PRIMER EJERCICIO CUERPO AYUDANTES AÑO 2004

1. Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica, ¿tienen la consideración de Administración Pública, a tenor de lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común?

a) Sí, en todo caso.

b) Sólo cuando ejerzan potestades administrativas.

c) Sí, siempre que estén vinculadas o sean dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.

d) No, ya que deben someter toda su actividad a lo que dispongan sus normas de creación.

2. Una de la siguientes no se encuentra entre las áreas funcionales establecidas en el artículo 18 del Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado:

a) Técnica, de Mantenimiento y Oficios.

b) Servicio de imprenta y artes gráficas.

c) Servicios Generales.

d) Docente y cultural.

3. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios determinados en el artículo 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; uno de los siguientes no se menciona en el precepto indicado:

a) Jerarquía.

b) Coordinación.

c) Eficiencia.

d) Desconcentración.

4. El informe emitido fuera de plazo, según lo prevenido en el párrafo segundo del artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

a) No será tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

b) Será tenido en cuenta en todo caso, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que pueda haber lugar por el retraso.

c) Podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

d) No producirá efecto alguno.

5. De conformidad con lo previsto en el Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, la sanción de suspensión de empleo y sueldo de tres meses y un día a seis meses:

a) Se puede imponer por faltas graves en todo caso.

b) No está prevista con esa duración.

c) Se puede imponer por faltas muy graves.

d) Se puede imponer por faltas graves siempre que se haya apreciado la reiteración o reincidencia completada en el artículo 81.2 del Convenio.

6. Según el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, la Presidencia del Consejo se ejercerá por rotación por cada Estado miembro en el mismo:

a) Durante un período de un año, según el orden que determine el Consejo por unanimidad.

b) Durante un período de seis meses, según un orden que determinará el Consejo por unanimidad.

c) Durante un período de un año, según el orden establecido en función del número de habitantes.

d) Durante un período de seis meses, según el orden establecido en función del número de habitantes.

7. Con relación al Tribunal Constitucional, sólo una de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) Cada sala del Tribunal Constitucional está compuesta por siete Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno.

b) El Vicepresidente del Tribunal Constitucional presidirá en la Sala Primera y, en su defecto, el Magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.

c) El Tribunal en Pleno elige de entre sus miembros por votación pública a su Presidente y propone al Rey su nombramiento.

d) El Pleno del Tribunal Constitucional está integrado por todos los Magistrados del Tribunal. Lo preside el Presidente del Tribunal y, en su defecto, el Vicepresidente y, a falta de ambos, el Magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.

8. Los representantes en el Parlamento Europeo de los pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad serán elegidos por sufragio universal directo por un período de:

a) Tres años.

b) Cuatro años.

c) Cinco años.

d) Seis años.

9. El derecho de reunión pacífica y sin armas está reconocido en el artículo 21 de la Constitución Española de 1978. La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones, según lo establecido en el párrafo primero del artículo 8 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, deberá ser comunicada por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas:

a) Con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo.

b) Con una antelación de diez días hábiles, como mínimo y treinta como máximo.

c) Con una antelación de quince días naturales, como mínimo y treinta y cinco como máximo.

d) Con una antelación de quince días hábiles, como mínimo y treinta y cinco como máximo.

10. Los ciudadanos tienen derecho a obtener copia sellada de los documentos que presenten aportándola junto con los originales. Dicha copia, previo cotejo con el original, será remitido al órgano destinatario devolviéndose el original al ciudadano. De conformidad con el artículo 38.5 de la Ley 30/1992, de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señale en qué registros de los que se señalan a continuación no está previsto que pueda realizarse el cotejo previsto antes citado:

a) En las oficinas de Correos.

b) En los órganos administrativos de la Administración General del Estado.

c) En los órganos administrativos de las Administrativos de las Comunidades Autónomas.

d) En los órganos administrativos de alguna de las Entidades que integran la Administración Local, si se hubiese suscrito el oportuno convenio.

11. Según lo estipulado en el artículo 23.1 del Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, la atribución de funciones superiores será, en todo caso:

a) Inferior a cuatro meses de duración durante un año y seis meses durante dos, computados de fecha a fecha, y se realizará atendiendo a criterios objetivos.

b) Inferior a seis meses de duración durante un año y ocho meses durante dos, computados de fecha a fecha, y se realizará atendiendo a criterios objetivos.

c) Inferior a ocho meses de duración durante un año y doce meses durante dos, computados de fecha a fecha, y se realizará atendiendo a criterios objetivos.

d) Inferior a un mes en un año, computado de fecha a fecha, y atendiendo a criterios objetivos.

12. Las retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios públicos que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual, se harán efectivas por mensualidades completas y con referencia a la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes que correspondan, salvo determinados casos, en que se liquidarán por días; uno de los siguientes no está previsto entre los mismos:

a) En el mes de toma de posesión del primer destino en un Cuerpo o Escala.

b) En el mes de reingreso al servicio activo.

c) En el mes en que se practique una deducción proporcional de retribuciones.

d) En el mes de iniciación de licencias sin derecho a retribución.

13. Con relación a las medidas provisionales previstas en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señale cual de las siguientes afirmaciones es falsa:

a) No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación.

b) Se podrán adoptar medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento administrativo.

c) Las medidas provisionales sólo se podrán adoptar de oficio.

d) Las medidas provisionales se podrán modificar durante la tramitación del procedimiento.

14.Con relación al derecho de petición, reconocido como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución Española de 1978, la declaración de inadmisibilidad, prevista en el artículo 9.1 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, será siempre motivada y deberá acordarse y notificarse al peticionario en los:

a) Cuarenta días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición .

b) Cuarenta y cinco días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.

c) Cuarenta días naturales siguientes al de presentación del escrito de petición.

d) Cuarenta y cinco días naturales siguientes al de presentación del escrito de petición.

15. El período de prueba al que estará sometido un Titulado Medio Sanitario y Asistencial de nuevo ingreso, según lo estipulado en el Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, será de:

a) Un mes, sin que se compute el tiempo de incapacidad temporal.

b) Tres meses, computándose el tiempo de incapacidad temporal.

c) Tres meses, sin que se compute el tiempo de incapacidad temporal.

d) Quince días laborables sin que se compute el tiempo de incapacidad temporal.

16. En un procedimiento administrativo selectivo o de concurrencia competitiva, el plazo de subsanación de la solicitud previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

a) No podrá ser ampliado.

b) Podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días.

c) Podrá ser ampliado prudencialmente, hasta diez días.

d) Podrá ser ampliado prudencialmente, sin que la Ley establezca límite temporal.

17. Cuando la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que la nulidad o anulabilidad de un acto administrativo no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero, se refiere a la:

a) Transmisibilidad.

b) Convalidación.

c) Conservación de actos y trámites.

d) Conversión de actos viciados.

18. No está prevista como causa de terminación del procedimiento administrativo en el artículo 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

a) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud.

b) La prescripción.

c) La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.

d) La declaración de caducidad.

19. En cumplimiento de sus cometidos, el Parlamento Europeo podrá constituir una comisión temporal de investigación para examinar alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho Comunitario, a petición de:

a) La tercera parte de sus miembros.

b) La mitad de sus miembros.

c) La mayoría absoluta de sus miembros.

d) La cuarta parte de sus miembros

20. Los funcionarios que cesen en el desempeño de los puestos de trabajo por alteración de su contenido:

a) Continuarán percibiendo, durante un plazo máximo de tres meses, las retribuciones complementarias correspondientes al puesto de procedencia aunque se les atribuya otro puesto de trabajo.

b) Se les atribuirá otro puesto correspondiente a su Cuerpo o Escala, de igual nivel al de su grado personal consolidado.

c) Tienen las mismas garantías retributivas que los funcionarios cesados en puestos de libre designación.

d) Percibirán las retribuciones complementarias correspondientes al puesto de procedencia, en tanto se les atribuya otro puesto correspondiente a su Cuerpo o Escala, durante un plazo máximo de tres meses.

21. Un funcionario del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias que se mantenga en situación de servicio activo, ¿puede ser nombrado para desempeñar un puesto de trabajo de personal eventual?

a) Sí, siempre que el nombramiento se realice conforme a los requisitos previstos para el nombramiento de personal eventual, independiente de cual sea el nivel del puesto.

b) No, sólo podría ser nombrado si pasa a la situación de servicios especiales.

c) Sí, siempre que le puesto sea de nivel 26 como máximo.

d) No, sólo podría ser nombrado si pasa a la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.

22. Potenciar la colaboración entre las unidades de información administrativa de los distintos Departamentos ministeriales mediante el mantenimiento y explotación conjunta de bases de datos, es función que el artículo 11 del Real Decreto 208/1996, de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, atribuye:

a) Al Centro de Información Administrativa.

b) A la Dirección de Modernización Administrativa.

c) A la Dirección General de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios.

d) A la Comisión Interministerial de Información Administrativa.

23. Con relación al Defensor del Pueblo nombrado por el Parlamento Europeo, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

a) Cuando el Defensor del Pueblo haya comprobado un caso de mala administración, lo pondrá en conocimiento de la institución interesada que dispondrá de un plazo de tres meses para exponer su posición al Defensor del Pueblo.

b) A petición del Tribunal de Justicia, el Parlamento Europeo podrá destituir al Defensor del Pueblo si éste dejare de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiere cometido una falta grave.

c) El Defensor del Pueblo llevará a cabo las investigaciones que considere justificadas, salvo que los hechos alegados sean o hayan sido objeto de procedimiento jurisdiccional.

d) El mandato del Defensor del Pueblo será renovable.

24. Las comisiones de servicio con derecho a indemnización, según lo determinado en el artículo 5.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio:

a) Salvo casos excepcionales, no durará más de un mes en territorio nacional y de tres en el extranjero.

b) Tendrán una duración máxima de un año, prorrogable por otro.

c) Salvo casos excepcionales, no durará más de tres meses en territorio nacional y de seis en el extranjero.

d) Tendrán una duración máxima de un año, sin posibilidad de prórroga.

25. El tiempo de servicios prestados en adscripción provisional por funcionarios cesados en puestos de libre designación:

a) Será computado como prestado en el último puesto desempeñado con carácter definitivo, si su duración es inferior a seis meses.

b) Será considerado como interrupción a efectos de consolidación de grado personal si su duración es superior a seis meses.

c) No se considerará como interrupción a efectos de consolidación de grado personal cualquiera que sea su duración.

d) Se considerará como prestado en el último puesto desempeñado si se obtiene, con carácter definitivo, un puesto del mismo nivel.

26. Autorizar las transferencias entre distintas secciones presupuestarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas corresponde:

a) Al Gobierno.

b) Al Ministro de Economía y Hacienda.

c) Al Interventor General del Estado.

d) Al titular del Departamento ministerial correspondiente.

27. La cuantía global de los anticipos de Caja Fija concedidos, no podrá exceder:

a) De 5.000 euros (831.930 pesetas), en ningún caso.

b) Del 7 por ciento del total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.

c) De 5.000 euros (831.930 pesetas), excepto los destinados a gastos de teléfono, energía eléctrica, combustibles o indemnizaciones por razón del servicio.

d) Del 5 por ciento del total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.

28. Según el artículo 153 de la Constitución Española, el control de la actividad de los Órganos de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150 de la misma, se ejercerá por:

a) El Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.

b) El Tribunal Constitucional.

c) El Tribunal de Cuentas.

d) Por la Jurisdicción contencioso-administrativa.

29. Señale cuál de las siguientes competencias no corresponde al Consejo de Ministros como órgano colegiado del Gobierno:

a) Establecer el programa político del Gobierno.

b) Acordar la negociación y firma de los Tratados internacionales, así como su aplicación provisional.

c) Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una Ley.

d) Aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales Decretos Legislativos.

30. La modificación de las Comisiones Delegadas del Gobierno será acordada por:

a) El Presidente del Gobierno mediante Real Decreto.

b) El Presidente del Gobierno mediante Orden y previa deliberación y propuesta del Consejo de Ministros.

c) El Presidente del Gobierno mediante Orden y a propuesta del Ministro de la Presidencia.

d) El Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.

31. Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por:

a) Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan.

b) Real Decreto del Presidente del Gobierno, aprobado a propuesta del Consejo de Ministros.

c) Real Decreto del Presidente del Gobierno, aprobado a propuesta del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan.

d) Acuerdo del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan.

32. Impartir a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas las instrucciones necesarias en materias de libertades públicas, en el ámbito de las competencias del Estado, corresponde al:

a) Ministro de la Presidencia.

b) Ministro de Administraciones Públicas.

c) Ministro del Interior.

d) Al Vicepresidente primero del Gobierno, si lo hubiera, o en su defecto, al Ministro de la Presidencia.

33. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias serán nombrados por:

a) Real Decreto del Presidente del Gobierno a propuesta del Consejo de Ministros.

b) Acuerdo del Consejo de Ministros a propuestas de los Delegados del Gobierno.

c) Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas.

d) Por los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.

34. De conformidad con el artículo 22.1 de la Ley 6/1997 de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas dependen:

a) De la Presidencia del Gobierno.

b) Del Ministro de Administraciones Públicas.

c) Conjuntamente y por razón de materia de los Ministros de Administraciones Públicas y del Interior.

d) Del Vicepresidente político del Gobierno, si lo hubiera, o en su defecto, del Ministro de Administraciones Públicas.

35. De conformidad con el artículo segundo, cuatro, de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, propuesto al candidato o candidatos a Defensor del Pueblo, será designado quien obtuviera una votación favorable:

a) De las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado.

b) De la mayoría simple de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado.

c) De las dos terceras partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de diez días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado.

d) De las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de treinta días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado.

36. De conformidad con el artículo quinto de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, en caso de renuncia del Defensor del Pueblo, la vacante en el cargo será declarada:

a) Por el Presidente del Gobierno.

b) Por el Presidente del Congreso de los Diputados.

c) Conjuntamente por los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado.

d) Por el Presidente de la comisión mixta.

37. El Consejo General del Poder Judicial deberá informar los anteproyectos de leyes y disposiciones generales del Estado y de las Comunidades Autónomas que afecten total o parcialmente a alguna de las materias que se señalan en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El referido Consejo General, salvo que medie urgencia en la remisión, emitirá en el plazo de:

a) Veinte días.

b) Treinta días.

c) Un mes.

d) Dos meses.

38. Señale entre los siguientes órganos directivos del Ministerio del Interior aquél que tiene rango de Subsecretario:

a) Secretario General Técnico.

b) Director General de Política Interior.

c) Director General de la Guardia Civil.

d) Director General de Protección Civil y Emergencias.

39. El grado personal podrá adquirirse también mediante la superación de cursos específicos y otros requisitos objetivos que, respecto de los funcionarios de la Administración General del Estado, se determinará por:

a) El Gobierno.

b) El Ministerio de Administraciones Públicas.

c) Conjuntamente por los Ministros de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas.

d) La Comisión Superior de Personal.

40. ¿Qué personal no aparece expresamente señalado en el ámbito de aplicación (artículo segundo) de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas?:

a) El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel.

b) El personal al servicio del Banco de España y de las instituciones financieras públicas.

c) El personal al servicio de la Administración de Justicia.

d) El personal que preste servicios en Empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50 por 100.

41. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, no podrá ejercer el desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo dependencia o al servicio de Entidades o particulares, o en los asuntos en los que esté interviniendo o haya intervenido por razón del puesto público en:

a) Los últimos seis meses.

b) El último año.

c) Los dos últimos años.

d) Los tres últimos años.

42. Cuando un funcionario sea nombrado alto cargo de una Comunidad Autónoma que no deba ser provisto necesariamente por funcionarios públicos deberá ser declarado en situación de:

a) Excedencia forzosa.

b) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el Sector Público.

c) Servicio en Comunidades Autónomas.

d) Servicios especiales.

43. Los funcionarios en la situación de expectativa de destino percibirán:

a) Sueldo, trienios (si los tuvieran acreditados), pagas extraordinarias, complemento de destino del grado personal que les corresponda, o, en su caso, el del puesto de trabajo que desempeñaban, y el 60 por 100 del complemento específico que percibieran al pasar a esta situación.

b) Sueldo, trienios (si los tuvieran acreditados), complemento de destino del grado personal que corresponda, o, en su caso, el del puesto de trabajo que desempeñaban, y el 50 por 100 del complemento específico que percibieran al pasar a esta situación.

c) Las retribuciones básicas, el complemento de destino del grado personal que corresponda, o, en su caso, del puesto de trabajo que desempeñaban y el 80 por 100 del complemento específico que percibieran al pasar a esta situación.

d) Las retribuciones básicas, el complemento de destino del grado personal que les corresponda, o, en su caso, el del puesto de trabajo que desempeñaban, y el 50 por 100 del complemento específico que percibieran al pasar a esta situación.

44. De conformidad con el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos constituye falta:

a) Muy grave.

b) Grave.

c) Muy grave o grave, en razón de la ponderación de los elementos tales como la intencionalidad, perturbación causada en el servicio y la condición de reincidente o no del funcionario infractor.

d) El enunciado no aparece tipificado como falta en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.

45. De conformidad con el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, la tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de sus subordinados constituye falta:

a) Leve.

b) Grave.

c) Grave si la tolerancia se ha producido con relación a una falta grave del subordinado y muy grave si corresponde esta tipificación a la falta cometida por el subordinado.

d) Muy grave.

46. Los funcionarios sancionados con traslado con cambio de residencia no podrán obtener nuevo destino por ningún procedimiento en la localidad desde la que fueron trasladados, durante tres años, cuando hubiere sido impuesta por falta muy grave y durante uno cuando hubiere correspondido a la comisión de una falta grave. Dicho plazo se computará:

a) Desde que se dictó la resolución sancionadora.

b) Desde que se trasladó la resolución sancionadora.

c) Desde que se notificó la resolución sancionadora.

d) Desde el momento en que se efectuó el traslado.

47. La recusación del Instructor o del Secretario de un expediente formal de corrección disciplinario seguido a un funcionario se plantearán ante la autoridad que acordó el nombramiento, quien deberá resolver en el término de:

a) Tres días.

b) Cinco días.

c) Siete días.

d) Diez días.

48. La propuesta de resolución se notificará por el Instructor al funcionario al que se sigue expediente disciplinario para que pueda alegar ante el Instructor cuanto considere conveniente a su defensa, en el plazo:

a) Veinte días.

b) Quince días.

c) Diez días.

d) Siete días.

49. Cuando se incoe expediente disciplinario a un funcionario que ha ostentado la condición de miembro de la Junta de Personal deberá notificarse la misma a la referida Junta del Personal, cuando la incoación del expediente se practique:

a) Dentro de los dos años siguientes al cese del inculpado como miembro de la Junta de Personal.

b) Dentro del año siguiente al cese del inculpado como miembro de la Junta de Personal.

c) Dentro de los nueve meses siguientes al cese del inculpado como miembro de la Junta de Personal.

d) Dentro de los seis meses siguientes al cese del inculpado como miembro de la Junta de Personal.

50. En razón de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común señale la respuesta incorrecta. Las solicitudes que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en:

a) Las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

b) Los registros de cualquier órgano administrativo de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas.

c) Los registros de cualquier órgano administrativo de las Entidades que integran la Administración Local.

d) Las Oficinas consulares de España en el extranjero.

51. De conformidad con el artículo 38.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, una vez que haya concluido el trámite de registro, los escritos estarán cursados a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes:

a) Sin dilación alguna.

b) En el término de 24 horas.

c) En el mismo día de la recepción.

d) En el término máximo de 48 horas.

52. Según la Orden de 30 de julio de 1992, por la que se dictan Instrucciones para la confección de nóminas, el alta en nómina de los funcionarios de carrera declarados excedentes forzosos, procedentes de otras situaciones, se justificará con determinada documentación; sólo uno de los siguientes se encuentra entre los exigidos:

a) Formalización de la toma de posesión en el puesto de trabajo, según modelo F2 R.

b) Acuerdo de nombramiento para el puesto de trabajo, según modelo F1.

c) Copia de la Hoja de Servicios.

d) Acuerdo de cambio de situación administrativa, según modelo F6 R.

53. ¿Quiénes están expresamente facultados para establecer en los Departamentos ministeriales un régimen de atención horaria de las oficinas de registro superior al establecido con carácter general por el Ministerio de Administraciones Públicas?

a) Los Ministros.

b) Los Subsecretarios.

c) Los Directores Generales de Servicios.

d) Los Secretarios Generales Técnicos.

54. De conformidad con el artículo 18.4 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, las sugerencias o iniciativas de los ciudadanos:

a) Podrán ser presentadas de forma anónima.

b) Se presentarán expresando necesariamente la identidad del ciudadano que las formula.

c) Se presentarán consignado necesariamente el nombre, apellidos y domicilio a efectos de notificaciones al ciudadano que las presenta.

d) Se presentarán necesariamente consignado el nombre, apellidos, Documento Nacional de Identidad del ciudadano que las presenta, indicando, asimismo, el domicilio a efecto de notificaciones.

55. De conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, las obras necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales se consideran como obras de:

a) Reparación.

b) Reforma.

c) Conservación.

d) Mantenimiento.

56. En el ámbito de extinción del contrato de obras, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, dentro del plazo de:

a) Un mes, contado a partir de la recepción.

b) Dos meses, contados a partir de la recepción.

c) Tres meses, contados a partir de la recepción.

d) Cuatro meses, contados a partir de la recepción.

57. De conformidad con lo establecido en el artículo 148 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de :

a) 12 años, a contar desde la recepción.

b) 15 años, a contar desde la recepción.

c) 20 años, a contar desde la recepción.

d) 25 años, a contar desde la recepción.

58. En el ámbito de contratos de suministro, cuando razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares que el pago del precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en al entrega de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de éstos pueda superar:

a) El 60 por 100 del precio total.

b) El 50 por 100 del precio total.

c) El 45 por 100 del precio total.

d) El 40 por 100 del precio total.

59. Las unidades departamentales de información administrativa realizarán necesariamente, entre otros cometidos de gestión interna, los de catalogación de las publicaciones informativas, que comprenden, a su vez, la emisión de informes en el proceso de elaboración de los impresos y las publicaciones de la unidad destinados al público. Estos informes serán:

a) Preceptivos y vinculantes.

b) Preceptivos y no vinculantes.

c) Facultativos y no vinculantes.

d) No existe previsión sobre la naturaleza o carácter de estos informes.

60. En el delito de acoso sexual:

a) El perdón del ofendido o del representante legal extingue las acciones penal y civil y las responsabilidades de esas clases.

b) El perdón del ofendido o del representante legal extingue la acción penal pero no la acción civil ni las responsabilidades de esas clases.

c) El perdón del ofendido o del representante legal no extingue la acción penal ni la responsabilidad de esa clase.

d) El perdón del ofendido o del representante legal extingue la acción penal pero no la responsabilidad de esa clase.

61. A efectos del delito de robo, se considerará casa habitada:

a) Todo albergue que constituya morada de más de dos personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar.

b) Todo albergue que constituya morada de más de dos personas, aunque accidentalmente se encuentren presentes en ella cuando el robo tenga lugar.

c) Todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes en ella cuando el robo tenga lugar.

d) Todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren presentes en ella cuando el robo tenga lugar.

62. Conforme a la redacción del Código Penal tras la modificación del mismo por LO 15/2003, de 25 de noviembre, las ganancias obtenidas por una persona fruto de la transmisión de bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en un delito:

a) Serán decomisadas conforme a las reglas del artículo 127 del Código Penal.

b) Serán destruidas por orden de la autoridad judicial.

c) Se entregarán a asociaciones públicas o privadas con fines rehabilitadores.

d) El ejercicio de la acción penal contra las personas responsables de este delito no tiene efectos sobre las ganancias obtenidas fruto de la actividad delictiva.

63. Conforme a la redacción del Código Penal, tras la modificación del mismo por LO 15/2003, de 25 de noviembre, el concepto de extrema gravedad para la agravación del delito de tráfico de sustancias psicotrópicas no comprende:

a) Cuando se hayan utilizado buques o aeronaves como medio de transporte específico.

b) Los casos en que la cantidad de las sustancias a que se refiere el artículo 368 del Código Penal excediere notablemente de la considerada como de notoria importancia.

c) Cuando se hayan llevado a cabo las conductas indicadas simulando operaciones de comercio entre empresas de diferentes Comunidades Autónomas.

d) Cuando concurrieren tres o más de las circunstancias previstas en el artículo 369.1 del Código Penal.

64. No incurrirán en responsabilidad criminal por delito de desobediencia:

a) Las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general.

b) Únicamente los funcionarios públicos que ocupen puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de libre designación al no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general.

c) El funcionario que se niega abiertamente a dar cumplimiento a orden de autoridad superior, dentro del ámbito de su competencia, y que no constituye infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley.

d) Únicamente los funcionarios públicos que ocupen puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso al no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general.

65. La actividad delictiva de las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público:

a) Será castigado con la misma pena que la de las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad.

b) Tendrá menores consecuencias penales que la de las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad.

c) Tendrá mayores consecuencias penales que la de las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad.

d) Esta acción no es constitutiva de delito y por ello no tiene consecuencias penales.

66. La diferencia sistemática entre el delito de prevaricación cometido por un funcionario público o cometido por Magistrado radica en:

a) La prevaricación cometida por funcionario público es un delito contra la Administración de Justicia y la cometida por Magistrado es un delito contra la Administración Pública.

b) La prevaricación cometida por un funcionario público es un delito contra la Administración Pública y la cometida por un Magistrado es un delito contra la Administración de Justicia.

c) No existe diferencia alguna, ambas conductas atentan contra la Administración Pública.

d) No existe diferencia alguna, ambas conductas atentan contra la Administración de Justicia.

67. Conforme a la redacción del Código Penal tras la modificación del mismo LO 15/2003, de 25 de noviembre, el funcionario de Instituciones Penitenciarias que solicitara sexualmente a una persona sujeta a su guarda será castigado con pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a 12 años, no obstante si mantuviere la relación sexual solicitada:

a) La práctica de dicha relación sexual no comportará responsabilidad criminal.

b) La práctica de dicha relación sexual comporta responsabilidad criminal que queda subsumida en la conducta expuesta de solicitud sexual por el funcionario.

c) Las penas expuestas se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos contra la libertad sexual efectivamente cometidos.

d) La práctica de dicha relación sexual no comporta responsabilidad si la persona solicitada está sujeta a su guarda haciendo uso del régimen de vida en semilibertad.

68. En el delito de cohecho del artículo 419 del Código Penal, el funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito requiere que la acción la realice:

a) Por sí o por persona interpuesta.

b) Únicamente por sí mismo.

c) Únicamente por persona interpuesta.

d) Conjuntamente por sí mismo y por persona interpuesta.

69. Agravará la pena del delito de atentado siempre que en la comisión del mismo concurra:

a) Que la agresión se verificará con armas u otro medio peligroso únicamente en el supuesto de que el autor del hecho se prevaliera de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.

b) Que la agresión se verificara con resistencia de funcionario público contra el que se dirige la acción.

c) Que el autor del hecho se prevaliera de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.

d) Que el autor del hecho se imputara falsamente condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.

70. En el delito de secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad:

a) Agravará la pena si el encierro o detención ha durado más de quince días y atenuará la pena si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto.

b) Agravará la pena si el encierro o detención ha durado más de tres días y atenuará la pena si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los quince primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto.

c) Agravará la pena si el encierro o detención ha durado más de tres días, con independencia de haber logrado el objeto que se había propuesto.

d) Atenuará la pena si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los quince primeros de su detención, con independencia de haber logrado el objeto que se había propuesto.

71. En el proceso penal la renuncia de la acción civil o de la penal renunciable:

a) No perjudicará más que al renunciante; pudiendo continuar el ejercicio de la penal en el estado en que se halle la causa, o ejercitarla nuevamente los demás a quienes también correspondiere.

b) Determinará la imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción civil y de la acción penal para cualquiera de las partes.

c) No produce efecto ninguno ya que las acciones penal y civil son irrenunciables.

d) Es irrelevante para la acusación particular si interviene el Ministerio Fiscal pidiendo el castigo de los culpables ya que produce la imposibilidad material de practicar la renuncia de ambas acciones.

72. La LO 15/2003, de 25 de noviembre, a propósito de la prisión provisional, establece que en los casos en que el imputado se hallara sometido a tratamiento de desintoxicación o deshabituación a sustancias estupefacientes y el ingreso en prisión pudiera frustrar el resultado de dicho tratamiento:

a) La medida de prisión provisional se verifique en su domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten necesarias.

b) La medida de prisión provisional podrá ser sustituida por el ingreso en un centro oficial o de una organización legalmente reconocida para continuación del tratamiento, siempre que los hechos objeto del procedimiento sean anteriores a su inicio.

c) La medida de prisión provisional podrá ser sustituida por el ingreso en un centro de deshabituación con independencia del momento de comisión de los hechos objeto del procedimiento.

d) Se podrá decretar la prisión provisional se cumpla en Unidad Dependiente, instalación residencial situada fuera de los recintos penitenciarios e incorporada funcionalmente a la Administración Penitenciaria.

73. Ninguna persona particular podrá detener a:

a) Quien se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena.

b) El delincuente in fraganti.

c) El condenado que estuviere en rebeldía.

d) Quien tuviere pensado practicar un delito y sin embargo no hubiere dado principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores.

74. Se podrá dictar sentencia oralmente:

a) En el denominado procedimiento ordinario por la Audiencia Provincial.

b) En el denominado procedimiento ordinario por el Juez de lo Penal.

c) En el procedimiento abreviado por el Juez de lo Penal.

d) La Ley de Enjuiciamiento Criminal únicamente contempla la posibilidad de dictar sentencias por escrito y no oralmente.

75. La interposición de los recursos de reforma, apelación y queja contra las resoluciones del Juez de Instrucción:

a) Se practicará ante el mismo Juez que hubiere dictado el auto.

b) Se practicará ante el mismo Juez que hubiere dictado el auto en el recurso de reforma y ante el Tribunal superior competente en los recursos de apelación y queja.

c) Se practicará ante el Tribunal superior competente.

d) Se practicará ante el mismo Juez que hubiere dictado el auto en los recursos de reforma y de apelación, mientras que en el recurso de queja se producirá ante el Tribunal superior competente.

76. La sentencia dictada en ausencia en el procedimiento abreviado:

a) Es susceptible de ser recurrida en anulación por el condenado, haya sido o no apelada, en el mismo plazo y con iguales requisitos y efectos que los establecidos en el recurso de apelación.

b) No es susceptible de ser recurrida en apelación, salvo que el condenado ausente haya interpuesto previamente recurso de apelación.

c) No es susceptible de recurso alguno.

d) No es susceptible de ser recurrida en apelación, salvo que el condenado ausente haya declinado la interposición del recurso de anulación.

77. El acuerdo de degeneración de la admisión del recurso de casación deberá adoptarse por:

a) 3/5 partes de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

b) Mayoría simple de los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

c) Unanimidad de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

d) La mitad más uno de los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo presentes en el momento de adoptar el acuerdo.

78. Contra la sentencia firme por la que esté sufriendo condena alguno como autor, cómplice o encubridor del homicidio de una persona cuya existencia se acredite después de la condena podrá interponerse:

a) Recurso de casación.

b) Recurso de apelación.

c) No puede interponerse recurso alguno.

d) Recurso de revisión.

79. La válida celebración de Tratados Internacionales en materia penitenciaria por España:

a) Supone su incorporación al derecho interno desde la fecha de la válida celebración.

b) No supone su incorporación al derecho interno, formando parte sólo del ordenamiento jurídico internacional.

c) Supone que forman parte del ordenamiento interno una vez hayan sido publicados oficialmente en España.

d) No supone su incorporación al derecho interno hasta la válida celebración de sufragio en el que se apruebe o no su incorporación al ordenamiento jurídico español.

80. Sin perjuicio de las competencias de la Secretaría de Estado de Seguridad, la coordinación e impulso de la política de tráfico y seguridad vial, y el ejercicio de las competencias del Ministerio del Interior sobre el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico corresponde a:

a) La Dirección General de la Guardia Civil.

b) La Dirección General de Política Interior.

c) Secretaría General de Seguridad.

d) La Subsecretaría del Interior.

81. El Derecho Penitenciario non cuenta entre sus contenidos con una de las siguientes materias:

a) La ejecución de la pena privativa de libertad.

b) El sistema de impugnación ante los órganos jurisdiccionales de las decisiones adoptadas por la Administración Penitenciaria.

c) La garantía de la presunción de inocencia en el proceso penal de los procesados por un delito.

d) El desarrollo normativo del artículo 25.2 de la Constitución española de 1978.

82. Los internos podrán ejercitar:

a) Los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, con exclusión del derecho de sufragio, salvo que fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena.

b) Los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, sin exclusión del derecho de sufragio, aún cuando fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena.

c) Los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, sin exclusión del derecho de sufragio, salvo que únicamente éste último fuese incompatible con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena.

d) Los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, sin exclusión del derecho de sufragio, salvo que fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena.

83. El incumplimiento de los deberes que la legislación penitenciaria impone a los internos:

a) No puede tener repercusión penal ni disciplinaria.

b) Tiene únicamente repercusión disciplinaria, pero no penal.

c) Tiene únicamente repercusión penal, pero no disciplinaria.

d) Puede tener repercusión penal y disciplinaria.

84. El derecho a un trabajo remunerado de los internos:

a) Es un derecho ilimitado que el interno tiene a su ingreso en prisión.

b) Es un derecho supeditado a las disponibilidades de la Administración Penitenciaria.

c) Nuestro ordenamiento jurídico no recoge este derecho para los internos.

d) Es un derecho ilimitado que el interno tiene una vez haya sido condenado.

85. La obligación de la autoridad penitenciaria de facilitar que los internos puedan respetar la alimentación de su respectiva confesión religiosa:

a) Es un derecho absoluto de los internos que no puede estar supeditado a condición alguna.

b) Es un deber inexcusable de la Autoridad Penitenciaria que sólo estaría supeditado a disponibilidades presupuestarias.

c) Es un derecho del interno supeditado a disponibilidades presupuestarias, la seguridad y vida del Centro y los derechos fundamentales del resto de internos.

d) Es un deber inexcusable de la Administración, pero en ningún caso en exclusiva de la Administración penitenciaria, que se ve obligada en función del principio de igualdad a facilitar los mismos racionados de alimentación a todos los reclusos.

86. Respecto al reconocimiento médico de los internos al ingresar en el Establecimiento Penitenciario:

a) Se practicará dentro de los cinco días siguientes al ingreso, dejándose constancia del mismo en el Libro de ingresos.

b) Se practicará durante las primeras veinticuatro horas a partir del ingreso elevando informe del mismo a los servicios sanitarios de la administración estatal, autonómica o consular, para los internos extranjeros.

c) Se practicará dentro de las veinticuatro horas a partir del ingreso elevando informe del mismo a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

d) Se practicará durante las primeras veinticuatro horas a partir del ingreso, dejándose constancia en el Libro de ingresos y en la historia clínica individual que se abre a todo interno.

87. El régimen de visitas de enfermos graves en la enfermería del Centro:

a) Será acordado por el Centro Directivo.

b) Será acordado por el mismo médico responsable.

c) Será acordado por el Director a propuesta del médico responsable.

d) Será acordado por el Centro Directivo a propuesta del Director.

88. El fomento del acceso de los penados clasificados en tercer grado y de los liberados condicionales y definitivos y de sus familiares a las rentas de inserción establecidas por las diferentes Comunidades Autónomas, así como a los restantes servicios sociales y prestaciones de las Administraciones Públicas:

a) Forma parte de la prestación de acción social penitenciaria.

b) Forma parte de la prestación social sustitutoria.

c) Forma parte del régimen de los Establecimientos Penitenciarios.

d) Forma parte del Tratamiento Penitenciario.

89. Al ingresar los internos en un Establecimiento Penitenciario, la Administración Penitenciaria les proveerá de prendas de vestir adecuadas que precisen, debiendo los internos:

a) Entregar las que porten en el momento del ingreso.

b) Abonar a cuenta el importe de dinero a que ascienda el coste de las mismas.

c) Firmar documento en el que conste la recepción de las mismas.

d) Devolver a sus familiares las prendas de vestir que portasen en el momento del ingreso.

90. La comunicación telefónica de un interno al Centro Directivo de un asunto que considere importante:

a)       Requerirá autorización del Centro Directivo.

b) Podrá realizarse libremente por tener por interlocutor telefónico a órganos de la Administración Penitenciaria.

c) Requerirá autorización del encargado del módulo en que el interno se encuentre recluido.

d) Requerirá autorización del Director.

91. El proceso de elección de internos en las Comisiones de internos de participación en actividades podrá ser suspendido:

a) Por el Centro Directivo cuando se tenga conocimiento de la existencia de irregularidades en la elección y por el Director en caso de alteración del orden.

b) Por el Consejo de Dirección en caso de alteración del orden así como cuando se tenga conocimiento de la existencia de irregularidades en la elección.

c) Por el Director en caso de alteración del orden así como cuando se tenga conocimiento de la existencia de irregularidades en la elección.

d) Por el Centro Directivo en caso de alteración del orden y por el Director cuando se tenga conocimiento de la existencia de irregularidades en la elección.

92. Proporcionar racionado en frío a los internos en las conducciones corresponde a:

a) El Establecimiento de origen.

b) El Establecimiento de destino.

c) La fuerza política conductora.

d) Corresponde al propio interno.

93. La seguridad interior de los Establecimientos Penitenciarios corresponde:

a) A los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, o, en su caso, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas.

b) A los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, o, en su caso, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y a los funcionarios de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias con arreglo a los cometidos propios de cada cuerpo.

c) A los funcionarios de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias con arreglo a los cometidos propios de cada Cuerpo.

d) A los funcionarios de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias y personal colaborador, así como, laborales penitenciarios.

94. Las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad interior de los Establecimientos, recogidas en el Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, artículo 65) son:

a) Observación de los internos, los recuentos de población reclusa y los registros, cacheos, requisas, controles e intervenciones.

b) El Reglamento Penitenciario citado en el enunciado, no enumera ninguna medida.

c) Observación de los internos, los recuentos de la población reclusa y cacheos.

d) Observación de los internos, recuentos de población reclusa, controles e intervenciones.

95. Los recuentos ordinarios y extraordinarios se practicarán de forma que se garantice su rapidez y fiabilidad, y sus resultados se reflejarán:

a) En parte escrito, suscrito por los funcionarios que los hubiesen efectuado que se dirigía al Director del Centro.

b) En parte escrito, suscrito por los funcionarios que los hubiesen efectuado, que se dirigía al Jefe de Servicios.

c) En parte escrito, suscrito por los funcionarios que los hubiesen efectuado, que se dirigía al Jefe del Centro.

d) En parte escrito, suscrito por los funcionarios que los hubiesen efectuado y el Jefe del Centro, y se dirigía al Jefe de Servicios.

96. De conformidad con la legislación vigente, todos los medios coercitivos establecidos reglamentariamente son:

a) Aislamiento provisional y las esposas.

b) El Reglamento Penitenciario no establece ?8364;œnúmeros clausus?8364;� de medidas coactivas, correspondiendo su establecimiento al Consejo de Dirección con la aprobación del Juez de Vigilancia Penitenciaria, conforme a los límites que se establecen en el artículo 72.2 del propio Reglamento Penitenciario.

c) Aislamiento provisional, defensa de goma, cacheos y las esposas.

d) Aislamiento provisional, la fuerza física personal, las defensas de goma, los aerosoles de acción adecuada y las esposas.

97. Por régimen penitenciario se entiende el conjunto de normas o medidas que persiguen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para:

a) La reeducación y reinserción social conforme con el artículo 25 de la Constitución Española.

b) La retención y custodia de los reclusos.

c) El éxito del tratamiento.

d) El éxito del tratamiento y la retención y custodia de los reclusos.

98. A solicitud del interno o por propia iniciativa, el Director podrá acordar mediante resolución motivada, cuando fuere preciso para garantizar la integridad física del interno o para salvaguardar su vida, la adopción de medidas que impliquen limitaciones regimentales:

a) Sí, pero dando cuenta al Juez de Vigilancia Penitenciaria.

b) Sí, pero dando cuenta al Juez de Vigilancia y a la Autoridad Judicial de que dependa.

c) Sí, pero dando cuenta sólo a la Autoridad Judicial de quien dependa.

d) Sí, pero dando cuenta sólo al Centro Directivo.

99. La aprobación del horario para la población reclusa que debe regir en un Centro Penitenciario corresponde a:

a) El Director poniéndolo en conocimiento del Consejo de Dirección.

b) El Consejo de Dirección.

c) La Junta de Tratamiento.

d) El Centro Directivo.

100. La permanencia de los detenidos y presos en régimen cerrado será por el tiempo necesario; en todo caso la revisión de la modalidad de vida no podrá demorarse:

a) Más de cuatro meses.

b) Más de tres meses.

c) Más de seis meses.

d) La legislación actual no establece plazo de revisión excepcional para detenidos.

101. El traslado de un penado desde un Establecimiento de régimen ordinario o abierto a un Establecimiento de régimen cerrado, o a uno de los departamentos especiales previstos en el capítulo IV del Título III del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, es competencia:

a) Del Centro Directivo mediante resolución motivada.

b) Del Juez de Vigilancia, previa propuesta del Centro directivo.

c) Del Consejo de Dirección, poniéndolo en conocimiento del Centro Directivo.

d) De la Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo técnico y autorizado por el Centro Directivo.

102. Los cacheos de los internos y registro de celdas en los departamentos especiales deberán practicarse:

a) Cuando lo ordene el Director exclusivamente.

b) Diariamente.

c) Cada ocho horas.

d) Cada cuarenta y ocho horas.

103. Conforme con el artículo 86 del Reglamento Penitenciario los internos clasificados en tercer grado deberán permanecer en el Centro un tiempo mínimo de ocho (8) horas diarias, debiendo pernoctar en el mismo, salvo cuando:

a) De modo voluntario acepten el control de su presencia fuera del Centro mediante dispositivos telemáticos adecuados.

b) Acepten el control de su presencia fuera del Centro para Organizaciones no Gubernamentales que participen en el tratamiento.

c) No se admite pernoctar fuera del Centro.

d) Acepten el control de su presencia fuera del Centro mediante medidas impuestas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

104. Las normas de organización y funcionamiento de los Establecimientos de régimen abierto, serán elaboradas:

a) Por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Centro Directivo.

b) Por el Consejo de Dirección y aprobadas por el Centro Directivo.

c) Por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Consejo de Dirección.

d) Por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

105. Con el fin de hacer la clasificación penitenciaria más flexible, la legislación permite adoptar un modelo de ejecución en el que pueden combinarse aspectos característicos de cada uno de los grados penitenciarios. No obstante, esta medida excepcional necesita:

a) La aceptación del Equipo Técnico y la puesta en conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

b) La autorización del Centro Directivo y la puesta en conocimiento de Juez sentenciador.

c) La aprobación del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

d) La aceptación voluntaria del interno y la puesta en conocimiento del Centro Directivo.

106. La resolución del Centro Directivo resolviendo sobre el mantenimiento o cambio de grado se notificará al interno y permite a éste a acudir en vía de recurso:

a) Ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

b) Ante el Juez sentenciador.

c) La resolución del Centro Directivo agotan los recursos judiciales.

d) Ante el Tribunal Constitucional.

107. Siempre que el Centro Directivo autorice la constitución de una Comunidad terapéutica, la Junta de Tratamiento que esté al frente de la misma asumirá las funciones:

a) De la Comisión Disciplinaria y la Junta Económico-Administrativa.

b) Del Consejo de Dirección y la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario, con exclusión de las que se refieran a los aspectos económico-administrativos.

c) Del Consejo de Dirección con exclusión de los que se refieren a los aspectos económico-administrativos.

d) Del Consejo de Dirección, del Equipo Técnico y la Comisión Disciplinaria con exclusión de las que se refieren a los aspectos económico-administrativos.

108. Cuando es la Administración Penitenciaria quien gestiona directamente el fondo de peculio:

a) Los intereses de la cuenta ?8364;œfondo de peculio?8364;� se ingresarán en el Tesoro Público.

b) Los intereses de la cuenta ?8364;œfondo de peculio?8364;� se destinarán al presupuesto de gastos del Centro Penitenciario en que se han generado.

c) Los intereses de la cuenta ?8364;œfondo de peculio?8364;� serán prorrateados entre todos los internos del Centro Penitenciario en que se han generado.

d) Los intereses de la cuenta ?8364;œfondo de peculio?8364;� se prorratearán entre los internos declarados indigentes del Centro Penitenciario en que se han generado.

109. El control de la actividad laboral corresponde, según el artículo 12 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio:

a) A las Juntas de Tratamiento.

b) Al Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u órgano autónomo equivalente.

c) A quien determine el Consejo de Dirección.

d) Al delegado que a estos efectos designe el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u órgano autonómico equivalente, a propuesta de la Comisión Disciplinaria.

110. Son causas de suspensión de la relación laboral según el artículo 9.1 del RD 782/2001, de 6 de julio:

a) El mutuo de acuerdo de las partes o terminación de la obra o servicio.

b) El mutuo acuerdo de las partes, maternidad o riesgo durante el embarazo, jubilación del interno o excarcelación del trabajador.

c) El mutuo acuerdo de las partes, maternidad y riesgo durante el embarazo, invalidez absoluta del trabajador o jubilación del interno.

d) El mutuo acuerdo de las partes, incapacidad temporal de los trabajadores penitenciarios, maternidad y riesgo durante el embarazo, y fuerza mayor temporal.

111. La duración de un permiso extraordinario será:

a) De hasta doce (12) horas cuando sea un penado clasificado de segundo grado, y hasta un (1) día de duración de los penados clasificados de tercer grado.

b) De hasta doce horas (12) horas, tanto para penados clasificados en segundo grado como en tercer grado.

c) Vendrá determinada por su finalidad, y no podrá exceder del límite fijado para los permisos ordinarios.

d) Vendrá determinada por su finalidad, y no tiene límite fijado.

112. Los permisos de salida regulados en la legislación penitenciaria, podrán ser concedidos a internos preventivos:

a) Sí, previa aprobación del Juez de Vigilancia Penitenciaria y de la Autoridad Judicial correspondiente.

b) Sí, previa aprobación de la Autoridad Judicial correspondiente.

c) Sí, previa autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

d) Sí, previa autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria y la autorización de la Junta de Tratamiento.

113. Cuando antes de iniciarse el disfrute de un permiso ordinario o extraordinario, se produzcan hechos que modifiquen las circunstancias que propiciaron la concesión:

a) La Dirección revocará motivadamente el permiso poniéndolo en conocimiento de la Autoridad administrativa o judicial competente.

b) La Junta de Tratamiento podrá suspender motivadamente con carácter provisional el permiso, poniéndolo en conocimiento de la Autoridad administrativa o judicial competente.

c) El equipo técnico propondrá a la Junta de Tratamiento la suspensión del permiso, motivada y provisionalmente, poniéndolo en conocimiento de la Autoridad administrativa y judicial.

d) La Dirección podrá suspender motivadamente con carácter provisional el permiso, poniéndolo en conocimiento de la Autoridad administrativa o judicial competente.

114. Conforme a la legislación vigente la medida de expulsión se aplica:

a) A las penas privativas de libertad inferiores a seis (6) años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España, que podrán ser sustituidas en Sentencia por expulsión del territorio español.

b) A las penas privativas de libertad inferiores a seis (6) años impuestas a un extranjero residente legalmente en España, que será sustituida en Sentencia por expulsión del territorio español.

c) A las penas privativas de libertad inferiores a cinco (5) años impuesta a un extranjero residente legalmente en España que podrá ser sustituida en la Sentencia por su expulsión del territorio español.

d) A las penas privativas de libertad inferiores a seis (6) años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España que serán sustituidas en Sentencia por la expulsión del territorio español.

115. Los beneficios penitenciarios que regula el Real Decreto 190/96, de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario son, según el artículo 202:

a) La libertad condicionada y el indulto particular.

b) La libertad condicional.

c) El adelantamiento de la libertad condicional y el indulto particular.

d) El indulto particular y los permisos de salida.

116. El seguimiento y control de los liberados condicionales hasta el cumplimiento total de la condena o, en su caso, hasta la revocación de la libertad condicional, se efectuará:

a) Por los Servicios Sociales que determine el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

b) Por los Servicios Sociales penitenciarios del Centro al que hayan sido adscritos.

c) Por los Servicios Sociales o expertos que determine el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

d) Por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario al que hayan sido adscritos.

117. No podrán ser destinados a Departamentos mixtos:

a) Los internos condenados por delitos contra las personas o contra la libertad sexual.

b) Los internos condenados por delitos contra las personas, contra la libertad sexual o contra los derechos y deberes familiares.

c) Los internos condenados por delitos contra la libertad sexual o contra los derechos y deberes familiares.

d) Los internos condenados por delitos contra la libertad sexual.

118. Conforme con la Legislación Penitenciaria se considerarán jóvenes:

a) A los internos menores de veintiún (21) años y, excepcionalmente los que no hayan alcanzado los veinticinco (25) años de edad.

b) A los internos menores de veintiún (21) años y, excepcionalmente los que no hayan alcanzado los veintitrés (23) años de edad.

c) A los internos menores de diecinueve (19) años y, excepcionalmente los que no hayan alcanzado los veintiún (21) años de edad.

d) A los internos menores de dieciocho (18) años y, excepcionalmente los que no hayan alcanzado los veintiún (21) años de edad.

119. Según el artículo 187.1 del actual Reglamento Penitenciario, la situación personal del paciente ingresado en un Establecimiento o Unidad Psiquiátrica, será revisada al menos:

a) Cada seis (6) meses por el Equipo Multidisciplinar.

b) Cada tres (3) meses por el Equipo Multidisciplinar.

c) Conforme establezca la Sentencia que determina la medida de seguridad privativa de libertad.

d) Conforme establezca el Auto del Juez de Vigilancia Penitenciaria que fija la medida de seguridad privativa de libertad.

120. Conforme a los artículos 240 y siguientes del Reglamento Penitenciario vigente el nombramiento del instructor del expediente disciplinario lo realiza:

a) El Director nombra al funcionario que estime conveniente, excluyendo al que haya practicado la información previa y a los que estén implicados en los hechos.

b) El Consejo de Dirección nombra al funcionario que estime conveniente, excluyendo al que haya practicado la información previa y a los que estén implicados en los hechos.

c) La Comisión disciplinaria elige entre sus miembros a su funcionario que se encargará de la instrucción del expediente disciplinario.

d) La Comisión disciplinaria nombra al funcionario que estime conveniente, excluyendo al que haya realizado la información previa y a los que estén implicados en los hechos.

121. El ámbito de aplicación del régimen disciplinario, conforme al Reglamento Penitenciario es:

a) A todos los internos con independencia de su situación procesal y penitenciaria, tanto dentro de los Centros Penitenciarios, como durante los traslados, conducciones o salidas autorizadas.

b) A todos los internos, excepto los ingresados en Unidades Psiquiátricas, con independencia de su situación procesal y penitenciaria, tanto dentro de los Centros Penitenciarios como durante los traslados, conducciones o salidas autorizadas.

c) A todos los internos, excepto a los ingresados en Unidades Dependientes y Unidades de Madres, con independencia de su situación procesal y penitenciaria, tanto dentro de los Centros Penitenciarios, como durante los traslados, conducciones o salidas autorizadas.

d) A todos los internos, con independencia de su situación procesal y penitenciaria, tanto dentro del Centro Penitenciario como durante traslados y conducciones.

122. La notificación del acuerdo sancionador contendrá indicación del recurso por escrito que cabe interponer ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria dentro de los:

a) Tres (3) días hábiles siguientes a las mismas.

b) Cinco (5) días naturales siguientes a la misma.

c) Cinco (5) días hábiles siguientes a la misma.

d) Tres (3) días naturales siguientes a la misma.

123. El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria tiene las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en relación con los delitos competencia de:

a) Audiencias Provinciales y Territoriales.

b) Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.

c) Tribunales de lo Contencioso-Administrativo.

d) Audiencia Nacional.

124. Conforme a la Ley Orgánica General Penitenciaria corresponde especialmente al Juez de Vigilancia Penitenciaria:

a) Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a cinco (5) días.

b) Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a siete (7) días.

c) Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a doce (12) días.

d) Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce (14) días.

125. Los miembros de los órganos colegiados de los Establecimientos Penitenciarios en su participación en las sesiones de los mismos:

a) No podrán abstenerse en las votaciones, aunque podrán formular votos particulares que se incorporarán al acuerdo adoptado.

b) Podrán abstenerse en las votaciones, formulando votos particulares que se incorporarán al acuerdo adoptado.

c) Podrán abstenerse de las votaciones en los puestos legales y Reglamentarios establecidos.

d) No podrán abstenerse en las votaciones ni formular votos particulares.

126. Según el artículo 269.1. 2ª del Reglamento Penitenciario en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, y en general, cuando concurra alguna causa justificada, el régimen de sustituciones del Secretario de los órganos colegiados de los Centros Penitenciarios, será:

a) Sustituido por el miembro de menor jerarquía, antigüedad y edad.

b) Sustituido por el funcionario de menor edad del Centro Penitenciario.

c) Sustituido por el funcionario designado por el Presidente, entre los destinados en el Establecimiento.

d) Sustituido por el funcionario designado por los vocales del Órgano colegiado, entre los destinados en el Establecimiento.

127. Fijar los días en que puedan comunicar los internos y establecer los horarios de las comunicaciones especiales y de recepción y recogida de paquetes y encargos, así como de los recuentos ordinarios, es una función de:

a) La Comisión disciplinaria.

b) El Director.

c) El Consejo de Dirección.

d) De ningún Órgano de los anteriores al venir determinado por el Reglamento Penitenciario.

128. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del Director, el Centro Directivo designará su suplente entre:

a) Los Subdirectores y Jefes de Servicios del Centro Penitenciario.

b) Entre los Subdirectores, excepto el Subdirector Médico o Jefe de los Servicios sanitarios.

c) El Centro Directivo puede designar a cualquier funcionario de Instituciones Penitenciarias que estime conveniente.

d) Los Subdirectores del Centro Penitenciario.

129. El principio de garantía judicial supone:

a) Que no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales.

b) Que no será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetración.

c) Que no será castigada ninguna sanción u omisión que no esté prevista como delito o falta por Ley anterior a su perpetración.

d) Que las Leyes penales no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando beneficien al reo.

130. Conforme al principio de legalidad, en nuestro Ordenamiento Jurídico, es fuente inmediata de Derecho Penal:

a) La Ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

b) La Ley.

c) La Ley y los principios generales del derecho.

d) La Ley, la costumbre y la Jurisprudencia.

131. La Constitución Española garantiza sobre la vigencia temporal de la Ley Penal:

a) La irretroactividad de la Ley Penal.

b) La retroactividad de la Ley Penal.

c) La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, permitiendo la retroactividad de las Leyes penales que sean favorables.

d) La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables, permitiendo la retroactividad de las Leyes Penales que no sean favorables.

132. La competencia de la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros, tales como delito de genocidio, terrorismo, fuera del territorio nacional es:

a) Una excepción al principio de temporalidad.

b) Una excepción al principio de territorialidad.

c) Una excepción al principio de retroactividad.

d) Una excepción al principio de especialidad.

133. El prevalerse del carácter público, la persona, para la comisión por acción u omisión de un delito o falta, es:

a) Una circunstancia que agrava la responsabilidad criminal.

b) Una circunstancia mixta que atenúa la responsabilidad criminal.

c) Una circunstancia que atenúa la responsabilidad criminal.

d) La legislación penal no la tipifica ni como agravante ni como atenuante de la responsabilidad criminal.

134. A efectos penales se considerará funcionario público, todo:

a) El que por disposición inmediata de la Ley participe en el ejercicio de funciones públicas.

b) El que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.

c) El que por disposición inmediata de la Ley o por cuenta propia o ajena, participe en el ejercicio de funciones públicas.

d) El que por elección directa o representativa participe en el ejercicio de funciones públicas.

135. El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, es una causa que:

a) Agrava la responsabilidad criminal.

b) Exime de responsabilidad criminal.

c) Atenúa la responsabilidad criminal.

d) Es una circunstancia mixta.

136. Conforme a la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, son penas privativas de libertad:

a) La prisión, la localización permanente, los arrestos de fin de semana y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.

b) La prisión, los arrestos de fin de semana y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.

c) La prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.

d) La prisión, la localización permanente y los arrestos de fin de semana.

137. Conforme con la legislación penal, son cómplices:

a) Sólo los que cooperen a la ejecución de un acto anterior sin el cual no se habría efectuado.

b) Los que cooperen a la ejecución de un hecho con actos posteriores.

c) Los que cooperen a la ejecución de un hecho con actos anteriores o simultáneos.

d) Los que cooperen por medio de otro del que se sirven de instrumento.

138. Los trabajos en beneficio de la comunidad, son conforme con la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre:

a) Una medida cautelar de naturaleza penal.

b) Una pena privativa de derechos.

c) Una pena privativa de libertad.

d) No existe en nuestro Ordenamiento Jurídico ni como pena, ni como medida cautelar de naturaleza penal.

139. Acordada en sentencia la expulsión del territorio nacional como sustitución de la pena privativa de libertad, el extranjero no residente legalmente en España no podrá regresar al territorio en un plazo de:

a) De quince (15) años.

b) De diez (10) años.

c) De veinte (20) años.

d) Se determinará en Sentencia conforme con la naturaleza del delito.

140. En los casos de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, el Juez o Tribunal ordenará:

a) El cumplimiento de la pena que se abonará para el cumplimiento de la medida.

b) El cumplimiento de la pena y posteriormente el cumplimiento de la medida.

c) El cumplimiento de la medida y simultáneamente el de la pena.

d) El cumplimiento de la medida que se abonará para el de la pena.

141. Conforme a la legislación penal, la responsabilidad civil comprende:

a) La restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales.

b) La restitución, la reparación del daño y la multa.

c) La reparación del daño, la indemnización por perjuicios materiales y la multa.

d) La restitución, la indemnización por perjuicios morales y la multa.

142. Las penas impuestas por los delitos de lesa humanidad y de genocidio, y por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, prescriben conforme con la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre:

a) A los treinta (30) años.

b) A los treinta y cinco (35) años.

c) No prescriben en ningún caso.

d) El Código Penal no distingue estos tipos de delitos.

143. El servicio de Estadística en un Centro Penitenciario, se llevará:

a) En la Oficina de Dirección.

b) En la Oficina de Régimen.

c) En la Oficina de Identificación.

d) En la Oficina que designe el Director.

144. Conforme se establece en el artículo 194 del Reglamento Penitenciario de 1996:

a) Será la Oficina de Régimen quien inicie la tramitación de los Expedientes de Libertad Condicional.

b) Será la Junta de Tratamiento quien inicie la tramitación de los Expedientes de Libertad Condicional.

c) Será el Equipo Técnico quien inicie la tramitación de los Expedientes de Libertad Condicional.

d) Será el Consejo de Dirección quien inicie la tramitación de los Expedientes de Libertad Condicional.

145. Si una persona ingresa por segunda vez en un Centro Penitenciario:

a) No se le abrirá nuevo Expediente Personal.

b) Se le abrirá nuevo Expediente Personal en todo caso.

c) Se le abrirá nuevo Expediente Personal, si han transcurrido más de 5 años desde que fue puesto en libertad.

d) Si con anterioridad estuvo en calidad de preventivo, debe abrirse nuevo Expediente Personal.

146. Si en un Centro Penitenciario, no ha habido ingresos en un mes determinado, la Oficina de Identificación:

a) No debe realizar ningún cometido específico al respecto.

b) Debe informar por escrito al Director.

c) Debe remitir al Centro Directivo, comunicación de no haberse producido ingresos, dentro de los primeros 15 días del mes siguiente.

d) Debe remitir al Centro Directivo, comunicación de no haberse producido ingresos, entre los días 1 y 10 del mes siguiente.

147. Si un interno se declara en huelga de hambre, y manifiesta por escrito que su racionado alimenticio se entregue a su compañero P.R.M.:

a) Deberá respetarse la voluntad del interno, puesto que tiene derecho a disponer de su racionado alimenticio.

b) No podrá destinarse el racionado al interno P.R.M., puesto que lo que procede es abonar en la cuenta de peculio del interno en huelga de hambre, el importe de dicho racionado.

c) No se confeccionará por el servicio de cocina su racionado, puesto que al estar en huelga de hambre el interno, para contabilizar el número de racionados a elaborar, deberá tenerse en cuenta esta circunstancia.

d) La ración alimenticia no debe ser destinada a P.R.M., sino que quedará en beneficio de los internos en general.

148. El funcionario encargado de la Unidad de Servicio de Ingresos y Salidas, antes de la entrega de los internos que sean trasladados a otro Centro Penitenciario:

a) Procederá al registro personal de los internos y de los efectos que lleven consigo.

b) No tiene que registrar a los internos que sean trasladados, puesto que dicho registro se practicará en el Centro Penitenciario de destino, al producirse el ingreso.

c) Registrará a los internos clasificados en primer grado de tratamiento. El resto de internos serán registrados en el Centro de destino.

d) Registrará a los internos, si así se lo ordena el Jefe de Servicios, según los casos.

149. Evitar que en las proximidades de la puerta principal de acceso al interior del Centro Penitenciario, se formen grupos de personas que dificulten el normal acceso al interior, es una obligación de:

a) El funcionario encargado del servicio de comunicaciones y visitas.

b) El funcionario encargado del servicio de ingresos y salidas.

c) El funcionario encargado del servicio de información al exterior.

d) El funcionario encargado de la Unidad de servicio de acceso.

150. Los servicios de Economato, de Cafetería y de Cocina, podrán ser gestionados en los Centros Penitenciarios:

a) Sólo por el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo o por Empresas externas adjudicatarias por contrato administrativo de servicios.

b) Sólo por la propia Administración Penitenciaria.

c) Sólo por el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo o por la propia Administración Penitenciaria.

d) Sólo por el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo; por la propia Administración Penitenciaria y por empresas externas adjudicatarias por contrato administrativo de servicios.