1.- El nombramiento de Defensor del Pueblo se realizará mediante el sistema siguiente:
a- La propuesta de candidato se realizará por la Comisión mixta de las Cámaras encargada de las relaciones con el Defensor del Pueblo. Posteriormente su designación necesita una votación favorable de tres quintos de los miembros de cada Cámara en sesiones plenarias. En caso negativo, sucesivas propuestas necesitarán tres quintos de votos favorables del Congreso y mayoría absoluta del Senado.
b- La propuesta de candidato se realiza por la Comisión del Congreso de los Diputados encargada de las relaciones con el Defensor del Pueblo. Posteriormente, para su designación, necesita votación favorable de tres quintos de los miembros de la Cámara. En caso negativo, sucesivas propuestas necesitarán mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.
c- La propuesta de candidato se hace, en reunión conjunta, por las comisiones de las Cámaras encargadas de las relaciones con el Defensor del Pueblo. Posteriormente, para su desiganación, necesita una votación favorable de los dos tercios de los miembros de cada Cámara en sesión plenaria. En caso negativo, sucesivas propuestas necesitarán tres quintos de votos favorables del Congreso de los Diputados y dos tercios del Senado.
d- La propuesta de candidato se hace, en reunión de la Comisión Mixta de las Cámaras encargada de las relaciones con el Defensor del Pueblo. Posteriormente, para su designación, necesita una votación favorable de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara en sesión plenaria. En caso negativo, se tendrá que proceder, tras el transcurso de dos meses, a volver a repetir dicho sistema de elección.
2.- Uno de los principios rectores del Poder Judicial es la independencia; dicho principio se logra por la conjunción de diversos elementos, que son:
a- Autogobierno, legalidad y responsabilidad.
b- Inamovilidad, legalidad y responsabilidad.
c- Inamovilidad, incompatibilidades y prohibiciones, autogobierno y legalidad.
d- Inamovilidad, responsabilidad, incompatibilidades y prohibiciones y legalidad.
3.- El Fiscal General del Estado será nombrado por:
a- El Rey, a propuesta del Congreso de los Diputados, por mayoría de dos tercios de sus miembros.
b- El Rey, a propuesta del Ministro de Justicia, con refrendo del Presidente del Gobierno.
c- El Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
d- El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
4.- Según el artículo 12.1 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas, los ministros y los Secretarios de Estado son los órganos de contratación de la Administración General del Estado y están facultados para celebrar en su nombre los contratos, en el ámbito de su competencia. Este mismo artículo en su punto 2 determina que: "No obstante, el órgano de contratación necesitará la autorización del Consejo de Ministros, en los siguientes supuestos":
a- Cuando el precio sea igual o superior a 1.000.000.000 pesetas y en los contratos de contratación anticipada y plurianual, al comprometer créditos de años futuros.
b- Cuando el ministro o secretario de Estado así lo determinen en razón del objeto del contrato y de su cuantía.
c- Cuando el contrato afecte a varios Ministerios, siendo por ello competencia del Consejo de Ministros.
d- Cuando el presupuesto sea igual o superior a 2.000.000.000 pesetas. O en los contratos de carácter plurianual, cuando se modifiquen los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto a los que se refiere el artículo 61 de la Ley General Presupuestaria.
5.- De acuerdo con artículo 53.3 de la C.E., los principios rectores de la política social y económica recogidos en sus artículos 39 a 52 del Capítulo Tercero del Título I, podrán ser objeto de protección ante la jurisdicción ordinaria:
a- Mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
b- Mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
c- De acuerdo con lo que dispongan las Leyes que los desarrollen.
d- Mediante el recurso de inconstitucionalidad a aquellas leyes que los desarrollen.
6.- Dentro de su ámbito de competencias, el Defensor del Pueblo puede recibir quejas sobre la Administración de Justicia. Cuando reciba éstas, el procedimiento que debe de seguir dicha institución será:
a- Deberá dirigirlas al Ministerio de Justicia para que se inicie un expediente para la investigación de la realidad y adopte las medidas oportunas con arreglo a la Ley, o bien se dé traslado al Ministerio Fiscal, según el tipo de reclamación de que se trate. Todo ello sin perjuicio de la referencia que en su informe general a las Cortes Generales pueda hacer al tema.
b- Deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal para que éste investigue su realidad y adopte las medidas oportunas con arreglo a la Ley, o bien dé traslado de las mismas al Consejo General del Poder Judicial, según el tipo de reclamación de que se trate; todo ello sin perjuicio de la referencia que en su informe general a las Cortes Generales pueda hacer al tema.
c- Deberá dirigirlas al Consejo General del Poder Judicial, para que éste a través del Ministerio Fiscal investigue su realidad y adopte las medidas oportunas con arreglo a la Ley, o bien dé traslado de las mismas a la Policía Judicial, según el tipo de reclamación de que se trate, todo ello sin perjuicio de la referencia que en su informe general a las Cortes Generales pueda hacer al tema.
d- Todas ellas son falsas, ya que no se pueden formular quejas sobre la Administración de Justicia al Defensor del Pueblo directamente, sino a través de la Comisión mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo.
7.- Se incorporarán al Libro de Quejas y Sugerencias en el que los ciudadanos formularán sus quejas o sugerencias por escrito:
a- Unicamente aquellas reclamaciones que se ajusten a impreso normalizado.
b- Unicamente las presentadas personalmente en las Oficinas y Registros a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.
c- Las cursadas sin sujeción a impreso alguno y presentadas en las oficinas y registros a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/92, y las remitidas personalmente o por correo siempre que no se presenten de forma anónima.
d- Las cursadas sin sujeción a impreso alguno y presentadas en las oficinas y registros a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/92, y las remitidas personalmente o por correo, aunque se presente de forma anónima.
8.- De acuerdo con la LOFAGE, los directores insulares dependen jerárquicamente de:
a- El ministro de Administraciones Públicas, ejerciendo las competencias, en su ámbito territorial, atribuidas a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.
b- El delegado del Gobierno de cada comunidad autónoma, ejerciendo las competencias atribuidas a éstos en su territorio.
c- El Delegado del Gobierno en la comunidad autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por esta Ley a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.
d- No dependen jerárquicamente más que del Consejo de Ministros que los designa para el cargo, manteniendo sus relaciones a través del Ministerio para las Administraciones Públicas. Ejercen sus funciones, según la presente ley, dentro del ámbito territorial que les corresponde.
9.- La Comisión Europea es el órgano de representación del interés comunitario y para cumplir tal fin tiene asignadas una serie de competencias según el TCE, que son:
a- De control, normativas, de gestión, de negociación, de discrecionalidad, de cooperación leal con las autoridades de los Estados Miembros.
b- Normativas, de decisión, de recomendación y asesoramiento, de derechos de defensa, de motivación y de negociación.
c- De control, normativas, de decisión, de recomendación y asesoramiento de gestión, de negociación, de autoorganización, y todas las demás que el Consejo le atribuya para la ejecución de las normas por él establecidas.
d- De control, normativas, de gestión, de negociación, de recomendación y asesoramiento, de cooperación leal con las autoridades de los Estados miembros, de discrecionalidad y todas las demás que el Consejo le atribuya para la ejecución de las normas por él establecidas.
10.- La Constitución Española de 1978 determina en su artículo 152, que el presidente de una comunidad autónoma será elegido por la Asamblea, de entre sus miembros. ¿Necesita ser nombrado por el Rey?
a- Sí, pues así lo determina el propio artículo 152.
b- No, porque al ser elegido por la Asamblea no necesita dicho nombramiento, al ser una Administración autonómica.
c- No, ya que tiene que ser nombrado por el Presidente del Gobierno español.
d- Todas las alternativas son falsas, ya que el presidente de la comunidad autónoma lo nombra el Consejo de Gobierno de la comunidad entres sus miembros.
11.- La denominada cuestión prejudicial es:
a- Un mecanismo judicial con que cuenta el TJ para valorar una demanda realizada sobre una cuestión concreta.
b- Un instrumento de colaboración entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el TJ para garantizar la aplicación e interpretación uniforme del derecho comunitario en todos los Estados miembros.
c- Un instrumento de colaboración entre el TJ y el Consejo para asegurarse que las normas comunitarias se ajustan a los Tratados constitutivos, a fin de garantizar su aplicación en todos los Estados miembros.
d- En el ámbito europeo del TJ no se da la cuestión prejudicial, sino el denominado recurso de anulación que tiene por objeto controlar la legalidad de los actos emanados de las instituciones comunitarias.
12.- Dentro de la denominada ordenación del territorio, un aspecto fundamental es la protección del medio ambiente y calidad de vida. En el artículo 45 de la Constitución Española de 1978 se contiene dicha materia, determinándose en su punto 2 que "los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente...". De acuerdo con los artículos 148.1.9 y 149.1.23 la distribución competencial en materia de medio ambiente corresponde al Estado en exclusiva la legislación básica sobre protección del medio ambiente y a las comunidades autónomas la gestión en materia de protección del medio ambiente. Tras el ingreso de España en 1986 en la hoy Unión Europea, ¿ha sufrido alguna influencia nuestro ordenamiento jurídico por la recepción del denominado acervo comunitario sobre dicha materia?
a- Sí, pero sólo lo referente a la ordenación urbanística del Territorio.
b- No, porque la legislación española, tanto la estatal como la autónomica, todavía no se ha adaptado a ninguna directiva comunitaria.
c- Sí, dictándose legislación, tanto estatal como autonómica, de adaptación o como consecuencia de directivas de la Comunidad Europea.
d- No tiene competencia la Unión Europea sobre medio ambiente sino sólo sobre ordenación urbanística del Territorio y sobre recursos naturales, por lo que el medio ambiente es materia exclusiva del Estado y de las comunidades autónomas.
13.- Dentro de la organización territorial del Estado del Título VIII de la Constitución Española de 1978, conforme con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, podemos decir que la Constitución, en la distribución del poder:
a- Prefigura una distribución horizontal del poder público entre entidades del mismo nivel que son, fundamentalmente, el Estado, titular de la soberanía y las comunidades autónomas, caracterizadas por su autonomía política.
b- Prefigura una distribución vertical del poder público entre entidades de distinto nivel que son, fundamentalmente, el Estado, titular de la soberanía, las comunidades autónomas, caracterizadas por su autonomía política, y las provincias y municipios, dotadas de autonomía administrativa de distinto ámbito.
c- Prefigura una distribución vertical del poder público entre entidades de distinto nivel, como son el Estado, y las comunidades autónomas y provincias y municipios, caracterizadas todas ellas por su autonomía política.
d- Supone una relación con respecto al poder público de igualdad entre el Estado, las comunidades autónomas, las provincias y el municipio, ya que en todas ellas se residencia la soberanía.
14.- De conformidad con la Constitución de 1978, el Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma ejerce:
a- Funciones judiciales y ejecutivas junto con el Presidente de la comunidad.
b- Funciones ejecutivas y legislativas.
c- Funciones ejecutivas y administrativas.
d- Funciones legislativas.
15.- El Reglamento Penitenciario de 1996 (R.D. 190/96 de 9 de febrero) se refiere a las funciones asignadas a los funcionarios en cada uno de los puestos de trabajo en los centros penitenciarios en:
a- El Título X.
b- La Disposición adicional primera.
c- La Disposición adicional tercera.
d- La Disposición adicional quinta.
16.- La Constitución Española de 1978 en su artículo 152 establece, con respecto al ámbito judicial, la existencia de un Tribunal Superior de Justicia que, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Ahora bien, la relación de dicho tribunal con la Comunidad Autónoma será:
a- Una relación orgánica, ya que el Tribunal Superior es la instancia judicial superior dentro de dicha Comunidad.
b- Una relación orgánica, ya que a los miembros del Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma los nombran la Asamblea legislativa de la Comunidad.
c- Una relación territorial que deriva del lugar de su sede, dependiendo en cuanto órgano jurisdiccional del Poder Judicial, único existente en el Estado.
d- No se produce ninguna relación entre dicho Tribunal Superior de Justicia y la Comunidad Autónoma, puesto que depende del Poder Judicial único existente en el Estado.
17.- La competencia del reconocimiento del grado personal respecto de los funcionarios destinados en los Servicios Periféricos de Instituciones Penitenciarias corresponde al:
a- Director General de II.PP.
b- Director General de II.PP., por delegación del Subsecretario de Interior.
c- Subdirector General de Personal de II.PP., por delegación del Subsecretario del Interior.
d- Subdirector General de Personal de II.PP., por delegación del Director general de II.PP.
18.- Visitar durante el servicio los locales del Establecimiento para cerciorarse de su estado de conservación, orden, limpieza y seguridad, es una función que corresponde al:
a- Subdirector de Seguridad.
b- Administrador.
c- Jefe de Servicios.
d- Médico.
19.- En la situación de expectativa de destino, un funcionario tiene derecho a:
a- Percibir las retribuciones básicas del grupo en el que esté incluido su Cuerpo, el complemento de destino correspondiente a su grado personal y el 50% del complemento específico del puesto que estuviera desempeñando antes de pasar a dicha situación.
b- Percibir durante tres meses el 100% de las retribuciones básicas, el complemento de destino de su grado personal, y las 2/3 partes del complemento específico del puesto que desempeñaba.
c- Percibir durante 3 meses, el 100% de las retribuciones del puesto que desempeñaba.
d- Percibir las retribuciones básicas y el complemento específico del puesto que desempeñaba.
20.- La suspensión del contrato de trabajo supone:
a- Ruptura de la relación contraactual.
b- Exoneración de la prestación del servicio aunque se siguen percibiendo las retribuciones correspondientes al salario base.
c- Exoneración de la prestación del servicio y de la remuneración que se percibe.
d- La extinción del contrato.
21.- A los funcionarios cesados en puestos de libre designación y a los removidos de los obtenidos por concurso:
a- Se les atribuirá el desempeño provisional de un puesto de trabajo.
b- Se les atribuirá un puesto en comisión de servicios.
c- Quedarán en expectativa de destino.
d- Se les realizará una atribución temporal de funciones.
22.- La memoria principal de un ordenador (RAM):
a- Suele tener un soporte de tipo magnético o, recientemente, óptico.
b- Es de sólo lectura.
c- Conserva la información aunque se apague el ordenador.
d- Permite tanto la lectura como la escritura y es de direccionamiento aleatorio.
23.- La sanción de suspensión de funciones por falta muy grave tendrá una duración de:
a- Mínimo de 3 meses y máximo de 2 años.
b- Mínimo de 3 años y máximo de 6 años.
c- Mínimo de 3 meses y máximo de 6 años.
d- Máximo de 6 años.
24.- Si un procedimiento disciplinario se inició como consecuencia de una denuncia:
a- El procedimiento nunca puede iniciarse como consecuencia de una denuncia.
b- La resolución del procedimiento no puede ser notificada al firmante de la denuncia.
c- La resolución del prodedimiento deberá ser comunicada al firmante de la denuncia.
d- La resolución del procedimiento deberá comunicarse al Director de la Unidad Administrativa.
25.- ¿Qué actuaciones voluntarias quedan incluidas en el ámbito de la Ley 6/1996, reguladora del voluntariado social?
a- Las actuaciones voluntarias esporádicas.
b- Las prestadas al margen de organizaciones públicas y privadas sin ánimo de lucro.
c- Las ejecutadas por razones familiares de amistad o buena vecindad.
d- Ninguna de las anteriores.
26.- La excedencia voluntaria incentivada tendrá, de conformidad con el R.D. 365/95 de 10 de marzo, una duración de:
a- De cinco años e impedirá desempeñar puestos de trabajo en el sector público.
b- De cinco años y el funcionario podrá desarrollar cualquier actividad laboral en el sector público.
c- De quince años y podrá desempeñar cualquier actividad laboral.
d- No existe en la legislación actual la situación de excedencia voluntaria incentivada.
27.- Señale en cuál de las siguientes situaciones el funcionario público no se encuentra en situación de servicios especiales:
a- Cuando adquiera la condición de funcionario al servicio de organizaciones internacionales.
b- Cuando acceda a la condición de miembro de las Asambleas Legislativas de las CC.AA. y se perciban retribuciones periódicas por su desempeño.
c- Cuando desempeñe cargos electivos no retribuidos en las Corporaciones Locales.
d- Cuando sean elegidos miembros del Parlamento Europeo.
28.- Los funcionarios en prácticas que no superen el curso selectivo, perderán el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera:
a- Mediante resolución motivada de la autoridad que haya efectuado la convocatoria a propuesta del órgano responsable de la evaluación del curso selectivo.
b- Mediante resolución motivada de la Subdirección General de Personal de la Unidad Administrativa a la que corresponda.
c- Mediante resolución motivada de la autoridad convocante con indicación expresa de los recursos que caben contra la misma.
d- Mediante resolución de la autoridad competente y a propuesta del tribunal seleccionador.
29.- Por el tipo de declaración que contienen las actas de las sesiones celebradas por un tribunal calificador de pruebas selectivas para acceder a uno de los cuerpos de la Administración Penitenciaria, éstas constituyen un documento administrativo:
a- De decisión.
b- De transmisión.
c- De constancia.
d- De juicio.
30.- Cuando decimos que, además de prestar servicio a los archivos de oficina, su misión es el estudio y valoración de las series documentales, nos estamos refiriendo al:
31.- La coordinación territorial de la información administrativa para asegurar la conexión funcional permanente de las distintas unidades de información administrativa territoriales entre sí y con el propio Centro de Información Administrativa corresponde a:
a- Los delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
b- Los representantes de la información administrativa de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
c- El Centro de Información Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas.
d- El Centro de Información Administrativa de la Presidencia del Gobierno.
32.- Conforme con el artículo 98.1 CE, el Gobierno es:
a- Un órgano constitucional inmediato, colegiado y complejo.
b- Un órgano constitucional unipersonal.
c- Un órgano constitucional inmediato cuya actuación se basa en la supremacía de su Presidente.
d- Un órgano constitucional mediato y colegiado.
33.- Si de las quejas presentadas por el ciudadano se dedujesen indicios de anormal funcionamiento de los servicios de las unidades administrativas, ¿quién iniciará o solicitará, las actuaciones pertinentes por los procedimientos que en cada caso corresponda?
a- La Comisión Interministerial de Información Administrativa.
b- El subdirector General que tenga atribuida la competencia sobre la información Administrativa.
c- El secretario General Técnico del Ministerio afectado, que tenga atribuida la competencia.
d- La Inspección General de Servicios Departamental o Sectorial cuya inspección le está encomendada.
34.- ¿Cuál de los siguientes contratos laborales no está bonificado en sus cuotas por la Seguridad Social?
a- En prácticas.
b- Temporal para trabajadores minusválidos.
c- Indefinido de fomento de empleo.
d- A tiempo parcial indefinido.
35.- La convalidación es el acto administrativo por el que se subsanan los defectos de un acto anterior anulable, pero sus efectos se producen desde:
a- La fecha en que se dictó el acto anulable.
b- La fecha en que se dicta el acto administrativo de convalidación, salvo lo dispuesto en casos de retroactividad de los actos administrativos.
c- La fecha en que el órgano administrativo inició el expediente de convalidación, salvo lo dispuesto en casos de retroactividad de los actos administrativos.
d- Los actos anulables no pueden ser objeto de convalidación, solo aquellos actos viciados que contengan los elementos constitutivos de otros.
36.- De conformidad con la normativa vigente, el complemento de productividad podrá asignarse, en su caso:
a- Sólo a los funcionarios de carrera en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo.
b- Unicamente a los funcionarios de carrera, a los funcionarios interinos y al personal eventual regulado en el artículo 20.2 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, cuando desempeñen un puesto análogo al de los funcionarios de carrera, salvo cuando dicho complemento esté vinculado a la condición de funcionario de carrera.
c- El complemento de productividad sólo se puede dar cuando va unido a gratificaciones extraordinarias para todo tipo de personal al servicio de la Administración General del Estado, incluido en la ley 30/1984 de 2 de agosto.
d- A los funcionarios de carrera, a los funcionarios interinos y al personal eventual, así como funcionarios en prácticas cuando las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada su aplicación a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo, salvo que dicho complemento esté vinculado a la condición de funcionario de carrera.
37.- Cuando en un expediente se adquieren compromisos de gastos futuros:
a- Deben de reflejarse exclusivamente en la memoria de la contabilidad económico-patrimonial de la entidad contable.
b- No tienen ninguna consecuencia jurídica ni contable, ya que el Prespuesto y por lo tanto el crédito solo tiene una vigencia anual.
c- Deben ser objeto de adecuada e independiente contabilización, mediante la expedición de documentos A y D de ejercicios posteriores por la parte que debe ser aplicada en dichos ejercicios. O bien en un documento AD en caso de acumulación de actos.
d- Deben de contabilizarse dentro de las cuentas de la contabilidad económico- patrimonial del Plan General de contabilidad pública como "Administración Pública deudora por obligaciones reconocidas".
38.- La Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) ha regulado con carácter novedoso los denominados contratos mixtos en el artículo 6 atendiéndose para su calificación y aplicación de las normas que lo regula a:
a- Lo que las partes que van a realizar el contrato libremente determinen, conforme con el artículo 4 de la LCAP.
b- Al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el aspecto subjetivo de la Administración Pública, que siempre defiende los intereses generales, de acuerdo con el artículo 106 de la Constitución Española de 1978.
c- Al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico.
d- En todo caso se aplicarán las normas del contrato de obras al ser el más completo que regula la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
39.- Conforme con el artículo 28 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, para el mejor cumplimiento de la función directiva y coordinadora, prevista en el artículo 23, se crea:
a- En cada una de las comunidades autónomas una Comisión Territorial, presidida por un representante del Ministerio para las AA.PP., e integrada por los Subdelegados del Gobierno. En las Islas Baleares y Canarias se integrarán, además, los Directores Insulares.
b- En cada una de las comunidades autónomas una Subcomisión integrada por los Subdelegados y los Directores Insulares que asesorarán al Delegado del Gobierno de cada comunidad autónoma.
c- En cada una de las comunidades autónomas una Comisión Territorial, presidida por el Delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, integrada por los titulares de los órganos y servicios que el Delegado del Gobierno en la correspondiente comunidad autónoma considere oportuno.
d- En cada una de las comunidades autónomas pluriprovinciales una Comisión Territorial, presidida por el Delegado del Gobierno en la comunidad autónoma e integrada por los Subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas en el territorio de ésta; en las de las islas Baleares y Canarias se integrarán, además, los Directores Insulares.
40.- En el aspecto de la ejecución del contrato de obras, uno de los aspectos más importantes para el contratista es el relativo a las certificaciones de obra y abonos a buena cuenta, regulado en el artículo 145 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas; dichas certificaciones serán expedidas mensualmente por la Administración y comprenderán la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, salvo prevención en contrato en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En todo caso dichas certificaciones:
a- Tienen el carácter de documento aprobatorio de la obra ejecutada durante ese mes por el contratista.
b- No suponen, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.
c- No supone aprobación de la obra ejecutada, pero sí recepción de la misma.
d- Suponen, en todo caso, aprobación y recepción de las obras que comprenden.
41.- Conforme con el artículo 74.4 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, los órganos de los departamentos ministeriales y sus organismos autónomos competentes para la suscripción de convenios de colaboración o contratos-programa con otras Administraciones Públicas o con Entidades públicas o privadas necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando:
a- El gasto que de ellos se derive sea superior a 2.000 millones de pesetas.
b- El gasto que de ellos se derive sea superior a 2.000 millones y vaya a extenderse su ejecución a más de cuatro ejercicios presupuestarios.
c- El gasto que de ellos se derive tenga que ser financiado con créditos correspondientes a varios Departamentos ministeriales.
d- El gasto que de ellos se derive sea de cuantía indeterminada o haya de extenderse a ejercicios posteriores.
42.- Un empresario ingresa las cuotas de la Seguridad Social correspondientes al mes de mayo el día 26 de julio. ¿Tendrá que pagar recargo de mora?
a- No, ya que lo hace dentro de plazo.
b- No, porque, aunque ha ingresado las cuotas fuera de plazo, no se establece en este caso ningún recargo.
c- Sí, aunque tan solo del 5%.
d- Sí, deberá pagar un recargo de mora del 20%.
43.- Dentro de la clasificación de actos administrativos tenemos las denominadas resoluciones. Estas son:
a- Los actos que deciden el procedimiento, aquellos que constituyen la manifestación final de la acción administrativa. Actos administrativos que resuelven una instancia, cualquiera que sea el sentido de la resolución.
b- Son simple presupuesto de la decisión en que se concreta la función administrativa. Constituyen una garantía de acierto de la decisión final.
c- Son los actos que se limitan a procurar la ejecución de otro acto. Suponen por ello la realización de operaciones materiales.
d- Son actos administrativos que se encaminan a la instrucción del procedimiento.
44.- Un empresario despide a un trabajador. ¿Está obligado a darle de baja en la Seguridad Social? En su caso, en qué plazo?.
a- No, deberá ser el propio trabajador el que se dé de baja.
b- Sí, en un plazo de 6 días desde el despido.
c- Sí, al día siguiente desde el despido.
d- Sí, en un plazo de 10 días desde el despido.
45.- La Ley 36/1998 de 10 de noviembre modificó el apartado 3º del artículo 14 de la Ley de Enjuciamiento Criminal para atribuir a los Juzgados Penales o Centrales de lo Penal el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la ley señala penas privativas de libertad:
a- No superiores a tres años.
b- No superiores a cinco años.
c- Superiores a cinco años
d- De hasta nueve años.
46.- En la tramitación de un asunto por parte de un órgano de la Administración General del Estado, se notifica a los interesados que el plazo para alegar lo que les interese se contará por días naturales. ¿Es válida dicha forma de cómputo?
a- No, porque según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero, los plazos por días se computarán por días hábiles siempre, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
b- No, porque los plazos siempre se cuentan de fecha a fecha, excluyéndose los domingos y los declarados festivos.
c- No, porque el plazo debe fijarse por meses, empezándose a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación.
d- Sí, siempre que dicha circunstancia se haga constar en las correspondientes notificaciones.
47.- En el despacho de expedientes de un órgano administrativo de la Administración General del Estado hay que:
a- Guardar un riguroso orden de incoación, según el registro de entrada, cualquiera que sea la clase de asunto de que se trate.
b- Llevar un registro adecuado para no perder y tener constancia de todos los asuntos que han tenido entrada.
c- Guardar un riguroso orden de incoación en asuntos que hayan tenido entrada, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden en contrario.
d- Guardar un riguroso orden de incoación en asuntos de homógenea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.
48.- En la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su Título Preliminar se introducen dos principios de actuación de las Administraciones Públicas derivados de la segurida jurídica, estos son:
a- El principio de no abuso del derecho y el principio de buena fe.
b- E principio de buena fe y el principio de la confianza legítima de los ciudadanos en que la actuación de las Administraciones Públicas no puede ser alterada arbitrariamente.
c- El principio de no arbitrariedad y el principio de la confianza legítiima de los ciudadanos en que la actuación de las Administraciones Públicas tienen que someterse a la legalidad vigente.
d- No se recoge ningún principio en el Título Preliminar de la Ley, siendo todas falsas.
49.- La prohibición de condenar a una persona por la comisión de una acción u omisión análoga a otra tipificada en el Código Penal, deriva de la vigencia de nuestro Derecho del principio de:
50.- La adecuación del hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal, constituye un elemento esencial del concepto de delito que conocemos como:
51.- Entre los tipos de delito a que se refiere el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que se reconoce el principio de justicia universal, figuran expresamente:
a- Los de receptación y otras conductas afines.
b- Los relativos a la manipulación genética.
c- Los relativos al control de cambios.
d- Los relativos a la prostitución y los de corrupción de menores e incapaces.
52.- En materia de extradición el principio de especialidad supone:
a- Que se concesión debe realizarse de acuerdo con lo previsto en los Tratados y la ley.
b- Que el extraditado solo puede ser juzgado por los hechos que motivaron la demanda de extradición.
c- Que no se concederá si el hecho que la motiva no es constitutivo de delito en España.
d- Que no se concederá si la persona deber ser juzgada por un tribunal de excepción.
53.- Al disponer el Código Penal en su artículo 2 que "los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados conforme a ella", establece una excepción al principio de:
a- Retroactividad de la ley más favorable.
b- Personalidad de las penas.
c- Legalidad de los delitos.
d- Territorialidad de las leyes.
54.- Dentro de los principios generales de respeto al principio de legalidad, el Título V del Capítulo I de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, artículo 52.2 determina que:
a- Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan igual o inferior rango a éstas.
b- Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, aunque aquéllas tengan igual o superior rango de éstas.
c- Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas.
d- No pueden dictarse resoluciones administrativas de carácter particular, sino solo de carácter general.
55.- El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de una tercera será castigado:
a- Como reo del delito de usurpación con la pena de seis a dieciocho meses.
b- Como reo del delito de extorsión con la pena de prisión de uno a cinco años.
c- Como reo del delito de estafa con la pena de prisión de seis meses a cuatro años.
d- Como reo del delito de insolvencia punible con la pena de multa de doce a veinticuatro meses.
56.- La omisión del deber de impedir determinados delitos se considera en nuestro Derecho:
a- Delito de omisión propia.
b- Delito de resultado.
c- Delito de comisión por omisión.
d- Conducta atípica.
57.- Para que el delito de intrusismo previsto en el artículo 403 del Código Penal la pena a imponer sea de prisión se requiere:
a- Atribuirse públicamente, calidad profesional amparada por título oficial de capacitación y habilitación.
b- Unicamente no estar en posesión de título oficial.
c- Las penas del artículo citado son exclusivamente pecuniarias.
d- En el citado artículo todas las penas previstas son de prisión.
58.- Quien en legítima defensa mata a otro, quedará exento de responsabilidad criminal por estar ausente en el supuesto uno de los elementos esenciales al concepto de delito de homicidio.
a- La tipicidad.
b- La culpabilidad.
c- La acción.
d- La antijuridicidad.
59.- El juez o magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara sentencia manifiestamente injusta incurrirá en la pena de:
a- Inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años.
b- Inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 20 años.
c- No tiene pena porque su ignorancia lo "excusa".
d- No es un delito de prevaricación, sino uno de realización arbitraria del propio de derecho.
60.- En el tipo de asesinato resultan coincidir en la misma persona los conceptos doctrinales de:
a- Sujeto pasivo y objeto material.
b- Sujeto pasivo y objeto jurídico.
c- Sujeto pasivo y perjudicado.
d- Objetos material y jurídico.
61.- Aquellos tipos de delito en que se exigen determinadas cualidades para ser sujeto activo del mismo, se denominan:
a- Permanentes.
b- Especiales.
c- De peligro.
d- Plurisubjetivos.
62.- La prescripción de los delitos y de las penas se considera en el Derecho Penal como:
a- Causa de justificación.
b- Causa de inculpabilidad.
c- Excusa absolutoria.
d- Causa de extinción de la responsabilidad criminal.
63.- Resulta ajeno al concepto de tentativa punible, contenido en el artículo 16.1 del Código Penal:
a- El inicio de la ejecución del delito directamente por hechos exteriores.
b- El dolo de realizar el tipo delictivo.
c- El desistimiento voluntario.
d- La práctica de todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado.
64.- El concierto de dos o más personas para la ejecución de un delito que resuelven ejecutar, constituye, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1 del Código Penal:
65.- Conforme a lo previsto en el artículo 50 del Código Penal, relativo a la pena de multa, el importe de las cuotas diarias se fijará en la sentencia, teniendo en cuenta exclusivamente:
a- El grado de ejecución del delito.
b- La participación que el sujeto hubiere tenido en la comisión del mismo.
c- Las circunstancias agravantes y atenuantes que concurrieren.
d- La situación económica del reo.
66.- Según el artículo 22.8 del Código Penal, hay reincidencia cuando, al delinquir el culpable:
a- Haya sido ejecutoriamente condenado por otro delito comprendido en el mismo capítulo de este Código.
b- Haya sido condenado ejecutoriamente por un delito de los comprendidos en el mismo título del Código, por otro al que la ley señale igual o mayor pena, o por dos o más a los que aquellas señale pena menor.
c- Haya sido condenado por tres o más delitos de los comprendidos en el mismo capítulo, siempre que los mismos hubieran sido cometidos en un plazo no superior a cinco años.
d- Haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza.
67.- La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, constituye en el Código Penal vigente:
a- Una medida de seguridad.
b- Una consecuencia accesoria.
c- Una pena privativa de libertad.
d- Una pena privativa de derechos.
68.- Para el caso de que quien sufrió prisión preventiva por la presunta comisión de un delito, resultase condenado a pena no privativa de libertad, el artículo 59 del Código Penal establece que el Juez o tribunal:
a- Suspenderá la ejecución de la pena con ciertas condiciones.
b- Ordenará que se tenga por ejecutada la pena impuesta en aquella parte que estime compensada.
c- Sustituirá la pena impuesta por la de multa.
d- Ordenará que la prisión preventiva sufrida por el sujeto se abone en el cumplimiento correspondiente a otra causa.
69.- Conforme a lo previsto en el Código Penal, será condición para que la pena de arresto de fin de semana pueda sustituirse por la de trabajo en beneficio de la comunidad:
a- Que la pena de arresto se impusiese por la comisión de una falta.
b- Que el penado no fuese reo habitual.
c- Que el número de arrestos impuestos sea superior a doce.
d- Que el reo diese su conformidad a la sustitución.
70.- Conforme a lo establecido en el artículo 33 del Código Penal, es pena grave cualquiera que sea su duración:
a- La multa proporcional.
b- La inhabilitación absoluta.
c- La suspensión de empleo o cargo público.
d- La inhabilitación especial.
71.- En el Código Penal vigente es siempre pena sustitutiva de otra:
a- La inhabilitación especial para empleo o cargo público.
b- La multa.
c- El arresto de fin de semana.
d- El trabajo en beneficio de la comunidad.
72.- El artículo 53.3 del Código Penal excluyendo la imposición de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa a:
a- Los delincuentes primarios.
b- Los condenados por delitos menos graves.
c- Los condenados a una pena de prisión superior a cuatro años.
d- Los delincuentes no habituales.
73.- Los tipos de homicidio y asesinato, pese a tener características comunes, presenta la siguiente diferencia:
a- El bien jurídico que en cada uno se protege es distinto.
b- Es diferente el objeto material en cada caso.
c- Son distintos los problemas que en el ámbito de la relación causal plantea cada uno.
d- Solamente en el primero se prevé la forma de comisión imprudente.
74.- En el Código Penal vigente no se prevé la punición de conspiración, proposición y provocación en relación con uno de los siguientes delitos:
75.- A tenor de lo dispuesto en el párrafo 1º del artículo 80 del Código Penal, la posibilidad de que los jueces o tribunales suspendan la ejecución de la pena aparece vinculada fundamentalmente a una noción referida al penado:
a- Su peligrosidad criminal.
b- La edad que tuviera.
c- Que no se trate de un reincidente.
d- Que el delito cometido no sea grave.
76.- La Ley Orgánica 11/1999 de 30 de abril de modificación del Título VIII del Código Penal, ha vuelto a introducir en el mismo el delito de:
a- Abandono de menores.
b- Utilización de menores para la práctica de la mendicidad.
c- Corrupción de menores.
d- Lesiones al feto.
77.- Según lo previsto en el artículo 404 del C.P. a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictará una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de:
a- Inhabilitación absoluta de 8 a 12 años.
b- Multa de 3 a 12 meses.
c- Suspensión de empleo o cargo público por un tiempo de 6 meses a 2 años.
d- Inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de 7 a 10 años.
78.- Solo en uno de los delitos que a continuación se mencionan es posible la participación con posterioridad a la consumación del mismo:
79.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 143 del C.P. resulta impune la conducta de quien:
a- Induce a otro al suicidio.
b- Coopera al suicidio de otro con actos necesarios.
c- Propone a otro inducir al suicidio a un tercero.
d- Coopera en el suicidio de otro con actos ejecutivos.
80.- La imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad constituye, según lo previsto en el Código Penal, un delito de:
a- Injuria.
b- Calumnia.
c- Acusación y denuncia falsas.
d- Realización arbitraria del propio derecho.
81.- En el ámbito de las lesiones, el comportamiento del lesionado, en las condiciones previstas en el artículo 155.1, del Código Penal:
a- Carece de relevancia jurídico penal.
b- Exime de responsabilidad criminal.
c- Atenúa la responsabilidad criminal.
d- Opera como excusa absolutoria.
82.- El delito de uso de rigor innecesario por parte de los funcionarios penitenciarios sobre los reclusos, contenido en el artículo 533 del Código Penal, se halla sistemáticamente ubicado en el Título del mismo que lleva como rúbrica:
a- De las lesiones.
b- De las torturas y otros delitos contra la integridad moral.
c- Delitos contra la libertad.
d- Delitos contra la Constitución.
83.- Contra el auto denegatorio de la solicitud de Habeas Corpus, dictado por el órgano jurisdiccional competente:
a- Cabe interponer recurso de reforma.
b- No cabe recurso alguno.
c- Cabe interponer recurso de apelación.
d- Cabe interponer recurso de súplica.
84.- Un supuesto en que el legislador penal español equipara en orden a la pena, tentativa y consumación, es el relativo al delito de:
85.- El recurso a través del cual se pretende la anulación de una sentencia por violación en la misma o a lo largo del proceso, de normas materiales o procesales, se denomina:
a- De revisión.
b- De reforma.
c- De casación.
d- De anulación.
86.- La fase instructora recibe en el proceso penal ordinario la denominación de:
a- Sumario.
b- Diligencias Previas.
c- De ejecución.
d- Declarativa.
87.- El procedimiento establecido para el enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve daños, se denomina:
a- Procedimiento abreviado.
b- Menor cuantía.
c- Sumario ordinario.
d- De cognición.
88.- Supuesto que en un delito de robo con intimidación, el autor directo del mismo sufra de algún trastorno que merme su imputabilidad, ello afectara a la responsabilidad de:
a- Quien le indujo a ejecutar el delito.
b- Aquel que actúo como cooperador necesario en dicha ejecución.
c- Todos los participantes en la ejecución del robo.
d- El autor directo, exclusivamente.
89.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 504 párrafo 5º de la Ley de Enjuciamiento Criminal, condenado el inculpado y recurrida la sentencia condenatoria, la prisión provisional podría prolongarse:
a- Un año a contar desde la fecha de interposición del recurso.
b- El tiempo que el Juez o Tribunal estime proporcionado a la entidad de la condena impuesta.
c- Hasta el límite de la mitad de la pena impuesta.
d- Dos años a contar desde la fecha de la sentencia condenatoria.
90.- Cuando con posterioridad a la sentencia firme, sobrevenga el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba, de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado, habrá lugar a la interposición del recurso de:
91.- La posible suspensión de cualquier pena impuesta, sin sujeción a requisito alguno, en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables (artículo 80.4 del Código Penal), tiene como único límite:
a- Que el penado no sea reo habitual.
b- Que no se rea reincidente.
c- Que no se trate de penados a penas privativas de derechos.
d- Que en el momento de la comisión del delito no tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.
92.- Señale cuál de los siguientes aspectos del actual Reglamento Penitenciario tiene un carácter novedoso respecto al Reglamento de 1981.
a- Desaparición de las faltas y correciones que venían reguladas en el Reglamento de 1981.
b- Desaparición de la redención de penas por el trabajo, que venía regulado en el artículo 201 del Reglamento Penitenciario de 1981.
c- Desaparición de servicios, unidades y puestos de trabajo regulados en el Reglamento Penitenciario de 1981.
d- Desaparición de la edad de escolarización obligatoria como límite máximo para que los niños pueden estar con sus madres en un centro penitenciario (artículo 27 del R.P. de 1981)
93.- El control de la ejecución de las medidas de seguridad corresponde, según lo dispuesto en el artículo 97 del Código Penal:
a- A la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
b- A los Servicios Sociales del Centro Penitenciario del que dependa el sujeto.
c- Al juez o Tribunal previa propuesta del Juez de Vigilancia.
d- Al juez de Vigilancia.
94.- Ante los casos en que, después de pronunciada sentencia firme, se aprecie en el penado una situación duradera de trastorno mental grave que le impida conocer el sentido de la pena, el Código Penal vigente:
a- No contiene previsión alguna.
b- Dispone que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ordenará el traslado del penado a un establecimiento o Unidad Psiquiátrica Penitenciaria.
c- Prevé la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por el Juez o Tribunal sentenciador, garantizando la asistencia médica que el penado precise.
d- Prevé la sustitución de la pena privativa de libertad por otra de distinta naturaleza.
95.- Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, la reeducación y reinserción social del penado:
a- Constituye un derecho fundamental de la persona.
b- Es el fundamento único de la pena privativa de libertad.
c- Es un mandato al legislador para orientar la política penal y penitenciaria.
d- Es el fundamento único de las penas privativas de libertad y medidas de seguridad.
96.- ¿Cuál de los siguientes no se encuentra recogido en el artículo 4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria como deber de los internos?
a- Permanecer en el establecimiento a disposición de la autoridad que hubiese decretado su internamiento o para cumplir las condenas que se le impongan.
b- Participar en las actividades formativas, educativas y laborales definidas en función de sus carencias para la preparación de la vida en libertad.
c- Observar una conducta correcta con sus compañeros de internamiento.
d- Acatar las normas de régimen interior, reguladoras de la vida del establecimiento.
97.- Si un interno solicita a su costa servicios médicos privados ajenos a Instituciones Penitenciarias:
a- La solicitud será aprobada por el Consejo de Dirección.
b- La solicitud será aprobada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
c- La solicitud será aprobada por el Centro Directivo.
d- La solicitud será aprobada por el Subdirector médico.
98.- El régimen de visitas de los internos ingresados en un hospital extrapenitenciario, se rige por:
a- Las normas de funcionamiento del Centro Hospitalario, debiendo realizarse en las condiciones y con las medidas de seguridad que establezcan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad encargadas de su custodia.
b- Las normas de funcionamiento del Centro Hospitalario, debiendo realizarse en las condiciones y con las medidas de seguridad que establezca el centro penitenciario.
c- Las normas de funcionamiento del centro penitenciario, que mantienen su vigencia cuando el interno se encuentra ingresado en un hospital extrapenitenciario.
d- No tiene derecho a ser visitado, ya que solo puede recibir visitas en la enfermería del centro penitenciario.
99.- La intervención médico-sanitaria podrá realizarse sin el consentimiento del interno:
a- Nunca podrá realizarse sin el consentimiento del interno.
b- Sólo podrá realizarse dando cuenta de las actuaciones al Centro Directivo.
c- Sólo podrá realizarse cuando exista un peligro inminente para la vida del interno.
d- Sólo podrá realizarse cuando exista peligro inminente para la vida del interno y/o terceras personas.
100.- Señale cuál de las siguientes competencias, no atribuye la legislación penitenciaria actual al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
a- Resolver sobre el beneficio penitenciario de adelantamiento de libertad condicional.
b- Resolver sobre el beneficio penitenciario de indulto particular.
c- Resolver por vía recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias.
d- Resolver los recursos referentes a clasificación inicial y a progresiones y regresiones de grado.
101.- El órgano competente para conocer de un recurso de apelación contra una resolución del Juez de Vigilancia en materia de ejecución de penas es, según el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
a- El tribunal sentenciador.
b- La Audiencia Provincial.
c- El Juzgado de Vigilancia.
d- El Tribunal Superior de Justicia.
102.- El recurso de queja contra las resoluciones del Juez de Vigilancia se puede interponer:
a- Contra las resoluciones en que se deniegue la admisión de un recurso de apelación.
b- Contra todas las resoluciones del Juez de Vigilancia.
c- Contra todas las resoluciones del Juez de Vigilancia en materia disciplinaria
d- Contra todos los autos del Juez de Vigilancia.
103.- Señale cuál de las siguientes funciones no corresponde a la Junta de Tratamiento:
a- Establecer los programas de tratamiento o los modelos individualizados de ejecución penitenciaria para cada interno del Centro.
b- Supervisar la ejecución de las actividades programadas por el Equipo Técnico.
c- Designar los internos que hayan de desempeñar las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del Centro.
d- Atender las peticiones y quejas que formulen los internos respecto a su clasificación, tratamiento, o programa de intervención.
104.- Señale cuál de la siguientes no es función del Director de un Centro Penitenciario, según el Reglamento Penitenciario:
a- Supervisar e impulsar la actividad general del Centro Penitenciario.
b- Representar al Centro Penitenciario, en sus relaciones con autoridades, centros y entidades.
c- Autorizar, en forma reglamentaria, las comunicaciones, visitas, salidas al exterior y conducciones de los internos.
d- Asumir la representación del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
105.- ¿Cuál de los siguientes libros o ficheros no se lleva en la Oficina de Régimen ?
a- El libro de ingresos y filiaciones.
b- Los libros de registro de comunicaciones orales.
c- El fichero general y los parciales de la población interna.
d- Las agendas para anotación de fechas y licenciamientos definitivos.
106.- En el expediente personal del interno la anotación de "recepción de testimonio de sentencia y testimonio de liquidación de condena" se realiza en:
a- Indice de vicisitudes preventivas.
b- Indice de vicisitudes penales.
c- Indice de vicisitudes penitenciarias.
d- Hoja de filiación.
107.- Señale cuál de los siguientes documentos no forma parte del expediente-propuesta de libertad condicional.
a- Informe del Tribunal Sentenciador sobre la oportunidad de su concesión.
b- Certificación acreditativa de los beneficios penitenciarios y de la clasificación en tercer grado.
c- Manifestación del interesado sobre el trabajo o medio de vida de que dispondrá al salir en libertad.
d- Testimonio de sentencia o sentencias recaídas y de la correspondiente liquidación de condena.
108.- En relación al expediente personal del interno, señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a- A cada interno se le abrirá un expediente personal, relativo a su situación procesal y penitenciaria del que tendrá derecho a ser informado.
b- El expediente personal del interno contiene la portada con los datos de identificación y filiación, las hojas de vicisitudes y los documentos que habrán de ser unidos.
c- Cada ingreso en un centro de un interno implica la apertura de un nuevo expediente personal.
d- Con los datos obrantes en los expedientes se extraerá la información necesaria para los registros del Centro Directivo.
109.- Según el Reglamento Penitenciario, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que realizan el servicio de vigilancia exterior en un centro penitenciario, recibirán instrucciones, en materia de seguridad de propio establecimiento, de:
a- Sus mandos naturales.
b- El director del Centro Penitenciario.
c- El subdelegado de Gobierno.
d- El Subdirector de Seguridad.
110.- A tenor del artículo 71 del R.P. las medidas de seguridad se regirán por los principios de:
a- Necesidad y proporcionalidad.
b- Proporcionalidad y convivencia.
c- Vigencia y necesidad.
d- Protección y salvaguardia de la integridad física de los funcionarios.
111.- Los internos clasificados en segundo grado de tratamiento que ofrezcan baja peligrosidad social y no existan riesgos de quebrantamiento de condena, podrán asistir regularmente a una Institución exterior para la realización de programas concretos, siempre que la duración de las salidas no sea superior a:
a- 7 horas.
b- 8 horas.
c- 5 horas.
d- 4 horas.
112.- Las normass de organización y funcionamiento de los establecimientos de régimen abierto serán aprobadas por el Centro Directivo, y elaboradas por:
a- El Consejo de Dirección.
b- El Director del Establecimiento.
c- El Equipo Técnico.
d- La Junta de Tratamiento.
113.- Con carácter general el régimen de los detenidos y presos
será el previsto en:
a- El capítulo IV del Título III.
b- El capítulo I del Título II.
c- El capítulo II del Título III.
d- El capítulo II del Título II.
114.- Los internos clasificados en primer grado o con aplicación del artículo 10 de la LOGP y con la asignación de la modalidad de vida prevista en el artículo 91.3 del R.P., tienen derecho a salir al patio por un tiempo mínimo de:
a- 3 horas.
b- 4 horas.
c- 2 horas.
d- 6 horas.
115.- La permanencia de los detenidos y presos en el régimen cerrado será:
a- Por el tiempo necesario.
b- De tres meses como mínimo.
c- De seis meses como máximo.
d- El que acuerde el Consejo de Dirección.
116.- Un interno preventivo que acaba de cumplir los veinte años, puede ser destinado a un departamento de adultos preventivos:
a- En ningún caso, salvo que razones de tratamiento así lo aconsejen.
b- Previa autorización preceptiva del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
c- Previa autorización del Juzgado del que dependa.
d- Previa autorización de la Junta de Tratamiento.
117.- Los internos con dependencia de sustancias psicoactivas tendrán derecho a participar en programas de tratamiento y deshabituación, excepto:
a- Los clasificados en primer grado.
b- Los sancionados por faltas muy graves o graves.
c- No existe excepción alguna.
d- Los condenados a penas inferiores a un año
118.- Las actividades de carácter educativo formativo, sociocultural y deportivo, serán determinadas por:
a- El Consejo de Dirección.
b- La Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Tècnico.
c- La Unidad Docente.
d- El Subdirector de Tratamiento.
119.- La aplicación de los medios coercitivos tendrá una duración máxima de:
a- 24 horas.
b- 72 horas.
c- El tiempo que haya ordenado el Director.
d- El tiempo estrictamente necesario.
120.- El Centro Directivo podrá conceder traslado a un interno, por motivos educativos, previo informe de:
a- La Junta de Tratamiento.
b- El Director.
c- El maestro.
d- El Director de la Unidad Docente.
121.- Señale el o los factores que no se encuentren recogidos expresamente en el artículo 102.5 del Reglamento Penitenciario como criterios para la clasificación en primer grado de un penado:
a- Participar en evasión o intentos de evasión.
b- Participación activa en amenazas o coacciones.
c- Comisión de actos que atenten contra la propiedad, cometidos en modos o formas especialmente violentos.
d- La naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de su historial delictivo, que denote una personalidad agresiva, violenta y antisocial.
122.- Es preceptivo notificar al Ministerio Fiscal una resolución de:
a- Clasificación adoptada en base al artículo 104.4 del Reglamento.
b- La Junta de Tratamiento de aplicación del artículo 10 de la LOGP.
c- Regresión a primer grado.
d- Mantenimiento en primer grado.
123.- Respecto a las denominadas salidas programadas:
a- Se adoptarán en cada caso las medidas de seguridad correspondientes.
b- La participación en ellas de internos en segundo grado se comunicará preceptivamente al Juez de Vigilancia, una vez aprobadas por el Centro Directivo.
c- La participación en ellas precisa el disfrute previo de permisos de salida.
d- Su duración en ningún caso será superior a dos días.
124.- Las salidas programadas serán:
a- Aprobadas por la Junta de Tratamiento y autorizadas por el Juez de Vigilancia en el caso de internos de tercer grado si su duración sobrepasa los dos días.
b- Propuestas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Centro Directivo.
c- Autorizadas por el Juez de Vigilancia en todo caso.
d- Aprobadas por la Junta de Tratamiento y autorizadas por el Centro Directivo.
125.- En relación con las actividades deportivas en los centros penitenciarios:
a- El aprovechamiento en la participación en ellas se estimulará mediante los beneficios penitenciarios.
b- Se determinarán por el Centro Directivo.
c- Se determinarán por la Junta de Tratamiento.
d- Están vedadas para los internos clasificados en primer grado.
126.- Los cursos que deban realizar los internos tendrán carácter obligatorio:
a- Cuando se trate de jóvenes menores de 21 años.
b- Cuando se trate de jóvenes menores de 18 años.
c- En el caso de internos extranjeros con dificultades para entender el idioma castellano o la lengua cooficial de la comunidad autónoma donde radique el centro penitenciario.
d- Sólo cuando los internos carezcan de los conocimientos propios de la formación de las enseñanzas básicas.
127.- Podrá acordar retirar la autorización para que un interno disponga de ordenador personal:
a- La Junta de Tratamiento.
b- El Consejo de Dirección.
c- La Comisión Disciplinaria.
d- La Junta Económico Administrativa.
128.- La resolución de prohibir, por razones de tratamiento, a un interno clasificado en primer grado la tenencia de un libro con depósito legal:
a- Corresponde al Consejo de Dirección.
b- Exige autorización del Juez de Vigilancia.
c- Será motivada.
d- Sólo está prevista para los sometidos al régimen de departamento especial previsto en el artículo 91.3 del Reglamento.
129.- Quedarán exceptuados de la obligación de trabajar, sin prejuicio de poder disfrutar, en su caso, de los beneficios penitenciarios:
a- Los internos clasificados en tercer grado.
b- Los mayores de sesenta años de edad.
c- Las mujeres embarazadas, con motivo del parto durante veinte semanas, si éste es múltiple.
d- Los perceptores de prestaciones por jubilación.
130.- Los reclusos trabajadores, atendiendo a su nivel de conocimientos, capacidad laboral y funciones desempeñadas, serán clasificados en las siguientes categorías:
a- Encargados, oficiales y ayudantes.
b- Encargados, oficiales y auxiliares.
c- Operario base y operario superior.
d- Encargados, oficiales, ayudantes y aprendices.
131.- En la relación laboral especial penitenciaria, el mutuo acuerdo de las partes:
a- Puede ser causa tanto de suspensión como de extinción de la relación laboral.
b- Sólo puede ser causa de suspensión de la relación laboral.
c- Sólo puede ser causa de extinción de la relación laboral.
d- Es irrelevante a efectos tanto de la suspensión como de la extinción de la relación laboral.
132.- Si un interno en tercer grado comete delito durante el disfrute de un permiso:
a- Quedará sin efecto el permiso concedido.
b- Se le regresará provisionalmente a primer grado.
c- No podrá disfrutar de nuevos permisos en el plazo de dos años.
d- No podrá disfrutar de nuevos permisos en el plazo de tres años.
133.- Para el límite máximo de 36 días de permiso para un interno clasificado en segundo grado se computarán:
a- Las salidas programadas de duración superior a dos días que pueda autorizar el Juez de Vigilancia.
b- Los permisos extraordinarios de hasta siete días que pueda autorizar el Juez de Vigilancia.
c- Los permisos ordinarios de hasta dos días autorizados por el Centro Directivo.
d- Los permisos ordinarios de hasta siete días autorizados por el Centro Directivo.
134.- Los permisos extraordinarios son autorizados por:
a- El Juez de Vigilancia en el caso de internos clasificados en primer grado.
b- El Juez de Vigilancia si se realizan con custodia policial.
c- El Centro Directivo siempre que su duración no sea superior a dos días.
d- La Junta de Tratamiento en supuestos de urgencia inaplazable, siempre que el interno no se encuentre clasificado en primer grado.
135.- El director del establecimiento formulará al tribunal sentenciador propuesta de libertad definitiva respecto al día en que el penadod deje previsiblemente extinguida su condena:
a- Con una antelación mínima de tres meses y la reiterará un mes antes de la fecha propuesta.
b- Con una antelación mínima de un mes y la reiterará quince días antes de la fecha propuesta.
c- Con una antelación mínima de dos meses y la reiterará un mes antes de la fecha propuesta.
d- Con una antelación mínima de dos meses y la reiterará quince días antes de la fecha propuesta.
136.- Cuando antes de iniciarse el disfrute de un permiso extraordinario concedido a un interno clasificado en tercer grado, se produzcan hechos que modifiquen las circunstancias que determinaron su concesión:
a- El director podrá suspender provisionalmente el permiso, poniéndolo en conocimiento del Juez de Vigilancia.
b- La Junta de Tratamiento podrá suspender el permiso, en sesión extraordinaria, poniéndolo en conocimiento del Juez de Vigilancia.
c- Se disfrutará el permiso, sin perjuicio de ponerlo inmediatamente en conocimiento del Centro Directivo.
d- Se podrá suspender de forma motivada y con carácter provisional el permiso, poniéndolo en conocimiento del Centro Directivo.
137.- Si un penado clasificado en tercer grado que ya tiene elevado el expediente de libertad condicional comete dos faltas muy graves:
a- Se propondrá su regresión a segundo grado.
b- Se acordará su regresión provisional a segundo grado.
c- Se dará cuenta inmediata al Juez de Vigilancia.
d- Ninguna de las anteriores actuaciones es reglamentariamente correcta.
138.- Los servicios auxiliares realizados por los internos en el economato de un centro penitenciario tendrán la naturaleza de "relación laboral especial" cuando el economato sea gestionado por:
a- La propia Administración penitenciaria.
b- El Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, mediante la fórmula de taller productivo.
c- Una empresa externa adjudicataria.
d- Es independiente de quien lo gestione, la relación laboral especial se da siempre que un interno realice una actividad laboral en un centro penitenciario.
139.- Hasta el cumplimiento total de la condena o, en su caso, hasta la revocación de la libertad condicional, el liberado condicional permanecerá adscrito:
a- A los servicios centrales de asistencia social penitenciaria.
b- Al centro penitenciario en el que efectuó su último ingreso.
c- Al centro penitenciario más próximo al domicilio en que vaya a residir.
d- Al centro penitenciario desde el que fue liberado.
140.- En el caso de revocación de la libertad condicional a un interno por incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, al ingresar en el establecimiento:
a- Permanecerá en régimen abierto, al ser el grado inferior al de libertad condicional en la sistemática legal.
b- Permanecerá provisionalmente en régimen abierto si la presentación fue de forma voluntaria.
c- Permanecerá en régimen abierto siempre que la revocación lo haya sido sin pérdida del tiempo pasado en libertad condicional.
d- Permanecerá provisionalmente en régimen ordinario.
141.- ¿Quién actuará como secretario de la Junta Económico-Administrativa?
a- El administrador.
b- Un funcionario del establecimiento designado por el Administrador.
c- Un funcionario del establecimiento designado por el Director.
d- El miembro más joven de la propia Junta Económico-Administrativa.
142.- Cuando el economato de un centro penitenciario es gestionado por el Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, mediante la fórmula de taller productivo, los beneficios generados corresponden:
a- A la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
b- Al Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
c- Deben ser ingresados en el Tesoro Público, existiendo la posibilidad de revetirle a la Institución Penitenciaria.
d- Serán distribuidos en gratificaciones a los internos y en mejoras del centro penitenciario.
143.- Si nos dicen que el disco duro de nuestro ordenador tiene 4 Gigabytes, podremos almacenar en él:
a- Algo más de 4.000.000.000 bytes u octetos.
b- Exactamente 4.000.000 de bits.
c- Exactamente 4.000.000.000.000 bits.
d- Aproximadamente 4.000.000.000 bits.
144.- Conforme a qué norma y en qué fecha se aprueban las Reglas Penitenciarias Europeas:
a- Según Recomendación (87) 3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 12 de febrero de 1987.
b- Según Resolución (73) del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 12 de febrero de 1987.
c- Según Recomendación (78) 4 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 23 de noviembre de 1978.
d- a, b y c son falsas.
145.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Constitución española, los límites de los derechos fundamentales de los internos condenados a prisión son:
a- El fallo condenatorio, la analogía y las normas de régimen interior.
b- El sentido de la pena, la costumbre y la ley penitenciaria.
c- El contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.
d- La Ley general Penitenciaria y las normas de régimen interior.
146.- Conforme al artículo 3.2 del Código Penal son fuentes del Derecho Penitenciario.
a- La ley.
b- La ley y los principios generales del derecho.
c- La ley, la costumbre y la analogía.
d- La ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
147.- Según el artículo 59 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de:
a- Los penados.
b- De los internos clasificados en segundo grado y tercer grado.
c- De los detenidos y presos.
d- Detenidos, presos y penados.
148.- En todo lo relativo a la asistencia religiosa de los internos se estará a lo establecido en:
a- Los acuerdos firmados por la Administración Penitenciaria con las diferentes confesiones religiosas.
b- Los acuerdos firmados por el Estado español con las diferentes confesiones religiosas.
c- Los tratados entre el Estado Español y la Santa Sede.
d- Los acuerdos firmados entre la Administración Penitenciaria y las Diócesis de las comunidades autónomas.
149.- Los datos de carácter personal, excepto los relativos a opiniones políticas, a convicciones religiosas o filosóficas, al origen racial y étnico, a la salud o la vida sexual, contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios, podrán ser objeto de transferencia internacional en los supuestos de:
a- Datos de carácter penal y penitenciario, y de acuerdo con lo establecido en los tratados o convenios internacionales.
b- Que lo contemplen los tratados o convenios internacionales, siendo preciso en todo caso el consentimiento del interno o su representante.
c- Prestación de auxilio judicial internacional, de acuerdo con lo establecido en los tratados o convenios en los que España sea parte.
d- Prestación de auxilio judicial internacional de acuerdo con lo establecido en los tratados o convenios internacionales.