que no tenga fuerza de Ley.
12.- Los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones del Tribunal de Cuentas serán resueltos por:
a- Por el Tribunal Constitucional.
b- Por el Tribunal Supremo.
c- Por la Sala de conflictos de jurisdicción.
d- Por el Tribunal Económico-Administrativo Central.
13.- En aquellos asuntos en sea preceptiva la consulta al Consejo de Estado, cuando el Ministro consultante disienta del parecer del Consejo, corresponderá, en todo caso, su resolución:
a- Al Presidente del Gobierno.
b- Al Presidente del Congreso de los Diputados.
c- Al presidente del Senado.
d- Al Consejo de Ministros.
14.- Las disposiciones de los tratados internacionales válidamente celebrados y una vez publicados oficialmente en España que entren a formar parte del ordenamiento interno, sólo podrán ser suspendidas:
a- En la forma prevista en los propios tratados y siguiendo las directrices del Parlamento Europeo.
b- Mediante ley orgánica de las Cortes Generales.
c- Mediante ley ordinaria de las Cortes Generales.
d- En la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas del Derecho Internacional.
15.- Aquellos instrumentos comunitarios que permiten a las instituciones hacer emisión de juicios de manera no vinculante, es decir, sin imponer obligaciones legales a quienes se dirigen, se conocen como:
a- Recomendaciones.
b- Dictámenes.
c- Decisiones no vinculantes.
d- Consultas comunitarias.
16.- Según el artículo 17.4 de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, el plazo máximo de detención policial es:
a- 72 horas.
b- 36 horas.
c- 12 horas.
d- 24 horas.
17.- Entre las instituciones de la Unión Europea, qué órgano examina la legalidad y la regularidad de los ingresos y de los gastos y se asegura de la correcta gestión financiera:
a- El Banco Central Europeo.
b- El Comité Económico y Social.
c- El Tribunal de Cuentas Europeo.
d- El Consejo Europeo.
18.- Del personal que se enumera a continuación, indique a cuál de ellos le será de aplicación directa las disposiciones del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
a- Personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
b- Personal laboral de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
c- Personal retribuido por arancel cuando así lo disponga su legislación específica.
d- Personal de las Administraciones Públicas no incluido en el ámbito de aplicación del TREBEP.
19.- En relación al acceso al empleo público:
a- Los nacionales de otros estados podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a cualquier empleo público.
b- Los extranjeros sin residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles.
c- Sólo por ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal funcionario.
d- Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario en igualdad de condiones que los españoles a los empleos públicos cuyas funciones tienen por objeto la salvaguarda de los intereses de las Administraciones Públicas.
20.- Según el artículo 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en las ofertas de empleo público la reserva del cupo de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad se realizará de manera que se garantice que puedan ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual un cupo de al menos:
a- El cinco por ciento.
b- El siete por ciento.
c- El tres por ciento.
d- El dos por ciento.
21. De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el Presupuesto del Estado los créditos destinados a inversiones reales se especificarán a nivel de:
a- Capítulo.
b- Artículo.
c- Concepto.
d- Subconcepto.
22.- Los funcionarios de carrera serán declarados en situción de servicios especiales:
a- Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales.
b- Cuando obtengan destino en una Administración Pública distinta en virtud de los procesos de transferencias.
c- Cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimientos de provisión de puestos de trabajo, durante el plazo posesorio.
d- Cuando, por razón de su condición de funcionario exigida por disposición legal, presten servicios en organismos o entes públicos.
23.- Según el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál no se contempla como una situación administrativa de los funcionarios de carrera?
a- Servicio en otras Administraciones Públicas.
b- Expectativa de destino.
c- Excedencia.
d- Servicio activo.
24.- Según el artículo 16.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
a- Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.
b- Los funcionarios de carrera podrán progresar preferentemente en la modalidad de carrera vertical, optando por la carrera horizontal únicamente en el cado de que no existan puestos de un grupo superior al que optar.
c- Los funcionarios de carrera podrán progresasr simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.
d- Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente o sucesivamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.
25.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, se denomina:
a- Carrera vertical.
b- Promoción interna vertical.
c- Promoción interna horizontal.
d- Carrera horizontal.
26.- Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes:
a- Alcalde en régimen de dedicación exclusiva y cargo retribuido.
b- Diputado autonómico, salvo que perciba retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad.
c- Miembro del Consejo de Ministros.
d- Secretario de Estado.
27.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el caso de suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario, el funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión:
a- Las retribuciones íntegras que debiera percibir el funcionario si se hubiera encontrado en plenitud de derechos.
b- Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
c- Las retribuciones básicas, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
d- No tendrá derecho a la percepción de haberes hasta que la suspensión provisional sea resuelta.
28.- El individuo con constitución lepsomática y de temperamento introvertido pertenece al tipo:
a- Ciclotímico.
b- Flemático.
c- Esquizotímico.
d- Sintónico.
29.- Las Administraciones Públicas podrán revocar los actos de gravamen o desfavorables:
a- En cualquier momento, desde que se dictó el acto.
b- Unicamente si no ha transcurrido el plazo de prescripción y siempre que tal revocación no se contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
c- Las Administraciones Públicas no pueden revocar los actos de gravamen o desfavorables, solo pueden recitificarlos.
d- Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que la revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
30.- Señale la respuesta incorrecta. La Declaración de Estrasburgo sobre los valores y los retos comunes de las Administraciones Públicas Europeas supone el reconocimiento de la existencia de valores y retos comunes, con base a las siguientes áreas esenciales:
a- La construcción de una función pública atractiva, moderna e innovadora, que lidera a través de su ejemplo.
b- La burocracia como sistema organizativo que permita gestionar los asuntos siguiendo un conjunto de reglas y procedimientos específicos.
c- La existencia de unos servicios públicos transparentes y resilientes que responden a las expectativas de la ciudadanía.
d- Unos servicios públicos digitales de alta calidad, inclusivos y estratégicamente autónomos.
31.- El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, establece que recibida queja o sugerencia, las unidades responsables respecto a las actuaciones realizadas:
a- Informarán al interesado en un plazo de 20 días hábiles desde la recepción de la misma.
b- Informarán al interesado en un plazo de un mes desde la recepción de la misma.
c- Podrán informar al interesado en cualquier momento.
d- No existe obligación alguna de informar de las actuaciones realizadas.
32.- De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, respecto a los planes de igualdad:
a- La elaboración e implantación de planes de igualdad es obligatoria para todas las empresas, con independencia de su tamaño.
b- Las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo de aplicación.
c- Las empresas sólo deben elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando lo haya acordado la autoridad laboral en un procedimiento sancionador.
d- La elaboración e implantación de planes de igualdad siempre es voluntaria para la empresa.
33.- De conformidad con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el reconocimento del derecho a la situación de dependencia:
a- Se inicia de oficio.
b- La prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas previstas, podrá ser objeto de delegación a entidades privadas.
c- Se efectuará mediante resolución de la Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante.
d- Debe solicitarse de nuevo, cuando se cambia de residencia.
34.- El Instituto para la evaluación de Políticas Públicas:
a- Es un organismo autónomo estatal de los previstos en el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
b- Es una entidad pública empresarial de ámbito estatal de las previstas en el artículo 103 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
c- Es una Subdirección General adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Función Pública.
d- Es una agencia estatal de las previstas en el artículo 108 bis de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
35.- Las cartas de servicios:
a- Se aprueban y actualizan por resolución de la Inspección de Servicios del Departamento.
b- Se aprueban y actualizan por resolución del Subsecretario del Departamento.
c- Se aprueban y actualizan por resolución de la Dirección General de Gobernanza Pública.
d- Se aprueban por resolución del Subsecretario y actualizan por resolución de la Dirección General de Gobernanza Pública.
36.- El Foro de Gobierno abierto, como espacio estructurado de consulta y de debate integrado por representantes de los tres niveles de Administración Pública y por representantes de la Sociedad Civil:
a- Se crea y pone en marcha en el III Plan de Acción de España 2017-2019 de la alianza para el Gobierno abierto.
b- Se crea y pone en marcha en el IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024.
c- Se crea y pone en marcha en el II Plan de Acción de España.
d- Se crea y pone en marcha en el I Plan de acción de España.
37.- Según el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso a la información:
a- No puede ser limitado.
b- Puede ser limitado por el órgano administrativo titular de la información previa autorización del Consejo General de Transparencia y Buen Gobierno.
c- No es necesario motivar la aplicación de los límites.
d- Puede ser limitada cuando la información suponga un perjuicio para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
38.- De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales:
a- El consentimiento tácito del interesado es condición legítima para el tratamiento de sus datos personales.
b- Las Administraciones Públicas, por su propia naturaleza, no están obligadas a recabar, en ningún caso, el consentimiento para el tratamiento de datos personales.
c- Las Administraciones Públicas, cuando el tratamiento de datos personales sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal, no están obligadas a recabar el consentimiento del interesado.
d- El consentimiento expreso es genérico e independiente de las actividades de tratamiento y de los fines de éstas.
39.- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales reconoce en relación con la oferta directa de servicios de la información a los niños:
a- Cuando sea mayor de 14 años será válido el consentimiento del menor para el tratamiento de sus datos personales, siempre que lo haya prestado de forma expresa y tenga capacidad de obrar plena para la celebración del acto o negocio juríridico en cuyo contexto se recaba el consentimiento.
b- Cuando sea mayor de 12 años será válido el consentimiento del menor para el tratamiento de sus datos personales, siempre que lo haya prestado de forma expresa y tenga capacidad de obrar plena para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento.
c- La edad del menor no es el dato determinante, solo es lícito el consentimiento del menor si consta el del titular de la patria potestad o tutela.
d- No es lícito el tratamiento de datos de un menor de 18 años basado en su consentimiento.
40.- De acuerdo a lo establecido en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, autorizar las transferencias entre distintas secciones prespuestarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas corresponde a:
a- El Presidente del Gobierno a iniciativa del Ministro de Hacienda.
b- El Ministro de Hacienda, a iniciativa de los Ministros afectados.
c- El Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda y a iniciativa de los Ministros afectados.
d- Los titulares de los Departamentos afectados previa autorización del Ministro de Hacienda.
41.- Conforme a lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entenderá por sostenibilidad financiera:
a- La situación de superávit estructural.
b- La gestión de los recursos públicos orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad.
c- La posición de equilibrio financiero.
d- La capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.
42.- Señale la respuesta incorrecta. En virtud del artículo 19 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, son órganos del mismo:
a- El Presidente.
b- El Vicepresidente.
c- El Pleno.
d- La Secretaría General.
43.- Será sancionado, de conformidad con el artículo 341 del Código Penal, con la pena de prisión de quince a veinte años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de diez a veinte años, el que libere energía nuclear o elementos radioactivos:
a- Que pongan en peligro la vida o la salud de las personas siempre que se produzca explosión.
b- Por medio de una explosión, aunque no pongan en peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes.
c- Que pongan en peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes, aunque no se produzca explosión.
d- Por medio de una explosión, que pongan en peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes, y se produjere, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito.
44.- De acuerdo con el artículo 156 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en los casos en los que exista omisión de fiscalización:
a- Se podrá reconocer la obligación pero no tramitar el pago.
b- Se podrá reconocer la obligación y tramitar el pago, aunque con autorización de la Intervención.
c- Se podrá reconocer la obligación siempre que la Administración subsane el reparo.
d- No se podrá reconocer la obligación ni tramitar el pago.
45.- La Intervención General de la Administración del Estado presentará un informe general con los resultados más significativos de la ejecución del Plan anual de Control Financiero Permanente y del Plan anual de Auditorías de cada ejercicio al:
a- Congreso de los Diputados.
b- Consejo de Ministros.
c- Tribunal de Cuentas.
d- Defensor del Pueblo.
46.- Señale la respuesta incorrecta. En la elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto legislativo y de las normas reglamentarias podrá prescindirse del trámite de consulta pública en:
a- La elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado.
b- La elaboración de normas que tengan un impacto significativo en la actividad económica.
c- La elaboración de normas en las que concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.
d- La elaboración de normas que no impongan obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia.
47.- Los criminaloides es un subtipo de:
a- Delincuente pasional.
b- Delincuente ocasional.
c- Delincuente habitual.
d- Delincuente loco moral.
48.- En relación con los efectos de los actos administrativos:
a- La norma general es que tengan eficacia retroactiva.
b- Los actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deben ser observados por el resto de los órganos administrativos, aún sin dependencia jerárquica o que pertenezcan a otra Administración.
c- No podrá ser demorada la eficacia de un acto administrativo a su notificación.
d- Los actos administrativos dictados por los órganos competentes de la Administración General del Estado en el ejercicio de sus competencias propias no deben ser observados por la administración autonómica ni por la local.
49.- La declaración de la guerra, corresponde al Rey según proclama el artículo 63.3 de la Constitución Española:
a- Previa autorización del Presidente del Gobierno, tras consulta de éste al Pleno de las Cortes Generales.
b- Previa autorización de las Cortes Generales y ratificación posterior del Presidente del Gobierno.
c- Previa autorización de las Cortes Generales.
d- Sin autorización previa ni ratificación posterior de órgano ni autoridad alguna.
50.- Procederá, según el artículo 73 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, el traslado del condenado al Estado de ejecución si éste se encontrara en España:
a- Cuando se comunique al condenado que la autoridad de ejecución acepta la ejecución de la resolución por la que se impone una pena privativa de libertad.
b- Cuando la autoridad judicial competente acuerde la transmisión de la resolución por la que se impone una pena privativa de libertad.
c- Cuando sea firme la resolución de la autoridad judicial competente que acuerde la transmisión de la resolución por la que se impone una pena privativa de libertad.
d- Cuando la autoridad de ejecución comunique que acepta la ejecución de la resolución por la que se impone una pena privativa de libertad.
51.- Señale la respuesta incorrecta. Es una función de la Central Penitenciaria de Observación:
a- Participar en las tareas docentes y de formación de funcionarios.
b- Realizar una investigación criminológica.
c- Atender los requerimientos que los Jueces, Tribunales y miembros del Ministerio Fiscal soliciten en materia pericial de las personas sometidas a su jurisdicción.
d- Revisar la clasificación de los internos que encontrándose en segundo grado hayan alcanzado la cuarta parte del cumplimiento de la condena.
52.- La salida de internos para consulta o ingreso en centros hospitalarios no penitenciarios será acordada por:
a- El Juez de Vigilancia correspondiente.
b- El Centro Directivo.
c- El Director del centro penitenciario.
d- La Junta de Tratamiento.
53.- En relación con las comunicaciones orales de los internos, los visitantes que no sean familiares:
a- No podrán comunicar con los internos clasificados en primer grado.
b- Deberán obtener autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria para poder comunicar.
c- Deberán obtener autorización del Director del centro penitenciario para poder comunicar.
d- Podrán comunicar sin necesidad de recabar autorización.
54.- Conforme al artículo 53.2 del Reglamento Penitenciario las peticiones y quejas de los internos sobre materias que sean competencia de la Administración Penitenciaria podrán ser formuladas ante:
a- El Jefe de Servicios.
b- El Tribunal sentenciador.
c- La Junta de Tratamiento.
d- El Psicólogo o el Jurista.
55.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del Reglamento Penitenciario, ¿cuál es el tiempo mínimo que se garantizará para que el interno pueda dedicarlas a asuntos propios?
a- 1 hora.
b- 2 horas.
c- 3 horas.
d- No se establece ningún horario, sino que será el tiempo que sea suficiente para antenderlas.
56.- Señale la respuesta incorrecta. En los centros penitenciarios en régimen abierto:
a- Las normas de organización y funcionamiento de los establecimientos de régimen abierto serán elaboradas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Centro Directivo.
b- Las salidas del establecimiento deberán ser planificadas y reguladas por la Junta de Tratamiento, señalando los mecanismos de control y seguimiento que se consideren necesarios, de acuerdo con lo establecido en el programa de tratamiento.
c- La Junta de Tratamiento podrá aprobar salidas de fin de semana con horarios diferentes a los indicados, siempre que sea necesario.
d- En los establecimientos de régimen abierto se podrán establecer, a propuesta de la Junta de Tratamiento, distintas modalidades en el sistema de vida de los internos.
57.- El régimen de vida de los departamentos especiales descrito en el artículo 93 del Reglamento Penitenciario, se ajustará a alguna de las siguientes normas:
a- Los internos disfrutarán, como mínimo, de dos horas diarias de salida de patio y no podrán permanecer, en ningún caso, más de tres internos juntos.
b- Los internos disfrutarán, como mínimo, de tres horas diarias de salida de patio y no podrán permanenecer, en ningún caso, más de dos internos juntos.
c- Los internos disfrutarán, como mínimo, de cinco horas diarias de salida de patio y no podrán permanecer, en ningún caso, más de cuatro internos juntos.
d- Los internos disfrutarán, como mínimo, de cuatro horas diarias de salida de patio y no podrán permanecer, en ningún caso, más de cinco internos juntos.
58.- Para la consecución de la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad, como así establece el artículo 110 del Reglamento Penitenciario, la Administración Penitenciaria:
a- Diseñará programas culturales orientados a desarrollar las actitudes de los internos.
b- Utilizará técnicas de carácter psicosocial que vayan orientadas a mejorar las capacidades de los internos.
c- Potenciará los contactos del interno con el resto de población reclusa que permitan mejorar sus habilidades sociales.
d- Integrará en los programas de tratamiento mecanismos de control sobre el interno que permitan detectar aquellas problemáticas que hubieran influido en su actividad delictiva.
59.- En el modelo de asistencia sanitaria que describe el artículo 209 del Reglamento Penitenciario:
a- La asistencia especializada en régimen de hospitalización se realizará en los hospitales que la autoridad penitenciaria designe, salvo en los casos de urgencia en que se llevará a cabo en el hospital que determine la autoridad sanitaria.
b- La asistencia especializada se dispensará con medios propios de la Administración penitenciaria o ajenos concertados por la misma.
c- La asistencia especializada dispensada en los hospitales de la red pública sanitaria se financiará por las administraciones sanitarias competentes.
d- La asistencia especializada se asegurará preferentemente a través del sistema nacional de salud.
60.- De acuerdo con la Instrucción 9/2007 de clasificación y destino de los penados, cuál de las siguientes fichas integran el modelo unificado del informe psicológico:
a- Ficha de diagnóstico y valoración.
b- Ficha de riesgo de reincidencia.
c- Ficha de historial delictivo.
d- Ficha de beneficios penitenciarios.
61.- De acuerdo con la regulación contenida en la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario cuál de los siguientes programas no está expresamente previsto en la misma:
a- Programas específicos para las personas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con la violencia contra la infancia y adolescencia
b- Programas basados en el principio de comunidad terapéutica para grupos determinados de internos, cuyo tratamiento lo requiera.
c- Programas específicos de tratamiento para internos condenados por delitos contra la libertad sexual a tenor de su diagnóstico previo.
d- Programa de intervención penitenciario para la reinserción de delincuentes económicos.
62.- De acuerdo con los artículos 3 y 14.1 del Real Decreto 782/2001 de 6 de julio, tendrán prioridad a la hora de acceder a puestos de trabajo vacantes en el centro penitenciario de destino.
a- Los internos que hubieran desempeñado un puesto de trabajo en un centro penitenciario por un periodo superior a 1 año siempre que este desempeño haya sido valorado positivamente por el centro de procedencia.
b- Los internos condenados por delitos castigados con penas inferiores a 5 años
c- Los internos preventivos sobre los penados.
d- Los internos que hubieran desarrollado programas específicos de tratamiento.
63.- La duración de los permisos extraordinarios.
a- Será de hasta tres días de duración.
b- Vendrá determinada por su finalidad y no podrá exceder del límite fijado para los permisos ordinarios.
c- Será de hasta catorce horas para consulta ambulatoria extrapenitenciaria de los penados clasificados en segundo o tercer grado y de hasta tres días de duración cuando los mismos deban ingresar en un hospital extrapenitenciario.
d- Vendrá determinada por el grado de clasificación del interno al que se le conceda el permiso extraordinario.
64.- El internamiento en centro de deshabituación y en centro educativo especial de penados clasificados en tercer grado que necesiten un tratamiento específico para deshabituación de drogodependencias y otras adicciones que se encuentra previsto en el artículo 182 del Reglamento Penitenciario:
a- Será propuesto por el Director y autorizado por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
b- Será autorizado por el Director dando cuenta al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
c- Será autorizado por el Centro Directivo dando cuenta al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
d- Será propuesto por el Centro Directivo y autorizado por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
65.- Si elaborado el plan de intervención y seguimiento de las condiciones de cumplimiento de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad el penado se opone fehacientemente a su cumplimiento, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas:
a- Elaborará nuevo Plan de Intervención y Seguimiento teniendo en cuenta las manifestaciones y necesidades del penado.
b- Requerirá al penado de cumplimiento.
c- Informará del hecho al Juez de Vigilancia Penitenciaria a los efectos que considere oportunos.
d- Informará al órgano jurisdiccional competente para la ejecución a los efectos que considere oportunos.
66.- De acuerdo con el artículo 216 del Reglamento Penitenciario las comunicaciones con familiares cuando un interno se encuentre enfermo grave y no pudiese desplazarse a los locutorios:
a- Se autorizará a que uno o dos familiares o allegados puedan comunicar con él en la enfermería del centro.
b- Se suspenderán durante la enfermedad las comunicaciones de familiares y allegados.
c- Se realizarán una vez se encuentre internado en hospitales extrapenitenciarios de acuerdo con el régimen establecido por el Director teniendo en cuenta la peligrosidad del mismo.
d- El médico responsable fijará el régimen de visitas que se realizarán en la enfermería del centro, pudiendo estar sometida a vigilancia si razones de seguridad lo aconsejan.
67.- El principio de oportunidad que es objeto de un expreso reconocimiento en el Preámbulo del Reglamento Penitenciario tiene sus manifestaciones en materia disciplinaria en la regulación de los siguientes mecanismos:
a- Los mecanismos de repetición de infracciones y acumulación de sanciones.
b- Los mecanismos de aplazamiento, suspensión de la efectividad y reducción o revocación de las sanciones.
c- En la reducción de los plazos de cancelación del artículo 261 del Reglamento Penitenciario.
d- En el abono del tiempo de sanciones cumplidas indebidamente.
68.- El acuerdo sancionador impuesto por la falta de inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales o efectos del establecimiento o las pertenencias de otras personas:
a- En cuanto dicha falta no constituye un acto de indisciplina grave no será ejecutivo en tanto no haya sido resuelto el recurso interpuesto por el interno ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria o en caso de que no se haya interpuesto hasta que haya transcurrido el plazo para su impugnación.
b- En cuanto constituye un acto de indisciplina grave, la sanción impuesta será, en todo caso inmediatamente ejecutada.
c- En cuanto constituye un acto de indisciplina grave, la sanción impuesta será inmediatamente ejecutada si la comisión disciplinaria estima que el cumplimiento de la sanción no puede demorarse.
d- No será ejecutivo en tanto no haya transcurrido el plazo de diez días para su impugnación.
69.- La Junta de Tratamiento previa propuesta del Equipo Técnico podrá solicitar del Juez de Vigilancia Penitenciaria la tramitación de un indulto particular para los penados en los que concurran, de modo continuado durante un tiempo mínimo de dos años y en un grado que se pueda calificar de extraordinario, las circunstancias previstas en el artículo 206 del Reglamento Penitenciario en las siguientes cuantías:
a- El indulto de un máximo de 2 meses por año de cumplimiento en el que se acrediten las circunstancias del artículo 206.
b- En la cuantía que aconsejen las circunstancias.
c- El indulto de un máximo de 4 meses por año de cumplimiento en el que se acrediten las circunstancias del artículo 206.
d- El indulto de la totalidad de la pena.
70.- La suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional a los penados que se encuentren cumpliendo su primera condena de prisión, siempre que ésta no supere los tres años y que hayan extinguido la mitad de la pena:
a- Será aplicable a las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales o por alguno de los delitos regulados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, siempre que el penado haya realizado una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas.
b- Excepcionalmente, será aplicable a los penados por delitos contra la libertad sexual cuando exista valoración e informe específico del aprovechamiento por el reo del programa de tratamiento para condenados por agresiones sexuales.
c- No será aplicable a los penados que lo hayan sido por la comisión de un delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como a las personas condenadas por la comisión de alguno de los delitos regulados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales.
d- Será aplicable siempre que concurran los requisitos del artículo 90.3 del Código Penal no contemplándose excepciones.
71.- El Presidente de la Junta Económico-Administrativa será sustituido por:
a- El miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad por este orden.
b- El miembro del órgano colegiado de mayor antigüedad, jerarquía y edad por este orden.
c- El Administrador del Centro Penitenciario.
d- El suplente del Director que haya sido designado por resolución motivada del Centro Directivo.
72.- Los empleados públicos destinados en el ámbito de la Administración penitenciaria podrán ser premiados con la Medalla del Plata al Mérito Penitenciario por:
a- La realización de servicios en el ámbito penitenciario, relacionados o no con los cometidos del puesto de trabajo, que revistan una extraordinaria relevancia y denoten un alto espíritu de servicio.
b- La prestación de servicios relevantes relacionados con la actividad penitenciaria que denoten una especial iniciativa y dedicación.
c- La prestación de servicios de especial relevancia relacionados con la actividad penitenciaria de forma continuada que denoten superior iniciativa y dedicación.
D- La realización de servicios en el ámbito penitenciario, relacionados con el cometido del puesto de trabajo, que revistan una superior iniciativa y denoten un alto espíritu de servicio.
73.- Será competente la jurisdicción española, de acuerdo con el artículo 23.4.e de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como delito de terrorismo cuando concurra el supuesto:
a- El procedimiento se dirija contra un español.
b- El delito se haya cometido contra una institución u organismo de la Unión Europea, aunque no tenga su sede en España.
c- El delito se haya cometido contra instalaciones oficiales españolas, excluyendo embajadas y consulados.
d- La víctima tuviera nacionalidad española con posterioridad a la comisión de los hechos.
74.- Qué significa el concepto preterintencionalidad:
a- Que el resultado producido va más allá de la intención del agente.
b- La no exigibilidad de un comportamiento distinto.
c- Que el resultado se produce por la voluntad del agente.
d- Que el agente es consciente de que el resultado está prohibido por el ordenamiento jurídico.
75.- La circunstancia agravante de reincidencia exige que:
a- Al delinquir el sujeto hubiere sido ejecutoriamente condenado por un delito comprendido en el mismo Título del Código Penal.
b- Al delinquir el sujeto hubiere sido ejecutoriamente condenado por un delito comprendido en el mismo Capítulo del Código Penal.
c- Al delinquir el sujeto hubiere sido condenado por dos o más delitos comprendidos en el mismo Título del Código Penal.
d- Al delinquir el sujeto hubiere sido condenado, en un plazo no superior a cinco años, por tres o más delitos comprendidos en el mismo Capítulo del Código Penal.
76.- En la medida de seguridad de expulsión del territorio nacional:
a- El extranjero puede regresar a España una vez finalizado el plazo por el que se impuso la medida de seguridad.
b- Conlleva la prohibición de regresar a España por un periodo de cinco a diez años.
c- El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de diez años contados desde la fecha de su efectiva expulsión.
d- El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de diez años contados desde la fecha de la sentencia que impuso la medida de seguridad.
77.- La extensión máxima de la pena de multa a imponer a las personas jurídicas es:
a- Proporcional al perjuicio causado.
b- Cinco años.
c- Tres años.
d- Dos años.
78.- El sujeto condenado a pena de prisión permanente revisable por la comisión de un delito previsto y penado en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal (artículos 571 a 580 del Código Penal), no puede disfrutar de permisos de salida, hasta que no haya cumplido un mínimo de:
a- Doce años de prisión.
b- Diez años de prisión.
c- Ocho años de prisión.
d- Quince años de prisión.
79.- La responsabilidad civil derivada del delito comprende, siempre que sea posible, la restitución del bien, la cual de acuerdo con el artículo 111.1 del Código Penal:
a- Tendrá lugar salvo que el bien se halle en poder de tercero.
b- No podrá efectuarse si un tercero lo ha adquirido de buena fe.
c- No podrá efectuarse si un tercero lo ha adquirido legalmente.
d- Tendrá lugar, aunque el bien se halle en poder de tercero y éste lo haya adquirido legalmente y de buena fe.
80.- El delito de homicidio según el artículo 138 del Código Penal se castiga con la pena superior en grado cuando:
a- Concurra en su comisión precio, recompensa o promesa.
b- Cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado previsto y penado en el artículo 550 del Código Penal.
c- Cuando el acusado sea reincidente.
d- Cuando el acusado se prevalga de su condición de autoridad o funcionario público.
81.- El acoso a una mujer para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo tipificado en el artículo 172 quater del Código Penal, requiere:
a- Que la víctima sea menor de dieciocho años.
b- Que se produzca en el centro sanitario donde vaya a practicarse la interrupción voluntaria del embarazo.
c- Que se trate de actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad.
d- Que se ejecute bajo la amenaza de un mal que constituya delito.
82.- El plazo de prescripción, según el artículo 132.1 del Código Penal, respecto al delito permanente, se computará desde el día que:
a- Cesó la conducta.
b- Se cometió la primera infracción punible.
c- Se eliminó la situación ilícita.
d- Se realizó la última infracción.
83.- Según el artículo 225.bis del Código Penal, el sustractor de un menor quedará exento de pena cuando:
a- La restitución del menor al otro progenitor se hiciere dentro de las veinticuatro horas siguientes a la sustracción.
b- La restitución se hiciere dentro de los quince días siguientes a la sustracción.
c- La ausencia del menor no hubiere sido superior a cuarenta y ocho horas.
d- El sustractor haya comunicado el lugar de estancia al otro progenitor o a quien corresponda legalmente su cuidado dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la sustracción.
84.- Serán castigados con la pena de multa de tres a nueve meses los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a:
a- 400 euros.
b- 80.000 euros.
c- 60.000 euros.
d- 30.000 euros.
85.- De acuerdo con el artículo 311 del Código Penal, dar ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el Régimen de la Seguridad Social constituye delito siempre que el número de trabajadores afectados sea al menos de:
a- El veinticinco por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cien trabajadores.
b- El cincuenta por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de doscientos trabajadores.
c- El veinticinco por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de diez trabajadores y no más de cien.
d- La totalidad de los mismos, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de tres y no más de cinco trabajadores.
86.- De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado se realizará:
a- Dentro del plazo de tres meses, a partir de la fecha en que se haya rendido.
b- Dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que se haya rendido.
c- Dentro del plazo de doce meses, a partir de la fecha en que se haya rendido.
d- Dentro del plazo de nueve meses, a partir de la fecha en que se haya rendido.
87.- El artículo 379 del Código Penal castiga con pena privativa de libertad o multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en cualquier caso, con privación de derecho, el que condujere un vehículo motor o un ciclomotor a velocidad:
a- Superior en cincuenta kilómetros por hora en vía urbana o en noventa kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente.
b- Superior en cincuenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente.
c- Superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente.
d- Superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en setenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente.
88.- El artículo 413 del Código Penal describe el delito de la infidelidad en la custodia de documentos, como la autoridad o funcionario público que:
a- A sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo.
b- A sabiendas, destruyere, inutilizare u ocultare, la totalidad de los documentos cuya custodia tuviere en ese momento, con independencia que se le hubiese encomendado por razón de su cargo.
c- A sabiendas, destruyere, o sin su conocimiento se inutilizare u ocultare, la totalidad de los documentos cuya custodia tuviere en ese momento, con independencia que se le hubiese encomendado por razón de su cargo.
d- A sabiendas, sustrajere, destruyere, o sin su conocimiento se inutilizase u ocultase, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo.
89.- La consideración de depósito de municiones, según el artículo 567 del Código Penal, a efectos del Capítulo V del Título XXII del Libro II del citado Código:
a- Se declarará por los Jueces y Tribunales, teniendo en cuenta la cantidad y clase de las mismas.
b- Estará constituida por la fabricación de dichas municiones, con independencia de su cantidad o clase.
c- Estará constituida por la fabricación, comercialización o tenencia de dichas municiones, con independencia de su cantidad o clase.
d- Estará determinada de conformidadd con los tratados o convenios internacionales en los que España sea parte.
90.- Según el artículo 282.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la identidad supuesta será otorgada por:
a- El Ministerio Fiscal.
b- La autoridad judicial.
c- El letrado de la Administración de Justicia.
d- El Ministerio del Interior.
91.- De conformidad con el artículo 790 de la Ley de Enjuciamiento Criminal, el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juez de lo Penal o el Juez Central de lo Penal podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes:
a- Dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia.
b- Dentro de los diez días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia.
c- Dentro de los quince días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia.
d- Dentro de los veinte días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia.
92.- Según el artículo 158 de la Constitución Española, se constituirá un Fondo de Compensación Interritorial con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por:
a- El Consejo Interterritorial autonómico.
b- El Gobierno, entre las comunidades autónomas.
c- Las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias, en su caso.
d- El Congreso de los Diputados, entre las comunidades autónomas, provincias y municipios, en su caso.
93.- El Tribunal del Jurado se compone:
a- Once jurados y un magistrado integrante de la Audiencia Provincial que lo presidirá.
b- Nueve jurados y un magistrado integrante de la Audiencia Provincial que lo presidirá.
c- Nueve jurados y un magistrado integrante de la Audiencia Nacional, que lo presidirá.
d- Once jurados y un magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que lo presidirá.
94.- El Defensor del Pueblo Europeo será nombrado por un periodo de:
a- Cuatro años, renovable.
b- Cuatro años, no renovable.
c- Cinco años, renovable.
d- Cinco años, no renovable.
95.- Cuál es el órgano competente para velar por la ejecución de una sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
a- El órgano competente del Estado condenado.
b- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
c- El Comité de Ministros.
d- Las Altas Partes Contratantes.
96.- Conforme al artículo 831 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la petición de extradición se hará mediante:
a- Exhorto.
b- Comisión rogatoria.
c- Suplicatorio.
d- Requisitoria.
97.- El delito natural está definido como "una lesión de aquella parte del sentido moral, que consiste en los sentimientos altruistas fundamentales de piedad y probidad, según la medida media en que se encuentra en las razas humanas superiores, cuya medida es necesaria para la adaptación del individuo a la sociedad" por:
a- Cesare Lombroso.
b- Raffaele Garofalo.
c- Enrico Ferri.
d- Emile Durkheim.
98.- Señale la respuesta incorrecta. Cuando concurra en un acto administrativo alguna causa de nulidad o anulabilidad:
a- Es posible interponer recurso de alzada o de reposición contra cualquier acto de trámite.
b- Es posible interponer recurso de alzada o de reposición contra actos de trámite que producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
c- Es posible interponer recurso de alzada o reposición contra actos de trámite que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto.
d- Es posible interponer recurso de alzada o reposición contra actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento.
99.- Para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables dictados por los Secretarios de Estado, es competente:
a- El Consejo de Ministros.
b- El Ministro titular del Departamento.
c- El Subsecretario del Departamento.
d- No es posible la revisión de oficio de las disposiciones y actos administrativos nulos y anulables dictados por los Secretarios de Estado.
100.- Según el artículo 237 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la ejecución del contrato de obras comienza con:
a- La firma del contrato.
b- El acta de comprobación del replanteo.
c- La adjudicación del contrato.
d- La obtención de la licencia de obras.
100.- Según el artículo 237 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la ejecución del contrato de obras comienza con:
a- La firma del contrato.
b- El acta de comprobación del replanteo.
c- La adjudicación del contrato.
d- La obtención de la licencia de obras.
101.- Cuál de los siguientes instrumentos, nacionales o internacionales no constituye un elemento de lucha contra la delincuencia organizada:
a- Estrategia nacional contra el crimen organizado y la Delincuencia Grave.
b- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia organizada Trasnacional.
c- Plataforma Multidisciplinar Europea contras las Amenazas Delictivas (EMPACT)
d- Sociedad Internacional de Investigación y Persecución de la Delincuencia Organizada (SIPDO)
102.- De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ésta se define:
a- La violencia sexista que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por similares relaciones de afectividad.
b- La violencia sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, siempre que haya existido relación de convivencia.
c- La violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
d- No comprende la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia.
103.- En relación a las encuestas de victimización (EV) señale la respuesta incorrecta:
a- Constituyen un instrumento diseñado para la cuantificación de la delincuencia.
b- Constityuye una herramienta propia de los programas de mediación con las víctimas de los delitos.
c- Constituyen una herramienta de investigación para ayudar a identificar aspectos del delito y la victimización.
d- Ofrecen una descripción precisa e informativa de los problemas delictivos.
104.- Partiendo de la clasificación de los niveles de prevención por sus características temporales, la forma de intervención propuesta y la población objetivo; en qué consiste la prevención terciaria:
a- Identifica las condiciones del entorno físico y social que brindan oportunidades para la realización de actos delictivos o que los precipitan y el objetivo de la intervención es alterar esas condiciones a fin de que no se produzcan delitos.
b- Identificación temprana de los posibles delincuentes e intenta intervenir en sus vidas de forma que no cometan infracción penal.
c- Se encarga de quienes efectivamente han delinquido e incluye intervenciones en sus vidas de forma que no cometan más delitos.
d- Desarrolla una serie de estrategias basadas en una política cultural, económica y social que pueden influir sobre las causas del delito, a fin de que no se produzcan delitos.
105.- Por lo que se refiere a la eficacia de los actos administrativos, el artículo 37.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que:
a- Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
b- Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general únicamente cuando aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
c- Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, sin más limitaciones que las que reglamentariamente se determinen.
d- Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, excepto cuando aquellas hayan sido dictadas con posterioridad.
106.- De conformidad con lo establecido en el artículo 9.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las resoluciones administrativas que se adopten por delegación de competencias:
a- Indicarán esta circunstancia en aquellos casos que reglamentariamente se determine y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
b- Indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano en el que haya recaído la delegación.
c- Indicarán esta circunstancia en aquellos casos que reglamentariamente se determine y se considerarán dictadas por el órgano en el que haya recaído la delegación.
d- Indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
107.- Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se encuentran dentro del ámbito subjetivo de aplicación de esta ley:
a- Las Universidades Públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley.
b- Las Corporaciones de Derecho Público, que se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública y supletoriamente por la presente Ley.
c- Las entidades que integran la Administración Local.
d- Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que se regirán por su normativa específica cuando ejerzan potestades administrativas y supletoriamente por la presente Ley.
108.- De conformidad con lo establecido en el artículo 34.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por lo que se refiere a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, la indemnización procedente:
a- No podrá sustituirse por una compensación en especie ni ser abonada mediante pagos periódicos.
b- Podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.
c- No podrá sustituirse por una compensación en especie, pero sí podrá ser abonada mediante pagos periódicos cuando resulte más adecuado para el interesado.
d- No podrá sustituirse por una compensación en especie, pero sí podrá ser abonada mediante pagos periódicos cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, aun cuando no exista acuerdo con el interesado.
109.- De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, la exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas:
a- No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
b- Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan hasta la existencia de sentencia firme en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
c- No suspenderá en ningún caso los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan.
d- Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan hasta que se dicte auto de apertura de juicio oral.
110.- De conformidad con lo establecido en el artículo 213.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este:
a- Deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados hasta el límite del importe de la garantía.
b- Le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en los que excedan del importe de la garantía incautada.
c- Quedará inhabilitado para la celebración de cualquier otro contrato del Sector Público por un periodo de diez años, todo ello sin perjuicio de la reparación debida del eventual daño ocasionado, del que responderá con la garantía depositada y hasta el límite de ésta.
d- Unicamente procederá la exigencia de responsabilidad civil en el caso de que hubiere mediado ademas dolo en la actuación del contratista.
111.- El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional en la actualidad depende orgánicamente de:
a- Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
b- Ministerio de Hacienda y Función Pública.
c- Casa Real.
d- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
112.- Según se desprede de la regulación contenida en el artículo 48.1 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de:
a- Un mes.
b- Tres meses.
c- Seis meses.
d- Doce meses.
113.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el incidente cautelar se sustanciará en pieza separada, con audiencia de la parte contraria, que ordenará el letrado de la Administración de Justicia por plazo que no excederá de:
a- Diez días y será resuelto por auto dentro de los diez días siguientes.
b- Diez días y será resuelto por decreto dentro de los diez días siguientes.
c- Cinco días y será resuelto por decreto dentro de los diez días siguientes.
d- Diez días y será resuelto por auto dentro de los cinco días siguientes.
114.- Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, la libertad sindical comprende:
a- El derecho de los afiliados a elegir libremente a sus representantes dentro de cada sindicato.
b- El derecho del trabajador a afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos del mismo o a separarse del que estuviese afiliado, no pudiendo nadie ser obligado a afiliarse a un sindicato.
c- El derecho a fundar sindicatos previa autorización de la Autoridad Laboral competente, así como el derecho a suspenderlos o a extinguirlos, por procedimientos democráticos.
d- El derecho a la actividad sindical.
115.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 45 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 2/2015, de 23 de octubre, la privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria:
a- Podrá ser causa de modificación del contrato de trabajo, adaptando las condiciones laborales del trabajador a la nueva situación derivada de la privación de libertad.
b- Podrá ser causa de excedencia forzosa.
c- Podrá ser causa de suspensión del contrato de trabajo.
d- Podrá ser causa de extinción del contrato de trabajo.
116.- De conformidad con lo establecido en el artículo 191 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, contra las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en procesos por despido o extinción del contrato, salvo en los procesos por despido colectivo immpugnados por los representantes de los trabajadores, procederá en todo caso:
a- Recurso de suplicación.
b- Recurso de reposición.
c- Recurso de alzada.
d- Recurso de casación.
117.- Tal y como establece el artículo 39 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, relativo a los órganos de representación, las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de:
a- 30 funcionarios.
b- 50 funcionarios.
c- 100 funcionarios.
d- 250 funcionarios.
118.- El prespuesto base de licitación se define en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público como:
a- El importe total del contrato incluido el impuesto sobre el valor añadido y las prórrogas del contrato.
b- El límite máximo de gasto que en virtud de contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el impuesto sobre el valor añadido.
c- El importe total del contrato sin incluir el impuesto sobre el valor añadido.
d- El valor estimado del contrato.
119.- En cuanto al derecho de reunión de los trabajadores, y de conformidad con lo previsto en el artículo 77 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, la asamblea de trabajadores podrá ser convocada por los delegados de personal, el comité de empresa o centro de trabajo, o por un número de trabajadores no inferior al:
a- Diez por ciento de la plantilla.
b- Veinte por ciento de la plantilla.
c- Veinticinco por ciento de la plantilla.
d- Treinta y tres por ciento de la plantilla.
120.- Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 1.2 del Convenio Colectivo Unico para el personal laboral de la Administración General del Estado, se incluye en el ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo al:
a- Personal Laboral que preste servicios en la Agencia Española de Protección de Datos.
b- Personal Laboral que preste servicios en Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
c- Personal Laboral que presta servicios en el exterior.
d- Personal Laboral que preste servicios en la Administración de Justicia no transferida.
121.- Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias relativas a:
a- Los planes de Previsión Social Complementaria.
b- Los criterios generales de acción social.
c- La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
d- Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
122.- De conformidad con el artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas, sujetos al Derecho Administrativo:
a- Son inmediatamente ejecutivos con independencia de su naturaleza.
b- Son inmediatamente ejecutivos cuando se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora aun cuando no se haya agotado la vía administrativa.
c- No serán inmediatamente ejecutivos cuando se necesite aprobación o autorización superior.
d- Son inmediatamente ejecutivos solo en el caso en que una disposición así lo establezca.
123.- Son personas interesadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a- El derecho-habiente cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible.
b- Aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución aun cuando no se personen en el procedimiento.
c- Aquellos que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte siempre que hayan iniciado el procedimiento.
d- En cualquier caso, las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos como titulares de intereses legítimos colectivos.
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