1. En los procedimientos administrativos iniciados a solicitud de la persona interesada, cuando se produzca su paralización por causa imputable a la misma durante tres meses:

a- Se producirá, sin más, la prescripción del derecho o interés legítimo de la persona interesada.
b- Se producirá, sin más, la caducidad del procedimiento.
c- Se producirá la prescripción del derecho o interés legítimo de la persona interesada, previa advertencia de la Administración del citado efecto.
d- Se producirá la caducidad del procedimiento previa advertencia de la Administración del citado efecto.

2. En los procedimientos administrativos iniciados de oficio:

a- La Administración podrá desistir motivadamente, en cualquier caso, siempre que no afecte al interés general.
b- La Administración podrá desistir, motivadamente, si previamente se ha contemplado esta circunstancia en el propio procedimiento administrativo.
c- La Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.
d- En los procedimientos iniciados de oficio no está permitido el desistimiento de la Administración.

3. Las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables:

a- En cualquier momento.
b- Siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción.
c- Siempre que no haya transcurrido el plazo de caducidad.
d- Los actos de gravamen o desfavorables no podrán ser revocados por las Administraciones Públicas.

4. El plazo para interponer un recurso de alzada frente a un acto administrativo que no sea expreso:

a- Será de un mes a contar desde que el acto debiera haber sido dictado conforme a su normativa específica.
b- Será de tres meses a contar desde que el acto debiera haber sido dictado, conforme a su normativa específica.
c- No existe plazo, se podrá interponer en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
d- Contra los actos presuntos de la Administración del Estado no se podrá interponer recurso de alzada, únicamente se podrá interponer recurso de reposición.

5.- En todos los casos, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar por parte del órgano instructor:

a- Dictamen del Consejo de Estado.
b- Dictamen del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
c- Informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable.
d- Informe positivo de su superior jerárquico sobre la propuesta de resolución.

6.- En materia de responsabilidad patrimonial, el derecho de las personas interesadas a reclamar por daños físicos o psíquicos producidos a las mismas, prescribirá:

a- Al año de producido el daño.
b- Al año desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
c- A los cinco años desde la curación o determinación del alcance de las secuelas.
d- Al año desde el inicio del tratamiento para la curación de la lesión, con independencia del alcance de las secuelas.

7.- Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, se establece que las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación una serie de principios, entre los que no se encuentra:

a- Simplicidad, claridad y proximidad a la ciudadanía.
b- Responsabilidad por la gestión pública.
c- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
d- Subjetividad y participación de la actuación administrativa.

8.- Según el artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la concesión de una subvención de cuantía superior a 12 millones de euros, requerirá la previa autorización del:

a- Consejo de Ministros, en cualquier caso.
b- Consejo de Ministros o, en el caso de que así lo establezca la normativa reguladora de la subvención, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
c- Organo competente para la aprobación del gasto.
d- Ministro de Hacienda.

9.- Se entenderán incluidos en el patrimonio de las Administraciones Públicas:

a- Los recursos financieros de su hacienda.
b- El dinero.
c- El conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición.
d- Los valores y los créditos.

10.- Las Administraciones Públicas no podrán adquirir bienes y derechos:

a- Por herencia.
b- A título gratuito, con ejercicio o no de la potestad de expropiación.
c- Por ocupación.
d- Por prescripción.

11.- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo no conocerá de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de:

a- Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho Público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.
b- Los contratos administrativos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones Públicas.
c- Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración Pública.
d- La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.

12.- La Administración autora de un acto ¿está legitimada para impugnarlo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo?

a- En ningún caso la Administración puede ir en contra de sus propios actos.
b- Solo podrá impugnarlo cuando concurran causas de nulidad del art. 47 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c- Lo podrán impugnar cuando concurran causas de nulidad, anulabilidad, así como en los supuestos de revisión de oficio, en los términos establecidos en la Ley.
d- Solo podrán impugnarlo, previa su declaración de lesividad para el interés público en los términos establecidos en la Ley.

13.- Conforme establece el artículo 323 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, el peculio de las personas privadas de libertad fallecidas:

a- Será entregado al heredero más directo que lo solicite.
b- Será entregado al primer heredero de la persona fallecida que lo solicite, contra el que no podrán repetir los restantes miembros de la comunidad hereditaria.
c- Será entregado a cualquier heredero. En caso de no existir, se hará cargo de la herencia Instituciones Penitenciarias, para el fondo social de la Institución.
d- Será entregado al primer heredero de la persona fallecida que lo solicite, contra el que podrán repetir, en su caso, los restantes miembros de la comunidad hereditaria.

14.- Conforme establece el artículo 324 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, cuando los fondos de peculio sean gestionados por la Admministración Penitenciaria, los intereses que genere la cuenta fondo de peculio:

a- Serán ingresados en la cuenta de los familiares, que cada interno designe, mediante transferencia bancaria.
b- Se ingresarán en el Tesoro Público para su posterior incorporación, mediante generaciones de crédito, a aquellos conceptos presupuestarios del presupuesto de gastos de la Administración Penitenciaria que mejor contribuyan al cumplimiento de los fines de la actividad penitenciaria.
c- Serán ingresados en la cuenta que el interno indique, mediante transferencia bancaria.
d- Se ingresarán en la cuenta de Administración del centro, para generar crédito en aquellos conceptos del presupuesto de gastos de la Administración Penitenciaria que mejor contribuyan al cumplimiento de los fines de la actividad penitenciaria.

15.- Conforme establece el artículo 5 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad ¿cuál de los siguientes enunciados es un derecho laboral?

a- El no ser discriminados para el empleo o una vez empleados, por razones de nacionalidad, sexo, estado civil, por la edad, sin límite alguno.
b- El trabajo no productivo y remunerado que pudiere ofertar la Administración penitenciaria.
c- El respeto a su intimidad sin limitaciones, y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.
d- El participar en la organización y planificación del trabajo en la forma y con las condiciones establecidas en la legislación penitenciaria.

16.- Conforme establece el artículo 22 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, los sentenciados a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad estarán incluidos en la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social a efectos de:

a- Las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los días de prestación efectiva de dicho trabajo.
b- Las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por el tiempo que dure la pena.
c- Las contingencias de enfermedad común, de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los días de prestación efectiva de dicho trabajo.
d- Las contingencias de enfermedad común y enfermedades profesionales por el tiempo que dure la pena.

17.- Conforme establece el artículo 16 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad, el pago de las retribuciones se efectuará:

a- Mediante entrega a la persona que el interno designe.
b- Mediante entrega semanal, en metálico, en los casos en los que el interno esté destinado en un Centro de Inserción Social.
c- Mediante ingreso mensual en la cuenta de peculio del interno.
d- Mediante ingreso mensual, en la cuenta que el interno indique.

18.- Conforme establece el art. 18 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, en el cual se regulan los permisos e interrupciones laborales, el trabajador:

a- Podrá ausentarse del trabajo durante cualquier clase de permiso o salida autorizada, previo aviso y justificación. Las ausencias del trabajo no serán retribuidas.
b- Podrá ausentarse del trabajo, en cualquier momento, sin previo aviso y justificándolo posteriormente. Las ausencias del trabajo serán retribuidas.
c- Podrá ausentarse del trabajo durante cualquier clase de permiso o salida autorizada. Las ausencias del trabajo serán retribuidas siempre que esté justificado.
d- Solo podrá ausentarse del trabajo, durante un permiso extraordinario. Las ausencias del trabajo no serán retribuidas.

19.- Conforme establece el artículo 3 del Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba el estatuto de la entidad de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo ¿cuál de las siguientes funciones no corresponde a la entidad?

a- La formación para el empleo de los internos en centros penitenciarios y centros de inserción social.
b- El impulso y la coordinación de cuantas líneas de actividad se desarrollen desde la Administración penitenciaria en materia de preparación o acompañamiento para la inserción sociolaboral.
c-La instalación, ampliación, transformación, conservación y mejora de los talleres, explotaciones agrícolas penitenciarias, o locales e instalaciones necesarias para los fines de la entidad, así como los servicios, obras y adquisiciones que se refieren a su explotación, producción o actividad.
d- La organización del trabajo no productivo penitenciario y su oportuna retribución.

20.- Conforme establece el artículo 7 del Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba el estatuto de la entidad de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo ¿cuál de los siguientes miembros asistirá a las sesiones del Consejo de Administración, con voz, pero sin voto?

a- El jefe de la Oficina Presupuestaria del citado Ministerio.
b- Un representante de la Abogacía del Estado del Ministerio del Interior.
c- Un representante de la Intervención Delegada en el Ministerio del Interior.
d- El Subdirector General de Planificación y Gestión Económica.

21.- Conforme establece el artículo 36 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionarán:

a- Con su formalización.
b- De conformidad con la legislación por la que se rijan.
c- No se regula la perfección de este tipo de contrato.
d- Con su adjudicación.

22.- Conforme establece el artículo 37 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las entidades del sector publico:

a- No podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato sea menor y tenga carácter de urgencia.
b- No podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia.
c- No podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato sea más beneficioso económicamente para la Administración.
d- El carácter formal de la contratación del sector público, permite cualquier tipo de contratación, siempre que asegure la estabilidad presupuestaria.

23.- Conforme establece el artículo 82 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la clasificación de las empresas dmdrá una vigencia indefinida en tanto se mantengan por el empresario/a las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión. Para la conservación de la clasificación deberá justificarse:

a- Anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional.
b- No es necesaria la revisión del mantenimiento de la solvencia económica y financiera pero, cada tres años, habrá que revisar el de la solvencia técnica y profesional.
c- Semestralmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada año, el de la solvencia técnica y profesional.
d- Cada tres años el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada dos años, el de la solvencia técnica y profesional.

24.- Conforme establece el artículo 106 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los acuerdos marco y en los sistemas dinámicos de adquisición, el importe de la garantía provisional:

a- De exigirse, en ningún caso podrá superar el 3 por 100 del importe, se fijará atendiendo al importe de adjudicación del contrato.
b- De exigirse, en ningún caso podrá superar el 3 por 100 del valor estimado del contrato, se fijará a tanto alzado por la Administración Pública.
c- Será obligatoria y, en ningún caso, podrá superar el 3 por 100 del importe, se fijará atendiendo al importe de adjudicación del contrato.
d- Será obligatoria y, en ningún caso, puede superar el 3 por 100 del valor estimado del contrato, fijándose a tanto alzado por la Administración Pública.

25.- Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los convenios de colaboración que afecten a gastos públicos:

a- Pueden celebrarse independientemente de los límites de los escenarios plurianuales.
b- Necesitan la aprobación de un crédito extraordinario para financiar el nuevo gasto público.
c- Deben supeditarse de forma estricta a las disponibilidades presupuestarias.
d- En ningún caso se pueden formalizar.

26.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que el Ministerio de Hacienda informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado:

a- Antes del 1 de agosto de cada año.
b- Tres meses antes de finalizar el año.
c- En el momento de presentar el Anteproyecto de la Ley anual de Presupuestos.
d- El límite de gasto no financiero solo es obligatorio para las Comunidades Autónomas.

27.- Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los créditos presupuestarios de la Administración General del Estado:

a- Tienen carácter limitativo, pero no específico, pudiendo destinarse a cualquier actuación necesaria para el cumplimiento de los objetivos de cada Organismo.
b- No se pueden modificar mientras dure la vigencia de la Ley de Presupuestos Generales.
c- Se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o por las modificaciones realizadas conforme a la Ley General Presupuestaria.
d- Solo se pueden modificar cuando supongan un menor gasto público.

28.- Según el artículo 43 de la Ley General Presupuestaria los gastos destinados a atenciones protocolarias se especificarán a nivel de:

a- Artículo.
b- Concepto.
c- Capítulo.
d- Al que corresponda conforme a su concreta clasificación económica.

29.- En el caso de la tramitación anticipada de expedientes de contratación a que se refiere el artículo 117.2 de la Ley de Contratos del Sector Público:

a- La ejecución debe iniciarse en ejercicios posteriores.
b- La ejecución se debe iniciar en el propio ejercicio.
c- El gasto solo se puede imputar a un ejercicio.
d- No tienen que cumplir los límites y anualidades o importes autorizados a que se refieren los apartados 2 a 5 del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria.

30.- Según el artículo 52 de la Ley General Presupuestaria, las transferencias de crédito, como regla general:

a- Podrán minorar créditos extraordinarios.
b- Pueden utilizarse para crear subvenciones nominativas.
c- Pueden realizarse entre créditos de distintas secciones presupuestarias.
d- No podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos.

31- La autorización para transferencias entre créditos de un mismo programa relativos a personal corresponde al:

a- Consejo de Ministros.
b- Subsecretario del Departamento a propuesta del Órgano Gestor del programa.
c- Ministro del Departamento.
d- Ministro de Hacienda.

32.- Dentro de las fases del procedimiento de la gestión de los gastos a que hace referencia el artículo 73 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la aprobación del gasto:

a- Es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable.
b- Es un acto con relevancia jurídica para con terceros.
c- Comporta la propuesta de pago correspondiente.
d- Es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

33.- El artículo 75 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece que la ordenación de pagos es competencia de:

a- El Ministro de Hacienda.
b- El Director General del Tesoro y Política Financiera.
c- La autoridad que aprobó el gasto.
d- La Intervención General del Estado

34.- La función interventora, en su modalidad de intervención material, según lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, consistirá en:

a- Comprobar que los expedientes de reconocimiento de obligaciones corresponden a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente.
b- Comprobar la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.
c- Verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los programas de los centros gestores del gasto.
d- La verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos que, preceptivamente, deban estar incorporados al expediente.

35.- No estarán sometidos a la fiscalización previa prevista en el apartado 2.a) del artículo 151 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria:

a- Todas las obligaciones menores de 5.000 euros.
b- Los contratos tramitados mediante un procedimiento abierto simplificado.
c- Las subvenciones con asignación nominativa.
d- Los gastos tramitados mediante pagos a justificar cuando los servicios a que se refieran tengan lugar en territorio nacional.

36.- Atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica ¿cuál de las siguientes adquisiciones se trata de un gasto corriente?

a- Dispositivos auxiliares de memoria.
b- Paquetes estándar de software.
c- El desarrollo de utilidades o aportaciones para la explotación de equipos informáticos.
d- Monitores.

37.- En relación con los anticipos de caja fija, regulados por el Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre anticipos de Caja fija, ¿cuál de los siguientes pagos individualizados pueden superar los 5.000 euros?

a- Los destinados a gastos de gas.
b- Los destinados a inversiones.
c- Los destinados a indemnizaciones por razón del servicio.
d- Los destinados a gastos de agua.

38.- Según el artículo 124 de la Ley General Presupuestaria la aprobación del Plan General de Contabilidad Pública corresponde:

a- Al Ministro de Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.
b- A las Cortes Generales.
c- A la Intervención General de la Administración del Estado.
d- Al Tribunal de Cuentas.

39.- Según el Plan General de Contabilidad Pública el objetivo de las cuentas anuales es:

a- El seguimiento de los objetivos propuestos por los centros gestores, aprobados en los Presupuestos Generales del Estado.
b- La verificación de la adecuación a la legalidad de la gestión presupuestaria, de contratación, personal, ingresos y gestión de subvenciones, así como de cualquier otro aspecto de la actividad económico financiera de la entidad contable.
c- Mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la entidad contable.
d- Recoger el resultado del ejercicio (ahorro o desahorro), separando debidamente los ingresos y los gastos imputables al mismo.

40.- Uno de los principios rectores de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es:

a- La puesta en marcha de medidas de protección a los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género.
b- Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género.
c- Eliminar las situaciones en las que se encuentran las personas que, en atención a su sexo, son consideradas como discriminación directa.
d- La puesta en marcha de órganos jurídicos que permitan una pronta respuesta ante los casos de violencia de género.

41.- El artículo 40 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece que:

a- El principio de igualdad de trato no impedirá que se mantengan o adopten medidas específicas destinadas a prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por motivo de o por razón de discapacidad.
b- Los empresarios no están obligados a adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa, en función de las necesidades de cada situación concreta, con el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente y acceder a la formación.
c- El principio de igualdad de trato impedirá que se establezcan medidas de acción positivas, en relación al trabajo, en base a la igualdad como valor superior.
d- Los empresarios están obligados a adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa, en función de las necesidades de cada situación concreta, con el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente y acceder a la formación, aunque esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario.

42.- En relación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

a- La función del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se limita a impulsar la acción del mismo para el cumplimiento de sus objetivos.
b- Su Estatuto está regulado por el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre.
c- Dentro de composición de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, no tiene cabida la propuesta de un Senador como vocal de la misma.
d- El presidente convocará a la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno al menos una vez cada tres meses. También se reunirá cuando así sea solicitado por la mayoría de sus miembros.

43.- Señale la respuesta incorrecta. En relación al artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la solicitud:

a- Deberá contener la información que se solicita.
b- No será obligatorio que esté motivada.
c- Deberá contener la identidad de la persona solicitante.
d- Deberá contener una dirección de contacto, necesariamente electrónica, a efectos de comunicaciones.

44.- La Agencia Española de Protección de Datos:

a- Se rige exclusivamente por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y sus disposiciones de desarrollo.
b- Elaborará y aprobará su presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que sea integrado, con independencia, en los Presupuestos Generales del Estado.
c- Elaborará y aprobará su relación de puestos de trabajo, en el marco de los criterios establecidos por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, respetando el límite de gasto de personal establecido en el presupuesto.
d- Su Estatuto será aprobado mediante orden ministerial.

45.- En relación a la figura del delegado de protección de datos en las Administraciones Públicas, señale la respuesta incorrecta.

a- En el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos tendrá acceso a los datos personales y procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el responsable o el encargado del tratamiento la existencia de cualquier deber de confidencialidad o secreto.
b- El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE) 2016/679 para la designación del delegado de protección de datos, sea persona física o jurídica, podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos voluntarios de certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos.
c- Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de una vulneración relevante en materia y dirección de protección de la persona de datos responsable y lo comunicará inmediatamente a la encargada del tratamiento de datos.
d- Cuando se trate de una persona física integrada en la organización de la persona responsable o encargada del tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser removido ni sancionado, en ningún caso, por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones.

46.- En relación a los órganos de selección, el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que:

a- Puede formar parte de ellos el personal eventual.
b- Su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.
c- Puede formar parte de ellos el funcionariado interino.
d- Su composición responderá a los principios de mérito y capacidad de sus miembros.

47.- Para la rehabilitación de la condición de funcionario/a, el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, determina que la persona interesada, una vez desaparecida la causa objetiva que motivó la extinción de la relación de servicios como consecuencia de jubilación por incapacidad permanente para el servicio, podrá solicitar la misma y ésta:

a- En ningún caso le será nuevamente concedida.
b- No le será concedida si no ha transcurrido un plazo de tres años.
c- Le podrá ser concedida si se cumplen, además, otros requisitos previstos en la Ley.
d- Le será concedida.

48.- Conforme el artículo 89.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las funcionarias víctimas de violencia de género, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma, teniendo derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñarán:

a- Durante los seis primeros meses con posibilidad de prórroga si las actuaciones judiciales lo exigieran.
b- Durante los seis primeros meses sin posibilidad de prórroga.
c- Durante un máximo de veinticuatro meses.
d- No está regulada la temporalidad de esta excedencia.

49.- Señale la respuesta incorrecta. Según lo dispuesto en el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el funcionariado de carrera será declarado en situación de servicios especiales:

a- Cuando sea designado para formar parte del Consejo General del Poder Judicial.
b- Cuando sea designado asesor de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
c- Cuando sea autorizado para realizar una misión por cualquier periodo superior a tres meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.
d- Cuando sea nombrado para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos.

50.- Señale la respuesta incorrecta. La cuantía de las retribuciones complementarias del funcionariado público, según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se establecerán atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:

a- El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionariado desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.
b- La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.
c- Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo no se tienen en cuenta para el cómputo.
d- La progresión alcanzada por el funcionariado dentro del sistema de carrera administrativa.

51.- A tenor de lo establecido en el Real Decreto-ley 6/2003, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, relativo a la evaluación del desempeño:

a- Es el procedimiento mediante el cual cada seis meses se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento o el logro de resultados de los empleados públicos, con la finalidad de mejorar la productividad de las diferentes unidadades y la calidad de los servicios públicos.
b- La participación en los procedimientos de evaluación del desempeño será obligatoria para todo el personal que se encuentre en situación de servicio activo o asimilada, exceptuando las adaptaciones del puesto de trabajo y capacidades del personal con discapacidad.
c- La evaluación del desempeño positiva de cada periodo evaluado se tendrá en cuenta en la valoración del mérito de experiencia en los procesos de selección y provisión y para su aplicación en la progresión en los tramos de la carrera profesional horizontal.
d- Una vez validado el modelo de evaluación por la Comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño, las evaluaciones realizadas mediante dicho modelo no tendrán consecuencias en las tres primeras anualidades tras su implementación.

52.- Con base a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, una vez completado el expediente:

a- Se dictará resolución motivada por el órgano de contratación disponiendo la conclusión del procedimiento de adjudicación.
b- Se dictará resolución proponiendo la adjudicación del contrato.
c- Se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
d- Se dictarán dos resoluciones una aprobando la adjudicación y otra que aprueba el procedimiento de subasta.

53.- Teniendo en cuenta el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros y en contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual a los que no será de aplicación este apartado, el procedimiento abierto simplicado podrá seguir la siguiente tramitación:

a- Requerirá la constitución de garantía definitiva por importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación excluido el IVA.
b- Requerirá la constitución de garantía provisional por importe del 5 por ciento del precio final ofertado
c- Requerirá la constitución de garantía definitiva por importe del 5 por ciento del precio final ofertado.
d- No se requerirá la constitución de garantía definitiva.94. El artículo 131 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece que:

54.- Señale la respuesta incorrecta. En relación a los desplazamientos de los internos, regulados en el artículo 33 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario:

a- Las salidas de los internos para la práctica de diligencias o para la celebración de juicio oral se hará previa orden de la autoridad judicial dirigida al director del establecimiento.
b- Una vez asistido a juicio o celebrada la diligencia judicial, el director del establecimiento propondrá el traslado del interno al lugar de procedencia, aunque tenga conocimiento de la existencia de otros señalamientos pendientes.
c- Las autoridades judiciales o gubernativas recabarán del Centro Directivo, con una antelación mínima de treinta días, la conducción oportuna del interno, cuando estuviere recluido en el centro penitenciario ubicado en otra provincia.
d- Las autoridades judiciales o gubernativas recabarán del director del establecimiento la conducción oportuna del interno, si se trata de una misma provincia o localidad.

55.- Tal y como determina el artículo 58 del Código Penal en relación con el abono de la prisión provisional:

a- El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado de oficio o a petición del penado y previa comprobación de que no ha sido abonado en otra causa, por el Juzgado de lo Penal que haya dictado la Ejecutoria.
b- El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado sólo de oficio y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el centro penitenciario en que se encuentra el penado, previa audiencia del Ministerio Fiscal.
c- El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado de oficio o a petición del penado y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa, por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el centro penitenciario donde ingresó por primera vez el penado, previa audiencia del ministerio fiscal.
d- El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado de oficio o a petición del penado y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa, por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el centro penitenciario en que se encuentre el penado, previa audiencia del ministerio Fiscal.

56.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que regula las medidas regimentales para la ejecución de programas especializados para penados clasificados en segundo grado:

a- Los internos clasificados en tercer grado de tratamiento que presenten un perfil de baja peligrosidad social y no ofrezcan riesgos de quebrantamiento de condena, podrán acudir regularmente a una institución exterior para la realización de un programa concreto de atención especializada, siempre que éste sea necesario para su tratamiento y reinserción social.
b- La duración de cada salida diaria será menor de ocho horas.
c- El programa del que forme parte requerirá la autorización del Tribunal Sentenciador.
d- La participación en el programa podrá ser revocada por decisión voluntaria del interno.

57.- En atención a la Instrucción 9/2011, de 1 de julio, que regula el procedimiento de gestión admininistrativa de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, cuando un penado no acude a la cita del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, y no está ingresado en un centro penitenciario, se comunica:

a- Al Juzgado ejecutor, como máximo un mes después de producida la incomparecencia y se archiva el expediente en ese mismo acto.
b- Al Centro Directivo, como máximo dos meses después de producida la incomparecencia y se archiva el expediente en ese mismo acto.
c- Al Juzgado ejecutor, como máximo dos meses después de producida la incomparecencia y se archiva el expediente en ese mismo acto.
d- Al Centro Directivo, como máximo dos meses después de producida la incomparecencia y se archiva el expediente en ese mismo acto.

58.- En relación con el cumplimiento de la pena de localización permanente en centro penitenciario, teniendo en cuenta la regulación establecida en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, señale la opción incorrecta:

a- Recibida la resolución o mandamiento judicial que determine el cumplimiento de la pena de localización permanente en establecimiento penitenciario, así como por los particulares necesarios, por el establecimiento penitenciario se definirá el plan de ejecución y será comunicao al órgano jurisdiccional competente para la ejecución, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.
b- En el caso de que el penado acredite fehacientemente que se opone al plan de ejecución, se informará al órgano jurisdiccional competente para la ejecución de tal hecho, a los efectos que considere oportunos.
c- Cuando conforme a lo establecido en el artículo 37.1 del Código Penal así se disponga por la autoridad judicial, la pena de localización permanente se cumplirá los sábados, domingos y días festivos en el establecimiento penitenciario más próximo al domicilio del penado. En el caso de que existan varios establecimientos penitenciarios en la misma localidad, el lugar de cumplimiento se determinará a elección del penado.
d- La Administración penitenciaria será competente para la ejecución de la pena de localización permanente en los casos en los que haya recaído resolución judicial que acuerde que el lugar de cumplimiento sea un establecimiento penitenciario.

59.- En relación al plazo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad establecido en el artículo 81 del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre:

a- El plazo de suspensión será de uno a cinco años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves.
b- El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de libertad no superiores a cinco años, y de tres meses a un año para las penas leves.
c- El plazo de suspensión será de dos a tres años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves.
d- El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves.

60.- Según el Manual de Procedimiento Administrativo sobre Plan de Formación Profesional para el empleo en el Centro, ¿qué órgano del centro penitenciario es el encargado de autorizar la tramitación ante la Gerencia de la entidad estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo de las propuestas formuladas por el gestor de Formación e Inserción Laboral para la adquisición de equipamiento?

a- La Junta de Tratamiento.
b- El Consejo de Dirección.
c- La Junta Económica-Administración.
d- El Director.

61.- Según el Manuel de Procedimiento Administrativo sobre Plan de Formación Profesional para el empleo en el centro, el gestor de formación e inserción laboral propone a la Junta de Tratamiento las bajas en el curso del alumnado:

a- Que tenga más de tres faltas de asistencia sin justificar al mes, o una inasistencia acumulada del 25% de la duración de la acción formativa, sea por la causa que fuere.
b- Que tenga más de dos faltas de asistencia sin justificar al mes, o una inasistencia acumulada del 15% de la duración de la acción formativa, sea por la causa que fuere.
c- Que tenga más de dos faltas de asistencia sin justificar al mes, o una inasistencia acumulada del 25% de la duración de la acción formativa, sea por la causa que fuere.
d- Que tenga más de tres faltas de asistencia sin justificar al mes, o una inasistencia acumulada del 15% de la duración de la acción formativa, sea por la causa que fuere.

62.- En relación a las inspecciones de las instalaciones en los sistemas fijos de extinción de incendios en los centros penitenciarios:

a- La instalación de rociadores deberá someterse cada seis meses a una serie de operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento.
b- La instalación de extinción por polvo se inspeccionará como mínimo una vez cada dos años.
c- Al menos una vez cada año, se verificará la presión de las botellas de gas impulsor.
d- Las instalaciones de extinción por agentes extintores gaseosos, se inspeccionarán como mínimo una vez al año.

63.- ¿Cada cuánto tiempo deberá ser sometida a una presión de prueba de 15 kg/cm2 la manguera de la instalación de la boca de riego?

a- Seis meses.
b- Un año.
c- Dos años.
d- Cinco años.

64.- Notificada la incoacción del procedimiento sancionador a la persona interesada y presentadas recusaciones por la misma, la autoridad que acordó el nombramiento del instructor y, en su caso, del secretario, tiene un plazo para resolver de:

a- 10 días.
b- 1 mes.
c- 3 días.
d- 15 días.

65.- El artículo 98.2 del Real Decreto Legislativo 5/5015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que el procedimiento disciplinario se estructurará atendiendo a los principios de:

a- Culpabilidad, proporcionalidad y retroactividad.
b- Legalidad, tipificidad e irretroactividad.
c- Celeridad, economía procesal y eficacia.
d- Irretroactividad, legalidad y proporcionalidad.

66.- El personal civil no funcionario de las administraciones públicas vinculado con la Administración con anterioridad al 1 de enero de 2011, y siempre que no estén incluidos por ley especial en otro régimen, se encuentran incluidos en el:

a- Régimen General de la Seguridad Social.
b- Régimen Especial de Personal Laboral de la Administración General del Estado.
c- Sistema Especial Integrado en el Régimen General de la Seguridad Social.
d- Mutualismo Administrativo.

67.- Causan baja como mutualistas obligatorios, salvo que opten y abonen y exclusivamente a su cargo las cuotas correspondientes al funcionario y al Estado:

a- El personal funcionario que pasa a la situación de servicios especiales.
b- El funcionario en suspensión firme de funciones.
c- El personal funcionario que pasa a la situación de excedencia voluntaria.
d- El personal funcionario jubilado.

68.- Los órganos de seguimiento y aplicación del IV Convenio Unico para el Personal Laboral de la Administración General del Estado son:

a- La Comisión Sectorial de la Administración Pública y la Comisión de Coordinación del Empleo Público.
b- La Comisión Negociadora y la Comisión Paritaria.
c- El Pleno y la Comisión Permanente.
d- La representación legal de las personas trabajadoras y la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Secretaría de Estado de Función Pública.

69.- El IV Convenio Colectivo Unico para el Personal Laboral de la Administración General del Estado establece los grupos profesionales de acuerdo a:

a- La titulación exigida.
b- Las condiciones generales de los puestos de trabajo.
c- Las especialidades profesionales.
d- Las funciones y responsabilidades inherentes a los puestos de trabajo.

70.- Según el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no son materia de negociación:

a- Los criterios generales de acción social.
b- La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.
c- Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.
d- La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezcan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas.

71.- La Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, en su artículo 1 señala que, a los efectos de esta Ley se entiende por reunión:

a- La concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas con finalidad determinada.
b- El acto por el que un grupo de personas se unen con un propósito común.
c- Agrupación de más de 30 personas, que se da de forma planedada y que pueden responder a objetivos distintos.
d- Concurrencia de un número determinado de personas que, por medio de un trabajo colectivo, buscan alcanzar un objetivo concreto.

72.- ¿Cuáles de las siguientes no es una condición de trabajo conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales?

a- La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
b- Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.
c- Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
d- Los procecidimientos para la utilización de los agentes físicos, químicos y biológicos que influyan en la generación de riesgos laborales.

73.- Conforme al artículo 4.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entiende por riesgo laboral:

a- La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
b- Cualquier elemento que puede causar un daño a las personas en el ámbito laboral.
c- El elemento o conjunto de elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden desencadenar una disminución en la salud del trabajador.
d- La probabilidad de daños a las personas en el lugar de trabajo debido a las amenazas propias y a la vulnerabilidad de los elementos expuestos.

74.- ¿Cuál de las siguientes opciones es causa de anulabilidad de un acto administrativo conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

a- La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo cuando así lo imponga la naturaleza del término del plazo.
b- Haber sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
c- Los actos administrativos con un contenido imposible.
d- Los actos de las Administraciones Públicas que constituyan infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

75.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el apartado 2 de su artículo 41 establece que una notificación no se realizará por medios electrónicos cuando:

a- Contengan datos considerados especialmente protegidos conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
b- Contengan datos personales de personas distintas a la notificada.
c- Contengan medios de pago a favor de los obligados.
d- Cuando no esté justificado que la persona interesada cuenta con medios suficientes para poder ser notificado electrónicamente.

76.- Señale la respuesta incorrecta. En atención a lo expuesto por el artículo 195 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, ¿qué documentación ha de contener, en su caso, el expediente de libertad condicional?

a- Testimonio de sentencia o sentencias recaídas y de la correspondiente liquidación de condena.
b- Certificación acreditativa de los beneficios penitenciarios y de la clasificación del penado, sin perjuicio del grado en el que se encuentre.
c- Informe pronóstico de integración social, emitido por la Junta de Tratamiento.
d- Acta de compromiso de acogida por parte de su familia, persona allegad o instituciones sociales extra penitenciarias.

77.- Según establece el artículo 11 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, los penados a trabajos en beneficio de la comunidad que se encuentren cumpliéndola, unicamente estarán incluidos en la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social a efectos de:

a- Las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los días de prestación efectiva de dicho trabajo, salvo que realicen el cumplimiento de esta pena mediante su participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares, en cuyo caso estarán excluidos de la citada acción protectora.
b- Las contigencias de accidentes de trabajo y enfermades comunes por los días de prestación efectiva de dicho trabajo, salvo que realicen el cumplimiento de esta pena mediante su participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares, en cuyo caso estarán excluidos de la citada acción protectora.
c- Las contingencias de accidentes de trabajo y enfermades profesionales por los días de prestación efectiva de dicho trabajo, aunque realicen el cumplimiento de esta pena mediante su participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.
d- Ninguna de las anteriores es correcta.

78.- El programa inOut, perteneciente al Programa Reincorpora, incluye la formación de los internos centrada en la realización de unidades de competencia que complementarán el Certificado de Profesionalidad realizado en el centro penitenciario, tendrá una duración máxima, según el Manual de Procedimiento Administrativo del Plan de Inserción Social, de:

a- 100 horas, incluyendo la realización de 40-60 horas de prácticas profesionales no laborales.
b- 180 horas, incluyendo la realización de 100-120 horas de prácticas profesionales no laborales.
c- 180 horas, incluyendo la realización de 60-80 horas de prácticas profesionales no laborales.
d- 100 horas, incluyendo la realización de 60-80 horas de prácticas profesionales no laborales.

79.- Según la Instrucción 4/2022, de 28 de julio, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, como criterio general, el sistema de videovigilancia de un centro deberá cubrir todas las zonas y dependencias comunes de uso general para posibilitar el tratamiento penitenciario y la consecución de los fines previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. Igualmente, se estima necesario disponer de videovigilancia en una serie de de lugares concretos, entre los que no se encuentra:

a- Lugar donde se encuentren depositados los medios coercitivos.
b- Las celdas destinadas a la aplicación del medio coercitivos de aislamiento provisional.
c- Las celdas destinadas a la sujeción mecánica de temporalidad reducida.
d- Las dependencias destinadas en concreto a la realización de cacheos con desnudo integral, que contarán con sistema independiente de grabación de sonido y elementos que preserven la intimidad de la persona afectada.

80.- Conforme establece el artículo 279 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde a la Junta Económico-Administrativa?

a- Dirigir los servicios administrativos del Establecimiento, sin perjuicio de la supervisión del Director.
b- El seguimiento y control de los gastos y de la ejecución presupuestaria del centro penitenciario en la forma que se determine por el centro directivo.
c- El seguimiento y control de los gasto y de la ejeecución presupuestaria del centro penitenciario en la forma que determine el Director
d- El seguimiento y control de los gastos y de la ejecución presupuestaria del centro penitenciario en la forma que determine el Administrador.

81.- Conforme establece el artículo 19 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, los internos trabajadores sujetos a la relación laboral especial penitenciaria, cuando sean liberados de prisión:

a- No estarán protegidos por la contingencia de desempleo, en los términos establecidos en el Reglamento Penitenciario. b- Estarán protegidos por la contingencia de desempleo, en los términos establecidos en el Reglamento Penitenciario. c- Estarán protegidos por la contingencia de desempleo, en los términos establecidos en la Ley General de la Seguridad Social d. Una vez liberados, no estarán protegidos por ninguna contingencia.

82.- Conforme establece el artículo 16 del Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba el estatuto de la entidad de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, en el supuesto de que la ejecución de obras, la fabricación de bienes muebles o la prestación de servicios por la entidad se lleve a cabo con la colaboración de empresarios particulares:

a- El importe de la parte de prestación a cargo de éstos deberá ser inferior al 70% del importe total del proyecto, suministro o servicio.
b- El importe de la parte de prestación a cargo de éstos deberá ser inferior al 50% del importe total del proyecto, suministo o servicio.
c- El importe de la parte de prestación a cargo de éstos deberá ser inferior al 60% del importe total del proyecto, suministro o servicio.
d- El importe de la parte de prestación a cargo de éstos no tiene límite fijo, depende de cada caso.

83.- Según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, ¿cuál de las siguientes infracciones no se considera leve?

a- El incumplimiento de la obligación de informar a la persona afectada, cuando así lo haya solicitado, de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales rectificados, suprimidos o respecto de los que se ha limitado el tratamiento.
b- No publicar los datos de contacto del delegado de protección de datos o no comunicarlos a la autoridad de protección de datos, cuando su nombramiento sea exigible de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/79 y el artículo 34 de esta Ley Orgánica
c- El incumplimiento de la obligación de suprimir los datos referidos a una persona fallecida cuando ello fuera exigible conforme al artículo 3 de esta Ley Orgánica
d- La utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos, sin contar con el consentimiento de la persona afectada o con una base legal para ello.

84.- Señale la respuesta incorrecta. En relación al artículo 63 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

a- La pérdida de la nacionalidad.
b- La jubilación total del funcionario.
c- La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público, aunque no tuviere un carácter firme.
d- La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.

85.- Según lo establecido en el Real Decreto 462/2022, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio:

a- Toda comisión con derecho a indmenización, salvo casos excepcionales, no durará más de tres meses en territorio nacional y de seis en el extranjero.
b- La designación de las comisiones de servicio con derecho a indemnización compete al Subsecretario de cada Departamento ministerial o a la autoridad superior del Organismo o Entidad correspondiente.
c- Toda comisión con derecho a indemnización, salvo casos excepcionales, no durará más de un mes en territorio nacional y de seis en el extranjero.
d- La duración de la residencia eventual no podrá exceder de un año, y no cabe la posibilidad de prórroga.

86.- Conforme al artículo 33 de Estatuto Básico del Empleado Público, la negociación colectiva de condiciones de trabajo del funcionariado público estará sujeta a los principios de:

a- Legalidad, interés general, diálogo, representación, publicidad y transparencia.
b- Beneficio mutuo, publicidad, legalidad y cobertura presupuestaria.
c- Legalidad, obligatoriedad, cobertura presupuestaria, buena fe negocial, publicidad y transparencia.
d- Flexibilidad, objetividad, bilateralidad, buena fe, legalidad, economía, publicidad y transparencia.

87.- Conforme al artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada en el plazo de:

a- 1O días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
b- 15 días a partir de la fecha en que el acto sea definitivo en vía administrativa.
c- 1 O días a partir de la fecha en que el acto sea definitivo en vía administrativa.
d- 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

88. En relación a las Leyes de los Presupuestos Generales del Estado:

a- Corresponde a las Cortes Generales su elaboración.
b- Deben ser aprobadas por el Gobierno.
c- Deberán ser presentadas ante el Congreso de los Diputados al menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior.
d- La elaboración corresponde al Gobierno.

89.- El artículo 36 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, establece que la Comisión de Políticas de Gasto, cuya composición se determinará por orden del Ministro/a de Hacienda, se constituye con el fin de:

a- Establecer las directrices para la distribución del gasto, estableciendo los criterios de elaboración de las propuestas de presupuestos y sus límites cuantitativos con las prioridades y limitaciones que deban respetarse.
b- Fijar el límite anual de gasto no financiero.
c- Autorizar, en su caso, las modificaciones que, durante la vigencia de los presupuestos, se propongan por los órganos gestores.
d- Elevar el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado al acuerdo del Gobierno.

90.- Uno de los siguientes ingresos no puede generar crédito, según el artículo 53 de la Ley General Presupuestaria:

a- Reembolso de préstamos.
b- Canon por explotación de la cafetería de un establecimiento penitenciario.
c- Reintegros por pagos indebidos.
d- Prestación de servicios.

91.- Según el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público ¿cuándo pueden considerarse los contratos de servicios como contratos menores?

a- Cuando su valor estimado sea inferior a 18.000 euros.
b- Cuando su valor estimado sea inferior a 40.000 euros.
c- Cuando su valor estimado sea inferior a 15.000 euros.
d- Cuando el importe no supere los 35.000 euros impuestos incluidos.

92.- El artículo 140 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria determina que el control interno de la gestión económica y financiera del sector público estatal corresponde:

a- En los departamentos ministeriales a la Subsecretaría de cada Ministerio.
b- Al Tribunal de Cuentas.
c- Al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
d- A la Intervención General de la Administración del Estado.

93. Según el artículo 79.6 de la Ley General Presupuestaria la aprobación o reparo de la cuenta justificativa presentada por los perceptores de pagos a justificar se llevará cabo, por parte de la autoridad competente, en el plazo de:

a- Los dos meses siguientes a la fecha de aportación de los documentos justificativos.
b- Tres meses después de presentada la cuenta justificativa, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrá ser en el plazo de seis meses.
c- Un mes desde la presentación de la cuenta justificativa.
d- Los veinte días siguientes a la fecha de aportación de los documentos justificativos.

94.- El artículo 131 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece que:

a- La Cuenta General del Estado de cada año se formará por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al Ministerio de Hacienda para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del día 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.
b- La Cuenta General del Estado de cada año se formará por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del día 31 de diciembre del año siguiente al que se refiera.
c- La Cuenta General del Estado solo deberá suministrar información sobre la situación patrimonial y financiera del Estado.
d- La Cuenta General del Estado de cada año se formará por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del día 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.

95.- En los procedimientos iniciados a solicitud de la persona interesada, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa:

a- Legitima a la persona interesada, en cualquier caso, para entender estimada su pretensión por silencio administrativo.
b- El silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio en todo tipo de procedimientos.
c- El silencio administrativo, si es desestimatorio, eximirá a la Administración de dictar resolución expresa.
d- El sentido del silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Española.

96. Contra los actos de trámite de un procedimiento administrativo:

a- No se podrá interponer recurso administrativo alguno.
b- Se podrá interponer recurso administrativo si éstos determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, aunque no podrá estar fundamentado en motivos de anulabilidad, previstos en el artículo 48 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c- Se podrá interponer recurso administrativo si éstos producen indefensión, que no podrá estar fundamentado en motivos de nulidad, previstos en el artículo 4 7 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
d- Se podrá interponer recurso administrativo si éstos producen un perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos a las personas interesadas, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

97. ¿Es posible la iniciación de oficio por parte de la Administración de un procedimiento de responsabilidad patrimonial?

a- En ningún caso, ya que el art. 106.2 de la Constitución Española lo prohíbe expresamente al legitimar únicamente a los particulares para iniciar este tipo de procedimientos.
b- Es perfectamente posible siempre y cuando no haya prescrito el derecho a la reclamación de la persona interesada.
c- Es perfectamente posible, en cualquier caso, dado que la Administración no está sujeta a ninguno de los requisitos exigibles a las personas interesadas.
d- Es únicamente posible en los supuestos en que la evaluación económica sea inferior a 50.000 euros.

98.- Conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento ordinario de concesión de las mismas se tramitará en régimen de:

a- Concurrencia competitiva.
b- Concurrencia no competitiva.
c- Concurrencia limitada.
d- Ninguna respuesta es correcta.

99.- El expediente de expropiación forzosa se iniciará con:

a- El acuerdo de necesidad de ocupación.
b- La determinación del justo precio.
c- En cualquier caso con la ocupación del bien expropiar.
d- Por la declaración de utilidad pública o interés social del bien a expropiar

100.- El emplazamiento de la Administración demandada ante la Jurisdición Contencioso-administrativa se entenderá efectuado:

a- Por medio de notificación expresa por parte del Juzgado o Tribunal en el plazo de cinco días siguientes a la admisión del escrito de interposición.
b- Por medio de notificación expresa por parte del Juzgado o Tribunal en el plazo de nueve días, siguientes a la admisión del escrito de interposición.
c- Por medio de notificación expresa por parte del Juzgado o Tribunal, en el plazo de quince días siguientes a la admisión del escrito de interposición.
d- Por la reclamación del expediente administrativo.

101.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 116.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, ley 9/2017, de 8 de noviembre, al expediente de contratación se incorporan:

a- El pliego de cláusulas admininistrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato.
b- El Pliego de Cláusulas Administrativas exclusivamente.
c- En los supuestos de que el procedimiento elegido sea el diálogo competitivo el pliego de prescripciones técnicas.
d- Cualquier documento que el órgano de contratación considere oportuno.

102.- Según determina el artículo 16 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, en relación con la presentación voluntaria en un centro penitenciario:

a- El director del centro recabará del Juez o Tribunal, dentro de las setenta y dos horas siguientes al ingreso, el correspondiente mandamiento, así como, en su caso, el testimonio de sentencia y liquidación de condena.
b- Cuando se trate de internos evadidos que decidiesen voluntariamente reingresar en un establecimiento distinto del originario, se les informará que deben dirigirse al establecimiento penitenciario desde donde se produjo la evasión.
c- Si transcurrido el plazo de las setenta y dos horas siguientes al ingreso, no se hubiese recibido en el centro la documentación que legalice el mismo, se procederá a la excarcelación del ingresado.
d- No podrá ser admitido en un establecimiento penitenciario quien se presente voluntariamente.

103.- Según lo regulado en el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo al servicio en otras Administraciones Públicas:

a- El funcionariado transferido a las comunidades autónomas se integra plenamente en la organización de la Función Pública de las mismas, hallándose en la situación de servicios especiales en la Función Pública de la comunidad autónoma en la que se integra.
b- El funcionariado transferido mantiene todos sus derechos en la Administración Pública de origen como si se hallara en servicio activo, de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía.
c- El tiempo de servicio en la Administración Pública en la que estén destinados se les computará como excedencia en su cuerpo o escala de origen.
d- El funcionariado que reingrese al servicio activo en la Administración de origen, procedente de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, no podrá obtener el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva.